Para la Fiscalía, el abogado Álvaro Dávila Peña lesionó la administración pública al tomar funciones de los servidores públicos y no obrar con pulcritud, imparcialidad, transparencia y moralidad en su gestión.
Y es que la Fiscalía, durante el desarrollo del juicio, dijo que el abogado en su labor de consultor profesional de empresas nacionales e internacionales, y su cercanía con el exalcalde Samuel Moreno y el excongresista Iván Moreno, le habrían permitido interferir en la administración del Gobierno Distrital. De acuerdo con la investigación, Dávila Peña estructuró negocios, elaboró contratos de prestación de servicios y pactó comisiones de éxito destinados a los hermanos Moreno Rojas y otros funcionarios.
La Fiscalía investigó los contratos de malla vial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 071 y 072 de 2008, y los contratos de interventoría 091 y 093 de 2008. Respecto a los dos primeros, el fiscal del caso señaló inconvenientes con el manejo de los dineros del anticipo, baja ejecución en los frentes de obra, multas, entre otras irregularidades.
El ente investigador dice que entre 2007 y 2010 Álvaro Dávila Peña, los contratistas Emilio José Tapia Aldana y Héctor Julio Gómez González, así como los mencionados hermanos, habrían acordado la apropiación de recursos del erario capitalino. La Fiscalía tiene en su poder pruebas de encuentros en las oficinas del abogado a las que acudieron, además de los contratistas, Miguel y Guido Nule, y el ingeniero Mauricio Galofre Amín.