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Fiscalía formaliza pedido de expropiar acciones Inassa en Triple A

La empresa Triple A de Barranquilla que están bajo embargo cautelar desde el pasado 4 de octubre y la demanda fue ordenada por el Fiscal 36 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio

Judiciales - Nacional
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Esta medida fue tomada por la Fiscalía al cumplirse los seis meses de plazo que otorga la ley.

Bogotá (EFE).- La Fiscalía formalizó la demanda con fines de expropiación de las acciones de la sociedad española Inassa en la empresa Triple A de Barranquilla que están bajo embargo cautelar desde el pasado 4 de octubre.

La demanda fue ordenada por el Fiscal 36 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y radicada en el despacho del juez penal Ower Gerardo Quiñonez Gaona, de Barranquilla, "para que proceda a dar el trámite correspondiente".

Esta medida fue tomada por la Fiscalía al cumplirse los seis meses de plazo que otorga la ley para formalizar el pedido de expropiación de las acciones de Inassa en Triple A.
La petición del fiscal consta de varios folios que, según dijeron fuentes de la Fiscalía a Efe, no pueden hacerse públicos porque constituyen reserva del sumario.

El proceso comenzó el 4 de octubre de 2018 cuando la Fiscalía anunció el embargo con fines de extinción de dominio, de acciones por 202.000 millones de pesos (unos 67 millones de dólares) de Inassa en Triple A, empresa que maneja los servicios públicos de Barranquilla, principal ciudad del Caribe colombiano, y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles.

Dichas acciones corresponden al 82 % del capital de Triple A, que está participada por Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.

El pasado 21 de marzo la agencia de calificación de riesgos Moody's había advertido que la clasificación crediticia de Canal de Isabel II estaba a la espera de la decisión que tomara hoy la Fiscalía colombiana. 

Según anunció hace seis meses la Fiscalía, en las pruebas que reposan en el expediente se relacionan hechos ocurridos desde el 2000 hasta 2017 en el que se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica", que habrían causado un detrimento patrimonial cercano a los 236.853 millones de pesos (unos 78 millones de dólares) a Triple A.