Las divergencias sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc tras el adiós a las armas de esa guerrilla marcaron el debate político en Colombia este año y lo seguirán haciendo en la campaña electoral de 2018.
Con la firma del acuerdo, el 24 de noviembre de 2016, Gobierno y Farc comenzaron la fase de implementación de la paz, una tarea con mucha ilusión pero más compleja que la negociación que durante más de cuatro años mantuvieron en La Habana. Sin embargo, y a pesar de las dificultades y del escepticismo de muchos sectores por la desconfianza que las mismas Farc fomentaron durante años en la sociedad, esa guerrilla dio el paso esperado de la guerra a la paz.
A lo largo de este año el país presenció escenas nunca vistas, como la de centenares de guerrilleros armados movilizándose en autobuses, lanchas o a pie para reunirse en las 26 zonas veredales repartidas por lugares remotos del país en las que hicieron el tránsito a la vida en sociedad.
En una de esas zonas, la de Buenavista, localizada en Mesetas, en el departamento del Meta, donde fueron fuertes durante décadas, las Farc hicieron el 27 de junio el acto formal de dejación de armas en presencia de Santos y de representantes de la Onu. Dos meses después esa guerrilla celebró en Bogotá un congreso en el que se convirtió en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, una decisión criticada porque al conservar la sigla perdieron la oportunidad de romper con un pasado de violencia que rechaza la inmensa mayoría de los ciudadanos.
La transformación de las Farc de guerrilla en partido político les permitirá participar en las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo aunque para entonces no hayan respondido por sus crímenes ante la Justicia Especial para la Paz, Jep, lo que es motivo de otra controversia.
La Jeo es un mecanismo previsto en el acuerdo con las Farc para juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y pese a ser la columna vertebral de todo el proceso la ley que la reglamenta fue aprobada a última hora y con dificultad en el Congreso, y no hay señales de cuándo comenzará a operar. Mientras tanto, la Farc, que por el acuerdo ya tienen diez escaños asegurados en el Senado y la Cámara de Representantes hasta 2024, se preparan para probar por primera vez las mieles de la democracia en las elecciones de 2018 a las que concurrirán con candidatos propios.
Su máximo jefe, Rodrigo Londoño, que ya abandonó el alias de “Timochenko”, será candidato a la Presidencia, contienda para la que parte con una intención de voto del 2,1 %, según la primera encuesta que lo tuvo en cuenta. Para Senado y Cámara, el nuevo partido inscribió a otros de sus líderes, como Iván Márquez o ‘Pablo Catatumbo’, decisión que no ha hecho más que aumentar la polémica porque pueden llegar al Congreso sin que la Jep los haya enjuiciado. Pese a que la coalición de Gobierno cuenta con mayorías en el Legislativo, al presidente Santos le ha costado trabajo que le aprueben leyes relacionadas con la implementación del acuerdo, en parte por la presión de partidos como el Centro Democrático y el oficialista Cambio Radical, fuertes críticos de que las Farc pasen a la política sin justicia previa.
Esos y otros retrasos han llevado a la antigua guerrilla a denunciar supuestos incumplimientos del acuerdo, a acusar al Congreso de desfigurar lo pactado y a pedirle a Santos que salve lo que debería ser la más grande obra de su Gobierno. La polarización es alimentada por la arrogancia de algunos de sus miembros, como Jesús Santrich, quien en sus apariciones públicas suele enfrascarse en discusiones con políticos y periodistas. Tal vez por ello el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, afirmó recientemente que es necesario insistir en la reconciliación de todos los colombianos con justicia y verdad.
Sea como fuere, las discusiones sobre la paz se trasladarán a las campañas electorales de 2018 en las que candidatos de derecha ya anuncian que se encargarán de mostrar a la Farc que en democracia el juego es a otro precio.