La inseguridad crece en las ciudades de Colombia donde parece fuera de control ante una Policía que no es capaz de atajarla y la ineficiencia judicial que provoca que los delincuentes detenidos queden en la calle a las pocas horas.
Los datos son elocuentes en grandes ciudades como Bogotá, donde cada ocho minutos se produce un hurto pese a que su alcalde, Enrique Peñalosa, llegó al cargo hace dos años bajo la promesa de aplicar medidas técnicas y no políticas que redujeran una inseguridad que ya era alta.
Lejos de menguar, los hurtos crecen y cada vez son más violentos. Sus consecuencias salpican diariamente las páginas de los periódicos y la sociedad, amedrentada, los padece en una ciudad en la que a altas horas de la noche apenas se ve a un alma en la calle. La Región Caribe no se salva de te flagelo; Barranquilla no se sobrepone a los atentados de hace 15 días, en donde se reportó otro policía fallecido el fin de semana pasado y en Santa Marta, los muertos aparecen a diario. Sólo en lo que va de 2018 los bogotanos se han escandalizado al ver robos sin piedad en los que los ladrones no dudan en atentar contra la vida de los ciudadanos.
El principal problema de esta situación reside en los trámites procesales que se llevan ante un juez a quien o quienes han cometido el hurto. El asunto tiene que ver con que los autores de estos delitos no son procesados de una manera eficiente por los jueces que, ante cualquier circunstancia, evitan iniciar o imponer alguna medida.
Como consecuencia, estas personas salen libres con un trámite en 72 horas, también favorecido porque el caso no es bien presentado ante los jueces por los fiscales.
De esa manera, los delincuentes quedan en la calle y se incrementa no sólo la percepción de inseguridad, sino también de desprotección entre la ciudadanía. También esa sensación multiplica la inseguridad puesto que, el delincuente termina en la calle, no sólo con la posibilidad de reincidir, sino también con la certeza de que a nivel judicial no va a tener ningún tipo de castigo.
En noviembre pasado el presidente Juan Manuel Santos culpó a la prensa de multiplicar la percepción de inseguridad, pero hace dos semanas reunió al alcalde de Bogotá con las autoridades policiales para abordar la creciente inseguridad en la capital. Esa percepción que tienen los ciudadanos de desprotección es la que movió a decenas de miles a pedir que no haya proceso judicial contra el escolta Mario Muñoz, quien esta semana salió en defensa de una mujer que era atracada mientras volvía a su casa en su automóvil. Muñoz, que estaba cerca en el momento del robo, mató a tiros a uno de los presuntos ladrones y despertado la simpatía de los colombianos.
Pero la inseguridad no sólo se percibe en Bogotá, ya que en los primeros once meses de 2017 hubo en el país 127.118 hurtos frente a los 99.647 de 2016, una cifra que está infrarregistrada, ya que muchos colombianos no denuncian porque saben que las autoridades no van a hacer nada. Así sucede en los casos de robos menores como el hurto de celulares, en los que, se requiere que la denuncia penal se presente para que el caso avance. La gente no lo presenta por temor o porque pierde mucho tiempo; el policía no tiene donde presentar el caso y termina todo el trámite.
También entre la ciudadanía hay muchas quejas acerca de la labor policial, muchos de los cuales permanecen dentro de las estaciones callejeras conocidas como Comandos de Acción Inmediata en lugar de salir a patrullar.
La poca eficencia de su labor se encuentra también en el corazón del debate, ya que muchos colombianos se quejan de que los policías pasan más tiempo mirando su teléfono celular que las calles que deben proteger y que pecan de desidia cuando un ciudadano denuncia que ha sido objeto de robo.
Todo, mientras las autoridades prometen tomar medidas y la vida cotidiana de los ciudadanos empeora cada día.