Los crecientes ataques registrados en la frontera con Colombia han puesto bajo las cuerdas a Ecuador ante la amenaza narcoterrorista, para la que ha requerido la colaboración en materia de seguridad del país vecino, mucho más experimentado.
El narcoterrorismo ha presentado las credenciales en Ecuador. A finales de enero, un carro bomba fue detonado junto a la principal comisaría de la localidad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas y próxima a la divisoria, causando 28 heridos y severos daños materiales a infraestructuras.El martes pasado tres militares ecuatorianos murieron y siete fueron heridos por la detonación de un explosivo cuando patrullaban la zona limítrofe, el ataque más mortífero desde que se intensificaron este tipo de acciones en los últimos tres meses.
Las autoridades ecuatorianas atribuyen estas agresiones, siete desde el primer atentado, a grupos organizados armados residuales, los “gaor”, según el argot de seguridad, involucrados en el tráfico de droga o actividades afines que le dan cobijo. El terrorismo clásico lucha mediante el terror por una reivindicación de cualquier tipo, el narcoterrorismo es por el negocio y necesita de asentaderos, distribuidores y rutas, y por lo que parece, está muy bien instalado en la frontera con Colombia.
Para combatir este terrorismo se aboga por una estrecha colaboración con Bogotá, especialmente en información sobre las guerrillas que han operado en suelo colombiano durante 50 años y disidentes no adscritos al proceso de paz y los viceministros de Defensa de ambos países acordaron estrechar la cooperación y redoblar medios militares y policiales en la región. La cooperación es fundamental, pero Ecuador necesita de la experiencia de otros países, mejorar la organización de sus fuerzas y un mando único para combatir al narco, y Colombia no puede facilitar todo.
Para colaborar en medios materiales y humanos, Ecuador debería resolver sus propios candados, en referencia al mandato constitucional que impide expresamente el despliegue de tropas foráneas o bases en territorio ecuatoriano. El principal problema radica en que las mayores plantaciones de cocaína en Colombia están en la fronteriza con Ecuador, en el departamento de Nariño, aledaño a Esmeraldas y Carchi, y el de Putumayo que limita con Sucumbíos.
Cuando se alcanzó el acuerdo de paz con las Farc a finales de 2016, la mayoría de los componentes se mantuvieron en actividades delincuenciales comunes como el tráfico de drogas, de oro, la tala de árboles o contrabando de combustible. Las autoridades ecuatorianas insisten en que la nación andina no es productora, pero el narcotráfico ha echado raíces por la porosidad de los 600 kilómetros de límite con Colombia, con vías fluviales y tupida vegetación, y porque es más sencillo que en otros lugares sacar la droga al Pacífico a través de los puertos de Manta o Guayaquil en grandes contenedores a Europa o Norteamérica.
El dólar también es atractivo para el rápido lavado de activos y los alijos inferiores a 500 kilos pueden ser trasladados fácilmente en lanchas rápidas a Guatemala, Honduras o El Salvador.