Luego de la petición del procurador Fernando Carrillo a la Superintendencia de Salud para que la EPS Medimás sea intervenida, tras las supuestas fallas administrativas, financieras y en los servicios de salud para sus más de 4 millones de usuarios, todavía no habría elementos suficientes para esta medida.
Primero, porque los resultados de la auditoría de la Contraloría no contienen hallazgos fiscales. El ente de control detalló supuestas irregularidades en asuntos administrativos referentes a la legalización de anticipos y la documentación adecuada de contratos.
Según el ente de control, Medimás habría realizado giros por $718.623 millones que estaban destinados a la prestación del servicio de salud de sus afiliados, a favor de diferentes proveedores médicos sin la existencia de los soportes legales.
Sin embargo, lo que sí llama la atención es la discusión legal, sobre los límites de integración vertical y el cumplimiento estricto del contrato de venta. Pero, este punto, tampoco justificaría una intervención, según expertos del gremio de las EPS consultados.
En este sentido, Luis Fernando Cruz, superintendente de Salud, aseguró el pasado viernes que, gran parte de las cifras entregadas por los organismos de control, fueron suministradas por la misma Superintendencia.
Agregó que desde la entidad se ha actuado en defensa de los derechos de los usuarios, por lo que a finales 2017, se impusieron dos sanciones: una de alrededor de $1.100 millones y otra que está en primera instancia por $2.300 millones.
Entre tanto, el funcionario indicó que Medimás está “bajo medida de vigilancia especial, se instaló un contralor, quien se ha encargado de hacer la vigilancia desde dentro de la EPS”.