Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
Con la explotación de los recursos naturales, sal, gas, carbón, energía eólica aparecieron en La Guajira los agentes innovadores, operadores y corporaciones multinacionales autorizadas por el Estado y basadas en estudios de impacto ambiental, gastaron parte de su tiempo y recursos en convencer a las autoridades y comunidades de las zonas de influencia inmediata sobre los beneficios que a nivel económico, social y cultural traerían los proyectos que emprenderían. Los impactos negativos previamente identificados, serían mitigados y controlados a través de planes específicos.
Así comenzaron su presencia en La Guajira las agencias de desarrollo y multinacionales como Ecopetrol, Chevrom, Promigas, Exxon - Intercor - Cerrejón, Domi-Prodeco-Auxini, Epm y Pdvsa. Los proyectos de explotación de recursos naturales se han caracterizados por ser rápidos, masivos y compulsivos. Rápido, porque se estipulan bajo un riguroso y eficiente cronograma en donde se define el inicio y el final de las actividades. Masivo, ya que los proyectos generalmente involucran comunidades locales que son afectadas y son objeto de planes de mitigación de impactos ambientales. Compulsivos, debido a que se generan desplazamientos poblacionales, determinando el desarrollo de un proceso de relocalización.
A partir del accidente del Exxon Valdez en marzo de 1989, las agencias multinacionales asumieron que todos los impactos ambientales de un proyecto industrial o de explotación de recursos naturales hacen parte de sus costos operacionales. De ahí se derivan los llamados planes de gestión social de las empresas, que no son más que el diseño de obras y acciones tendientes a garantizar la responsabilidad social que estas corporaciones tienen en torno al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo de las comunidades que se encuentran en el área de trabajo, acciones que deben ser entendidas como parte de una compensación producto de las impactaciones ambientales negativas.
Así lo han comprendido empresas como el Cerrejón, Promigas, la Chevron-Texaco y la EPM, quienes de alguna manera vienen trabajando con grupos comunitarios en la zona de influencia inmediata de sus proyectos. Muy a pesar de ello, es un imperativo que estas le permitan un quiebre histórico a su gestión. Es decir, pasar de actividades puntuales y desarticuladas a trabajar muy de cerca en los procesos de complementación de los planes de desarrollo de los municipios y del departamento.
Cada entidad tiene su misión y su propio estilo de negociación. Pero el peor de los estilo es el practicado por Pdvsa, que a la fecha mantiene un largo listado de compromisos incumplidos con las comunidades indígenas wayuu. Esta corporación no ha dado muestra de tener delimitados sus objetivos en lo ambiental y comunitario.
No se justifica que aún los wayuu de la zona de influencia inmediata del gasoducto binacional fronterizo, se encuentren desarticuladas de los planes de responsabilidad social empresarial.
El próximo actor que jugará en la liga de las empresas mineras en la región será la MPX, que espera iniciar operaciones en el año 2012 desde San Juan del Cesar.
Igualmente, en un predio de 521 hectáreas localizado en Dibulla hará un puerto por donde exportará 5 millones de toneladas por año. Los guajiros solo aspiramos que esta empresa tenga un estilo de relacionamiento con la región my diferente a las que han tenido las otras, que aprendan las lecciones de sus antecesoras, para no caer en los mismos errores.