Las actividades académicas y administrativas de la institución, se encuentran temporalmente suspendidas por decisión unánime de las diferentes asociaciones sindicales de docentes, debido al incumplimiento de los pagos de las obligaciones que por Ley le corresponden al gobierno departamental.
Las agremiaciones decidieron suspender son: las actividades son Aspu y Sinproedujira y de administrativos (Sintraunicol) y la organización que aglutina a los estudiantes; porque el departamento no ha pagado los aportes obligatorios de ley 30 de 1992 de la vigencia 2016, el pago de matrículas por concepto de subsidio a la gratuidad de la educación superior del departamento, según las ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008, así como la Indexación de los recursos de ley 30 de 1992, aportes dejados de presupuestar y pagar en años anteriores.
Esta carencia de dinero, ha imposibilitado que la universidad oportunamente pague los salarios, prestaciones sociales y seguridad social por más de cuatro meses a docentes catedráticos y ocasionales; honorarios a OPS y tutores de formación técnica y proveedores entre otros, generándose el caos y la desesperanza en nuestra población docente y administrativa con efectos directo en la calidad, oportunidad y pertinencia de la educación impartida.
Las autoridades de la universidad, han agotado todas las vías de cobro amigable, persuasivo y coactivo (embargos), al gobierno departamental, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos a dichos requerimientos; por el contrario, se han recibido manifestaciones de incapacidad para pagar las sumas adeudadas.
La otra perspectiva del problema financiero de la Universidad, tiene que ver con la sostenibilidad futura y garantía de permanecer abierta en su proceso de crecimiento y desarrollo, dado que el departamento, escudado en la centralización de las regalías por parte del gobierno nacional, se declara en quiebra e imposibilitado para seguir atendiendo sus responsabilidades con la Universidad de La Guajira, no incluyendo las apropiaciones presupuestales suficientes para realizar los giros por los conceptos antes mencionados.
Como están las cosas planteadas se viene un escenario de incertidumbre financiera y administrativa con posible cierre definitivo de la universidad por falta de recursos para su funcionamiento. Otro escenario es el de permanecer abierta pero sin subsidio a la matricula lo que traería consigo una alta deserción estudiantil porque los padres de familia no tendrían como afrontar el pago de matrícula plena, ya que en su gran mayoría pertenecen a los estratos más bajos de la población.
En ese orden de ideas, los miembros de los consejos Superior y Académico, así como la rectoría de la Universidad, atendiendo su competencia y responsabilidad legal de mantener la normalidad y armonía institucional, continúan haciendo esfuerzos y gestiones ante el gobierno nacional para encontrar alternativas de solución; pero también respetando el derecho a la justa protesta de los estamentos universitarios.