Algunos piensan que es un paso atrás y otros adelante, dependiendo de los intereses personales y económicos. La decisión del presidente norteamericano Donald Trump de restablecer algunas restricciones económicas y de viajes de Estados Unidos a Cuba —que habían sido levantadas por el deshielo de las relaciones bilaterales durante el gobierno de Barack Obama— desafiando al gobierno de Raúl Castro a negociar un mejor trato para los cubanos y los cubano-estadounidenses, ha sido interpretada de diversas formas.
Los cubanos la han tildado como un retroceso, los nativos y de ese país y residentes en los Estados Unidos, están divididos por sus interés; pero, tras anunciar la reversión de la apertura diplomática durante un discurso en Miami, el mandatario norteamericano dijo que Cuba había obtenido demasiadas concesiones de Estados Unidos por un acuerdo equivocado, pero que ahora esos días han terminado.
En La Habana, las nuevas disposiciones de Trump fueron contestadas en un sobrio comunicado por parte del gobierno, que rechazó la retórica hostil del mandatario estadounidense y reiteró su interés de un diálogo respetuoso. Parece que se volvió al mismo tema de cerrar la isla a la democracia.
El gobierno de Raúl Castro interpreta esta nueva situación como la forma de recurrir a métodos coercitivos del pasado, al adoptar medidas de recrudecimiento del bloqueo, en vigor desde febrero de 1962. Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso, porque si no viene por parte del mismo gobierno no se implemente y no se apoya.
Las sanciones sobre Cuba permanecerían vigentes hasta que el gobierno isleño libere a los presos políticos, deje de abusar de los disidentes y respete la libertad de expresión, ya que Estados Unidos siempre ha rechazado a los opresores del pueblo cubano.
Aunque el anuncio no es una regresión total del acercamiento a Cuba, apunta a los viajes y el acercamiento económico entre los dos países, que floreció en el corto tiempo desde que restauraron sus relaciones. El objetivo es detener el flujo de efectivo estadounidense a los servicios militares y de seguridad del país, en un intento por aumentar la presión sobre el gobierno cubano.
Las embajadas en La Habana y Washington permanecerán abiertas. Las aerolíneas de Estados Unidos y los cruceros seguirán autorizados a viajar a la isla, mientras que la política de “pies mojados, pies secos” —que permitía que la mayoría de los inmigrantes cubanos que llegaran a Estados Unidos permanecieran en el país y al final se convirtieran en residentes permanentes legales, algo a lo que puso fin Obama— no será restablecida. Tampoco se cortará el envío de remesas a Cuba.
Sin embargo, los viajes individuales de estadounidenses a Cuba, permitidos por Obama por primera vez en décadas, estarán prohibidos de nuevo. El gobierno de Estados Unidos supervisará otros viajes para asegurarse de que los viajeros están llevando a cabo actividades de intercambio educativo a horario completo. Todas estas medidas se describen como un esfuerzo para aumentar la presión para crear una Cuba libre después de más de medio siglo de comunismo.
Al restringir los viajes individuales de estadounidenses a Cuba, la nueva política también conlleva el riesgo de restringir una importante fuente de ingresos para el sector privado de la isla, al que la medida pretende apoyar. Los detractores afirman que los cambios solo perjudicarán a los ciudadanos cubanos que trabajan en el sector privado y que dependen del turismo estadounidense para ayudar a proveer a sus familias. Quienes están a favor de la medida expresaron su gratitud al énfasis de Trump en el tema de los derechos humanos en Cuba.
En diciembre de 2014, Obama anunció que él y el líder cubano Raúl Castro restauraban las relaciones diplomáticas entre ambas naciones bajo el argumento de que la política a la que Estados Unidos se apegó durante décadas no pudo generar un cambio y que era momento de intentar una nueva postura.
Estados Unidos rompió relaciones con Cuba en 1961 después de la revolución que encabezó Fidel Castro y pasó las siguientes décadas intentando destronar al gobierno cubano o aislando a la isla, lo que incluyó un severo embargo económico impuesto en primera instancia por el presidente Dwight D. Eisenhower.
El embargo aún está vigente y no sufrirá cambios por las políticas de Trump. Solo puede ser levantado por el Congreso de Estados Unidos y los legisladores, en especial aquellos de ascendencia cubana como el senador republicano de Florida Marco Rubio, no han mostrado interés en hacerlo.