Esta denuncia es la segunda de cuatro que han hecho los concejales, Rafael Pérez Nieves, Nubia Socarras y Aloima Miranda.
El nombramiento de Grisela Monrroy Hernández por parte de Alba Lucia Marín Villada, como secretaria de Educación del Distrito de Riohacha, ha causado revuelo en el Concejo de la ciudad, ya que varios funcionarios de esa corporación, aseguran que dicha posesión representa una extralimitación de funciones.
Según los coadministradores del Distrito, el Conpes 3883, nace mediante el decreto 028 de 2008 para nombrar un administrador temporal para la medida correctiva, el cual tendrá su grupo de colaboradores como asesores, asistentes, líderes de la administración temporal, pero allí no se dan facultades para crear nuevos cargos en las dependencias distritales, función correspondiente solo al Concejo distrital.
En ese sentido, se denota una presunta irregularidad de Marín Villada en nombrar a Monroy Hernández, violentando el artículo 91, numeral 4 de la ley 136 de 1994. Esta es la segunda denuncia que se evidencia a través de este medio.
El artículo 91, el cual fue modificado por el artículo 29, Ley 1551 de 2012, precisa que los alcaldes ejercerán funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fuesen delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.
En el inciso D, manifiesta que la primera autoridad tiene la facultad de crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias y señalarles funciones. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
De acuerdo a la resolución 010 de 2017, en la que se nombra a Grisela Monroy gerente de la secretaría de educación del Distrito de Riohacha, "se ve claramente que no se está nombrando un gerente de la administración temporal, sino un gerente de la secretaría de educación distrital, cargo inexistente", explica el concejal de Riohacha Rafael Hidalgo Pérez Nieves.
Esta denuncia es la segunda de cuatro que han hecho los concejales, Rafael Pérez Nieves, Nubia Socarras y Aloima Miranda, con el fin de poner en conocimiento de las autoridades como la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía, este hecho que se habría cometido en el año 2017.