El Estado es un sistema muy complejo. Interactuar con él, como hace cualquier ciudadano por lo menos una vez en su vida, suele ser una experiencia frustrante y agotadora.
Además, este sistema opera con dinero público: plata que todos los colombianos dejan de gastarse en sí mismos para poder vivir en sociedad y para que se les provean algunos servicios según los necesiten.
Esto obliga a tener, por un lado, mecanismos que permitan sacar el máximo provecho posible a cada peso que se invierte en el Estado y, por otro, unas reglas de gestión y controles muy exigentes sobre la forma en la que opera: auditoría interna y funcionamiento eficiente, vinculación de personal, reformas de las organizaciones, y estrategias de participación y servicio al ciudadano.
Es necesario entonces encontrar maneras para reducir estos costos sin comprometer otros valores fundamentales para el funcionamiento del Estado: la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos, la lucha contra la corrupción y las buenas prácticas administrativas. Este equilibrio se llama buena gobernanza pública.
Para garantizar una buena gobernanza es necesario que exista una gerencia administrativa que pueda velar por que esto se cumpla en todo el Estado. A esto, principalmente, se dedica Función Pública. Esta es una entidad de nivel ministerial que trabaja para que las 6.768 organizaciones que constituyen el Estado (190 organizaciones en el Gobierno Nacional y 6.578 en el orden territorial) y los más de 1 millón 150 mil servidores públicos que tiene Colombia con su trabajo de la manera más eficiente posible con la intención de garantizarle una experiencia de servicio positiva a todos los ciudadanos.
Función Pública lo hace, principalmente, a través de lineamientos y asesorías a todas las entidades públicas para que tengan reglas de gerencia uniformes y, a su vez, promueve la rendición de reportes que permitan identificar la manera en la que están planeando, administrando su talento humano, comprando, contratando, usando sus finanzas y sirviendo a la ciudadanía. También es su trabajo sistematizar y analizar la forma en la que está operando el Estado para poder seguir pensando en cómo hacerlo cada vez más eficiente.
Además, se encarga de reducir y simplificar los trámites de los ciudadanos para acceder a los servicios del Estado. Su función es conocer e indagar sobre las necesidades que motivan la existencia de los trámites y, en la medida de lo posible, eliminarlos si no hace falta tenerlos o garantizar su simplificación, que incluye, entre otras cosas, la migración a la nube ahora o en el futuro cercano.
Los avances en esta materia, aunque invisibles para muchos ciudadanos, han sido importantes y permiten tener un Estado más eficiente. Por ejemplo, el Comité de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -Ocde, encargado de revisar la calidad de las políticas de empleo público y autoría interna, ha dado su visto bueno sobre las políticas de meritocracia, control interno e integridad que está impulsando Función Pública en el país.
Igualmente, la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido el liderazgo internacional de Colombia en materia de derechos laborales para los trabajadores del sector público. De hecho, Colombia es el único país en la región que ha incrementado los salarios de sus servidores públicos de acuerdo con una concertación bilateral en la que, entre otros, se reconoce el aporte del sector público a la productividad del país.
Todos estos esfuerzos y muchos otros, tienen un único objetivo: mejorar la experiencia de servicio de la ciudadanía cuando acceda al Estado. Si el ciudadano está satisfecho con los servicios prestados, confiará más en la capacidad transformadora de lo público y querrá participar más de sus decisiones, garantizando una democracia más sólida en ambos extremos.