Si alguien no ha entendido cómo se comportarán las Farc una vez participen de la vida democrática del país, debería analizar la intención de sus líderes de desconocer el resultado del plebiscito y seguir adelante con lo pactado sin cambiarle una coma. En palabras de ‘Timochenko’, “el plebiscito no tiene efecto jurídico alguno, el efecto es político”.
Para las Farc, el acuerdo final está firmado y radicado en Suiza, y es inmodificable sin importar lo que los colombianos hayan decidido en las urnas, posición que ha sido respaldada por miembros del Gobierno como la canciller Holguín, quien afirmó que solo las Farc pueden decidir si se reabren las negociaciones o no. ¿Qué tal?
Entendamos que las Farc acaban de participar en los primeros comicios electorales de su vida democrática y los perdieron, con el agravante de que han sido reticentes para reconocerlo, lo que no es un buen augurio de respeto por la democracia en el futuro. Y en esa posición de desconocimiento de los resultados las acompaña el otro gran perdedor, su socio, el presidente Santos, así como los sectores de izquierda en general.
En efecto, al día siguiente del plebiscito, el partido de la U —el de Santos—, presentó ante la Corte Constitucional la solicitud de repetirlo en razón a las dificultades que algunas personas tuvieron para votar en la costa Atlántica por culpa del huracán Matthew, una argucia que de provenir de la oposición, sería rechazada tajantemente y sus promotores acusados, cuando menos, de malos perdedores. A su vez, un ciudadano presentó ante la misma Corte una petición que planteaba anular el plebiscito y darle validez plena al acuerdo final, a lo que el Alto Tribunal no se ha pronunciado. Igualmente, jóvenes universitarios tratan de presionar organizando marchas no para mejorar el acuerdo sino para ‘salvarlo’, lo que implicaría desconocer la voluntad popular expresada en los comicios.
Hasta un expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, ha lanzado una idea extravagante para saltarse la decisión mayoritaria y soberana. Él dice que en cada municipio de Colombia, con la firma del cinco por mil del censo electoral, se puede solicitar el cabildo abierto, un mecanismo de participación popular que sirve para exponer la opinión de las personas. Según Cifuentes, allí todos podrían reafirmar su adhesión y hacer los ajustes del caso. Suena bien para un manicomio.
Lamentablemente, unas malhadadas declaraciones del gerente de la campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, han motivado a algunos a exigir la anulación del plebiscito por supuesto engaño y constreñimiento a los electores. No podemos estar más que en contra de Vélez cuando dice que se recurrió a tergiversaciones y a tratar de que la gente fuera a “votar verraca”. Si algo hicieron Uribe y sus compañeros fue apelar a los argumentos y demostrar los inconvenientes del acuerdo final documento en mano. Puede ser que las advertencias generaran miedo, pero no se ve en qué manera se buscó explotar la rabia de los partidarios del No, que siempre se mostraron tranquilos y hasta un poco desanimados. Lo de Vélez es deplorable.
Para rematar, no se puede posar de diplomáticos y fingir que el Nobel para Santos no es un irrespeto a la voluntad popular y una intromisión en asuntos soberanos. Medios extranjeros coinciden en que fue prematuro. Una vez consolidado el proceso, habría sido un galardón inobjetable, pero se lo confieren ahora para darle oxígeno a él y a ese acuerdo que fue rechazado por los colombianos.
No nos equivoquemos, Santos y las Farc quieren desconocer el veredicto de las mayorías. El acuerdo murió y hay que renegociar o hacer otro. Si este adefesio tardó cuatro años, no se puede pedir una solución en quince días. El nuevo acuerdo tendrá que supeditarse a la desmovilización y la reinserción, con generosidad, pero sin excesos. Eso demostrará si las Farc, en realidad, quieren la paz.