Uno de los males que más ha azotado a Colombia es el narcotráfico, en donde los colombianos han puesto un alto precio por la pérdida de vidas humanas y con las inversiones millonarias que se han realizado para combatirlo y erradicarlo.
Es una lucha que no debemos dar solamente como país productor, como nos catalogan mundialmente; es una lucha en donde todos los afectados deben unirse y presentar un solo frente; por esto el presidente Duque, acertó al asegurar que si bien la lucha contra el narcotráfico es compartida, Colombia sigue combatiéndolo porque le asiste un deber moral para derrotar ese flagelo.
Si bien esta es una lucha compartida, la razón por la cual Colombia y este Gobierno adelantan ese compromiso es deber moral derrotar el narcotráfico, la criminalidad y así hacerlo seguiremos actuando todos los días, como única forma viable de derrotar este flagelo.
El pronunciamiento del jefe de Estado se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el mandatario colombiano era un buen tipo pero que de Colombia estaban llegando más drogas que antes de que Duque asumiera la Presidencia; por ello, Duque resaltó que desde el primer día ha hablado con franqueza y esa franqueza empieza por reconocer que en los últimos años, del 2012 al 2018, las hectáreas sembradas de coca pasaron de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000.
Hay que recordar que en el anterior Gobierno los grupos de erradicación manual se redujeron de más de 250 a 23; pero en los casi nueve meses de este Gobierno estos grupos se aproximan a 100 y se seguirán expandiendo para volver a controlar el narcotráfico.
En la actual administración, en la lucha contra el narcotráfico, se han destruido más de 4.000 laboratorios para el procesamiento de coca y vale la pena destacar que ahora las autoridades enfrentan con determinación el fenómeno de los cristalizaderos, que son los laboratorios de refinado de cocaína.
Las acciones en contra del lavado de activos provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico han arreciado y buscan ser cada vez más efectivos en la interdicción; pero también hay que reconocer las adversidades ocasionadas por la limitación de la capacidad de aspersión con el herbicida glifosato además la Corte Constitucional, expuso, de manera franca, argumentos frente a estos fenómenos para tener una modulación que permita ejercer esa práctica con todo el rigor y la responsabilidad.
Duque pidió en marzo pasado a la Corte Constitucional una modulación de la sentencia que regula el uso del glifosato en aspersiones aéreas de cultivos ilícitos e instó a que se haga un "uso integral de las herramientas" para combatir el narcotráfico.
El antecesor de Duque, Juan Manuel Santos, quien gobernó el país entre 2010 y 2018, suspendió las fumigaciones con glifosato en acatamiento a una sentencia de 2015 de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida es potencialmente cancerígeno y causa problemas de salud.
Dos años después, en 2017, el alto tribunal emitió un fallo en el que señaló que la única forma de reanudar el programa de fumigación aérea era a través de una investigación científica, que de forma objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente.
Duque, quien ha manifestado que podría retomar las aspersiones con el herbicida siguiendo los parámetros de la sentencia de 2017 de la Corte Constitucional, debe acatar el fallo y estar listo a dar el paso siguiente mientras esa herramienta no esté; se debe seguir siendo contundentes en la erradicación manual ya que solamente en al año 2018, se logró cifras récord en la erradicación manual, y en lo que va corrido de este año se lleva 16.000 hectáreas erradicadas, con la meta de superar las 80.000 hectáreas para finalizar este año.