La situación de los comunicadores sociales y periodistas en América Latina y el Caribe es muy delicada; sumaron 18 de los 67 periodistas asesinados en el último año, lo que supone el 26 % de los profesionales de los medios de comunicación que han muerto en el mundo en el ejercicio de sus funciones.
En la vida es menester estudiar, conocer y profundizar la historia universal. Quien conoce: “La historia no traga entero”; es decir, hará lo necesario para que no se vuelva a repetir y es una aseveración que está en consonancia con la realidad de los hechos históricos.
Ya la advertencia está hecha y ahora se debe caminar por un hilo delgado, línea que en cualquier momento se puede corree, porque el gobierno nacional está comprometido en muchos escándalos de narcotráfico, lo que ha derivado en la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que cualquier país que produzca y trafique droga hacia Estados Unidos "está sujeto a ataques", al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.
La noticia cayó como una bomba en el gobierno nacional que tiene como única respuesta suavizar las maltrechas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, las cuales sufren cada día más por la defensa que hace el presidente Gustavo Petro, de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro; lo peor es que sigue comprometiendo seriamente los intereses de Colombia, algo que parece no le interesa a Petro.
El presidente norteamericano ha sido muy directo, claro, eso sí, guardándose lo mejor del mensaje para cuando se haga realidad. Trump dijo que "he oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. Y prendió las alarmas en el gobierno nacional dejando preocupado a los colombianos, ante la falta de seriedad y responsabilidad del presidente Petro en no saber manejar unas relaciones comerciales y económicas, que durante más de 200 años han sido exitosas.
Trump lo tiene claro; reiteró que los ataques contra los cárteles de la droga dentro del territorio venezolano comenzarán muy pronto; insistió en que aunque Venezuela ha sido peor que la mayoría, hay otros países que también envían a sus narcotraficantes a Estados Unidos.
Y esa indirecta fue directa contra el gobierno colombiano, más cuando el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos, y el Ministro del Interior, Armando Benedetti están incluidos en la Lista Clinton, conocida como la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que incluye a individuos y entidades que están vinculados con actividades ilegales, como el narcotráfico y el lavado de dinero. En este caso, hay que caminar bien derechito, mayormente los implicados que tienen serios cuestionamientos también con la justicia colombiana, como el caso de Benedetti y de Nicolás Petro Burgos, quien precisamente esta siendo juzgado por varios casos de corrupción y la Fiscalía General de la Nación, esta pidiendo, mientras avanza el juicio, casa por cárcel para el hijo del presidente Petro.
En estos días la situación de país vecino no es fácil; los potenciales ataques en tierra venezolana significarán una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de los narcotraficantes, como ejemplo para otros que quieran imitar este delictivo comportamiento.
El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el oscuro Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera. En octubre pasado, el presidente Trump dedicó fuertes críticas contra Petro, al que también señala como líder del narcotráfico y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.
Petro niega las acusaciones, hace toda clase de pataletas, se enfrasca en sus diatribas en redes sociales; califica a Trump de grosero e ignorante con Colombia y también ha rechazado como injerencia el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contra las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevados a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.
Trump defiende lo suyo, protege su país, trata de erradicar el problema del narcotráfico desde la raíz y tiene su propia justificación legal de estas operaciones advirtiendo que Estados Unidos tiene derecho a defenderse de la "ola de drogas" que los cárteles envían hacia sus territorio; esto quiere decir, que el gobierno colombiano arroja un saldo en rojo, que tarde que temprano, seguramente tendremos que pagar.
La noticia cayó como una bomba en el gobierno nacional que tiene como única respuesta suavizar las maltrechas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, las cuales sufren cada día más por la defensa que hace el presidente Gustavo Petro, de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro; lo peor es que sigue comprometiendo seriamente los intereses de Colombia, algo que parece no le interesa a Petro.
El presidente norteamericano ha sido muy directo, claro, eso sí, guardándose lo mejor del mensaje para cuando se haga realidad. Trump dijo que "he oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. Y prendió las alarmas en el gobierno nacional dejando preocupado a los colombianos, ante la falta de seriedad y responsabilidad del presidente Petro en no saber manejar unas relaciones comerciales y económicas, que durante más de 200 años han sido exitosas.
Trump lo tiene claro; reiteró que los ataques contra los cárteles de la droga dentro del territorio venezolano comenzarán muy pronto; insistió en que aunque Venezuela ha sido peor que la mayoría, hay otros países que también envían a sus narcotraficantes a Estados Unidos.
Y esa indirecta fue directa contra el gobierno colombiano, más cuando el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos, y el Ministro del Interior, Armando Benedetti están incluidos en la Lista Clinton, conocida como la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que incluye a individuos y entidades que están vinculados con actividades ilegales, como el narcotráfico y el lavado de dinero. En este caso, hay que caminar bien derechito, mayormente los implicados que tienen serios cuestionamientos también con la justicia colombiana, como el caso de Benedetti y de Nicolás Petro Burgos, quien precisamente esta siendo juzgado por varios casos de corrupción y la Fiscalía General de la Nación, esta pidiendo, mientras avanza el juicio, casa por cárcel para el hijo del presidente Petro.
En estos días la situación de país vecino no es fácil; los potenciales ataques en tierra venezolana significarán una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de los narcotraficantes, como ejemplo para otros que quieran imitar este delictivo comportamiento.
El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el oscuro Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera. En octubre pasado, el presidente Trump dedicó fuertes críticas contra Petro, al que también señala como líder del narcotráfico y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.
Petro niega las acusaciones, hace toda clase de pataletas, se enfrasca en sus diatribas en redes sociales; califica a Trump de grosero e ignorante con Colombia y también ha rechazado como injerencia el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contra las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevados a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.
Trump defiende lo suyo, protege su país, trata de erradicar el problema del narcotráfico desde la raíz y tiene su propia justificación legal de estas operaciones advirtiendo que Estados Unidos tiene derecho a defenderse de la "ola de drogas" que los cárteles envían hacia sus territorio; esto quiere decir, que el gobierno colombiano arroja un saldo en rojo, que tarde que temprano, seguramente tendremos que pagar.
El acuerdo marco entre Estados Unidos y Argentina sobre comercio e inversión, que incluye aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual, establece importantes concesiones del país suramericano hacia Washington.
La lucha contra la delincuencia organizada transnacional, debe ser persistente, constante y apoyada indiscutiblemente por todos los gobiernos afectados; en especial, aquellos que sufren con ahínco este crimen que atenta contra la vida. En este orden de ideas, los países andinos, deben reforzar las acciones conjuntas que impulsan contra el crimen organizado.
Ecuador asumió a finales de septiembre, la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, CAN, y cuya importancia radica en que para fortalecer la arquitectura andina de seguridad subregional, se debe realizar en forma conjunta con todos países aliados al organismo; es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que aunque ahora no es un miembro oficial, pero históricamente ha estado involucrado en la CAN, debe integrar el bloque de lucha, por que es un país que lo está necesitando.
La Comunidad Andina, CAN, entró en vigor con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 y fue conocida hasta el 1996 como Pacto Andino o Grupo Andino. Es un organismo internacional de carácter económico, nacido para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de los países y los pueblos andinos y está compuesta por cuatro Estados andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Proceso Andino de Integración cuenta con órganos e instituciones que forman parte del Sistema Andino de Integración, SAI. La sede de la Secretaría General se encuentra en Lima, Perú, y la sede del Parlamento Andino en Bogotá, Colombia y además es un organismo que sirve para integrar a las naciones en la lucha contra el narcotráfico, por que comparten frontera, que además es amplia y bastante complicada, lo que es aprovechado por los grupos al margen de la ley y narcotraficantes para hacer su negocio más productivo.
Es muy importante que se ponga toda la atención necesaria y debida a los temas prioritarios que maneja la Comunidad Andina por que agrupa a casi 109 millones de habitantes, en una superficie de 3 798 000 kilómetros cuadrados, cuyo producto interno bruto nominal se estima ascendería en el 2018 a 706 903 millones de dólares; son cifras que mueven todo un tejido social compuesto por los renglones económicos, sociales y de seguridad nacional.
Tal como lo ha enfatizado el presidente Daniel Noboa, mientras un solo Estado no esté seguro, ninguno podrá estarlo plenamente; ahaora se tiene la oportunidad de constatar el camino recorrido y sobre todo de identificar los desafíos pendientes para hacer más efectiva la respuesta común.
Los delitos como el tráfico de armas, de droga y de migrantes, la minería ilegal y los delitos financieros continúan afectando directamente a los pueblos andinos ya que el crimen organizado constituye una de las amenazas más graves para la institucionalidad democrática y la convivencia en la región, por lo que la cooperación, es indispensable; además hay que subrayar de la existencia de la necesidad de que las zonas de frontera sean espacios seguros y territorios de oportunidades, crecimiento y cohesión social.
Cuando Ecuador asumió la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, se planteó con claridad que la seguridad subregional sería uno de los ejes prioritarios del trabajo y por ellos los Estados son los que tienen que estar presentes y para eso se tiene que trabajar en conjunto tan velozmente como el enemigo lo hace. No hay tiempo que perder.
Ecuador asumió a finales de septiembre, la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, CAN, y cuya importancia radica en que para fortalecer la arquitectura andina de seguridad subregional, se debe realizar en forma conjunta con todos países aliados al organismo; es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que aunque ahora no es un miembro oficial, pero históricamente ha estado involucrado en la CAN, debe integrar el bloque de lucha, por que es un país que lo está necesitando.
La Comunidad Andina, CAN, entró en vigor con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 y fue conocida hasta el 1996 como Pacto Andino o Grupo Andino. Es un organismo internacional de carácter económico, nacido para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de los países y los pueblos andinos y está compuesta por cuatro Estados andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Proceso Andino de Integración cuenta con órganos e instituciones que forman parte del Sistema Andino de Integración, SAI. La sede de la Secretaría General se encuentra en Lima, Perú, y la sede del Parlamento Andino en Bogotá, Colombia y además es un organismo que sirve para integrar a las naciones en la lucha contra el narcotráfico, por que comparten frontera, que además es amplia y bastante complicada, lo que es aprovechado por los grupos al margen de la ley y narcotraficantes para hacer su negocio más productivo.
Es muy importante que se ponga toda la atención necesaria y debida a los temas prioritarios que maneja la Comunidad Andina por que agrupa a casi 109 millones de habitantes, en una superficie de 3 798 000 kilómetros cuadrados, cuyo producto interno bruto nominal se estima ascendería en el 2018 a 706 903 millones de dólares; son cifras que mueven todo un tejido social compuesto por los renglones económicos, sociales y de seguridad nacional.
Tal como lo ha enfatizado el presidente Daniel Noboa, mientras un solo Estado no esté seguro, ninguno podrá estarlo plenamente; ahaora se tiene la oportunidad de constatar el camino recorrido y sobre todo de identificar los desafíos pendientes para hacer más efectiva la respuesta común.
Los delitos como el tráfico de armas, de droga y de migrantes, la minería ilegal y los delitos financieros continúan afectando directamente a los pueblos andinos ya que el crimen organizado constituye una de las amenazas más graves para la institucionalidad democrática y la convivencia en la región, por lo que la cooperación, es indispensable; además hay que subrayar de la existencia de la necesidad de que las zonas de frontera sean espacios seguros y territorios de oportunidades, crecimiento y cohesión social.
Cuando Ecuador asumió la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, se planteó con claridad que la seguridad subregional sería uno de los ejes prioritarios del trabajo y por ellos los Estados son los que tienen que estar presentes y para eso se tiene que trabajar en conjunto tan velozmente como el enemigo lo hace. No hay tiempo que perder.
A estas alturas de la historia, quién lo creyera, sobrevive una agria disputa entre cristianos y musulmanes en el Oriente insular del Mediterráneo. Como en la época de las grandes trifulcas por el control de tantas islas que han pasado de unas manos a otras a lo largo de los siglos, en Chipre sigue vigente una división entre herederos del Imperio Bizantino y descendientes del Otomano.
Un niño rumano conduce su bicicleta junto a una floristería decorada para Navidad en el centro de Bucarest, Rumanía, ayer 5 de diciembre de 2025. Rumanía, país cristiano-ortodoxo, celebra la Navidad el 25 de diciembre. (Foto EFE/EPA/Robert Ghement)
Padres de escolares secuestrados esperan fuera de la Escuela Católica Privada Santa María en Papiri, estado de Níger, Nigeria, ayer 24 de noviembre de 2025. Cincuenta de los 303 escolares secuestrados han escapado del cautiverio y se han reunido con sus familias, según la Asociación Cristiana de Nigeria (Foto EFE/EPA/Afolabi Sotunde)
Personas compran alimentos en una tienda de Los Ángeles, California, EE. UU. Los supermercados y las empresas alimentarias estadounidenses se preparan para una disminución en las próximas ventas si el programa SNAP, de asistencia alimentaria federal, se suspende por primera vez debido al cierre parcial del gobierno. (Foto EFE/EPA/Allison Dinner)
Gran parte del pueblo de Blatten, ubicado en el valle de Loetschental, en el cantón del Valais, quedó sepultado bajo masas de hielo, lodo y rocas. Numerosas casas fueron destruidas y una persona permanece desaparecida. Entre el 19 y el 28 de mayo, varios millones de metros cúbicos de roca cayeron del monte Kleines Nesthorn, sobre Blatten. Esto creó un cono de escombros de nueve millones de toneladas en el glaciar Birch, que finalmente se derrumbó el 28 de mayo de 2025. (Foto EFE/EPA/Michael Buholzer)
CIUDAD DEL VATICANO, La misa "Pro eligendo pontifice", que oficia el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, dara comienzo hoy en la basílica de San Pedro ante la presencia de los 133 cardenales que desde esta tarde se encerrarán en cónclave para elegir al papa número 267 de la historia de la Iglesia. EFE/ Mario Tomassetti/Vticano.
Activistas antiaborto reaccionan ante la decisión judicial sobre Idaho contra Estados Unidos, en la Corte Suprema en Washington, DC, EE.UU. En una victoria temporal para los defensores del derecho al aborto, la Corte Suprema desestimó el caso de aborto de alto perfil de Idaho en el caso de Idaho contra Estados Unidos. (Foto EFE/EPA/Shawn Thew)
La línea que separa la política de la criminalidad se ha venido borrando bajo este gobierno, no por accidente, sino por un patrón que se repite desde la campaña presidencial. Hoy la pregunta es: ¿las disidencias cooptaron al Gobierno Petro o fue una operación coordinada desde la campaña para obtener apoyo armado y territorial para ganar elecciones?
No sería la primera vez que sectores cercanos al hoy presidente aparecen vinculados a estructuras criminales en tiempos electorales. El país recuerda las visitas de su hermano Juan Fernando Petro y Piedad Córdoba a las cárceles para buscar apoyos políticos de poderosos criminales a cambio de impunidad, sumado a las tracaladas de dinero que habría recibido el hijo Nicolás Petro de corruptos y mafiosos para la precampaña. Y el estelar video donde se habla de los $15 mil millones de no se sabe quién y los $500 millones de “Papá Pitufo”, poderoso contrabandista.
Las alertas estaban ahí desde el primer día: no eran hechos aislados, sino un patrón que insinuaba un proyecto político dispuesto a cruzar líneas prohibidas para ganar el poder, usándolo luego para favorecer estructuras narcoterroristas y mafiosas, pagando así el apoyo político.
Aún sin ley de sometimiento, el gobierno -con la complicidad de la Fiscalía- ha levantado órdenes de captura de jefes del Clan del Golfo y de Los Pachenca, incluso de criminales solicitados en extradición por Estados Unidos y España.
La deformación de “la paz” es total; hoy está convertida en salvoconducto para delinquir, donde ni en flagrancia los criminales pueden ser capturados. Desmantelaron cualquier noción de justicia.
El caso de Anorí es el episodio más escabroso: tras un informe de inteligencia, un retén militar capturó a siete cabecillas de las disidencias, incluido el jefe máximo “Calarcá”. Se movilizaban en camionetas de la UNP, armados, con oro ilegal y acompañados de un menor reclutado. ¿La reacción del Gobierno? Liberarlos, amparándose en la figura de los “gestores de paz”. La fiscalía conceptuó que ni aun en flagrancia los gestores se pueden capturar. Soltaron a alias “Ramiro”, cabecilla de la subestructura 18; alias “Urias”, del frente Rodrigo Cadete; y Diana Carolina Rey “Erika”, conocida como la reina de la extorsión. Todos con procesos abiertos por concierto para delinquir, reclutamiento de menores, tráfico de armas, extorsión y explotación ilegal de recursos. Y los tres que no eran gestores de paz los nombraron para buscar liberarlos. Al general que lideró la operación lo sacaron.
Pero los computadores y celulares de “los gestores” fueron incautados y enviados a la fiscalía, donde pasaron 16 meses guardados. Gracias a Caracol TV, el país supo lo que hay.
Generales que habían sido retirados y que se unieron a la campaña de Petro fueron reincorporados. Esos apoyos se recibieron en una reunión donde también estuvo el senador Iván Cepeda. Y estos generales aparecen con conversaciones y emails con las disidencias. Los colocaron estratégicamente cerca al ministro Iván Velázquez para decidir la permanencia o retiro de oficiales o suboficiales. Entre 2021 y 2024 salieron 17 mayores generales del Ejército, 20 de la Policía y casi 350 coroneles del Ejército, Policía y Fuerza Aérea.
Hay evidencia de que los oficiales ayudaban a las disidencias dándoles información, frecuencias de radio, incluso ayudándolos a legalizar armas y carros blindados a través de empresas de vigilancia. El superintendente entregó 18 licencias exprés en 24 horas. La infiltración llega hasta la dirección de inteligencia dedicada a proteger los “infiltrados”.
Y, como si fuera poco, en la mesa con el Eln, el senador Iván Cepeda no solo avaló que los grupos armados puedan reclutar menores desde los 15 años, sino que además legitimó el secuestro bajo el eufemismo de “retención con fines económicos”. Y lo más grave de todo, Cepeda se abrogó el derecho a convertir en política pública los acuerdos parciales con el Eln, sin Congreso ni control jurisdiccional.
Iván Cepeda siempre está en el lugar exacto donde se cruzan la política y las estructuras narcoterroristas. El país tiene derecho a saber qué compromisos se adquirieron, qué se negociaba realmente y por qué el candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Cepeda, siempre aparece al lado de quienes tienen el poder de fuego en Colombia. Cepeda, el implacable persecutor del presidente Uribe, en cambio sale abrazado y sonriente en múltiples fotos con el narcoterrorismo. Confían en los que andan con armas matando la oposición que él también persigue.
Atención Colombia, estamos al borde del abismo.
No sería la primera vez que sectores cercanos al hoy presidente aparecen vinculados a estructuras criminales en tiempos electorales. El país recuerda las visitas de su hermano Juan Fernando Petro y Piedad Córdoba a las cárceles para buscar apoyos políticos de poderosos criminales a cambio de impunidad, sumado a las tracaladas de dinero que habría recibido el hijo Nicolás Petro de corruptos y mafiosos para la precampaña. Y el estelar video donde se habla de los $15 mil millones de no se sabe quién y los $500 millones de “Papá Pitufo”, poderoso contrabandista.
Las alertas estaban ahí desde el primer día: no eran hechos aislados, sino un patrón que insinuaba un proyecto político dispuesto a cruzar líneas prohibidas para ganar el poder, usándolo luego para favorecer estructuras narcoterroristas y mafiosas, pagando así el apoyo político.
Aún sin ley de sometimiento, el gobierno -con la complicidad de la Fiscalía- ha levantado órdenes de captura de jefes del Clan del Golfo y de Los Pachenca, incluso de criminales solicitados en extradición por Estados Unidos y España.
La deformación de “la paz” es total; hoy está convertida en salvoconducto para delinquir, donde ni en flagrancia los criminales pueden ser capturados. Desmantelaron cualquier noción de justicia.
El caso de Anorí es el episodio más escabroso: tras un informe de inteligencia, un retén militar capturó a siete cabecillas de las disidencias, incluido el jefe máximo “Calarcá”. Se movilizaban en camionetas de la UNP, armados, con oro ilegal y acompañados de un menor reclutado. ¿La reacción del Gobierno? Liberarlos, amparándose en la figura de los “gestores de paz”. La fiscalía conceptuó que ni aun en flagrancia los gestores se pueden capturar. Soltaron a alias “Ramiro”, cabecilla de la subestructura 18; alias “Urias”, del frente Rodrigo Cadete; y Diana Carolina Rey “Erika”, conocida como la reina de la extorsión. Todos con procesos abiertos por concierto para delinquir, reclutamiento de menores, tráfico de armas, extorsión y explotación ilegal de recursos. Y los tres que no eran gestores de paz los nombraron para buscar liberarlos. Al general que lideró la operación lo sacaron.
Pero los computadores y celulares de “los gestores” fueron incautados y enviados a la fiscalía, donde pasaron 16 meses guardados. Gracias a Caracol TV, el país supo lo que hay.
Generales que habían sido retirados y que se unieron a la campaña de Petro fueron reincorporados. Esos apoyos se recibieron en una reunión donde también estuvo el senador Iván Cepeda. Y estos generales aparecen con conversaciones y emails con las disidencias. Los colocaron estratégicamente cerca al ministro Iván Velázquez para decidir la permanencia o retiro de oficiales o suboficiales. Entre 2021 y 2024 salieron 17 mayores generales del Ejército, 20 de la Policía y casi 350 coroneles del Ejército, Policía y Fuerza Aérea.
Hay evidencia de que los oficiales ayudaban a las disidencias dándoles información, frecuencias de radio, incluso ayudándolos a legalizar armas y carros blindados a través de empresas de vigilancia. El superintendente entregó 18 licencias exprés en 24 horas. La infiltración llega hasta la dirección de inteligencia dedicada a proteger los “infiltrados”.
Y, como si fuera poco, en la mesa con el Eln, el senador Iván Cepeda no solo avaló que los grupos armados puedan reclutar menores desde los 15 años, sino que además legitimó el secuestro bajo el eufemismo de “retención con fines económicos”. Y lo más grave de todo, Cepeda se abrogó el derecho a convertir en política pública los acuerdos parciales con el Eln, sin Congreso ni control jurisdiccional.
Iván Cepeda siempre está en el lugar exacto donde se cruzan la política y las estructuras narcoterroristas. El país tiene derecho a saber qué compromisos se adquirieron, qué se negociaba realmente y por qué el candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Cepeda, siempre aparece al lado de quienes tienen el poder de fuego en Colombia. Cepeda, el implacable persecutor del presidente Uribe, en cambio sale abrazado y sonriente en múltiples fotos con el narcoterrorismo. Confían en los que andan con armas matando la oposición que él también persigue.
Atención Colombia, estamos al borde del abismo.
Casi todos los jugadores de la flamante selección de fútbol del “país independiente”, pero “constituyente” del Reino de los Países Bajos, llamado Curazao, nacieron en la tierra ganada al mar del Norte, o hacia el sur de tal, en sus alrededores; algo similar, respecto de la cacareada exmetrópoli neerlandesa, ocurre con la mayoría de los futbolistas de la selección de Surinam.
La forma cómo Sarah Jessica Parker, actriz inmortalizada por su icónico rol en la noventera serie “Sex and the City”, terminó convertida en uno de los cinco jueces que otorgó el Booker Prize de 2025 a David Szalay y su novela “Flesh” es tan curiosa como inquietante: simplemente comentó “Oh, déjenme intentarlo!!!!” a una entrevista publicada en el Instagram del concurso en la que se discutía la sensación de formar parte del selecto jurado del prestigioso galardón. Y así, sin más, la organización se puso en contacto con ella, los abogados arreglaron el papeleo y el resto es historia conocida por todos. Un salto mortal hacia atrás con los ojos cerrados y doble tirabuzón que muy seguramente no nos habría funcionado a ninguno de nosotros de haber intentado exactamente lo mismo.
Una elección poco ortodoxa, pero no necesariamente carente de fundamento ya que la actriz no está fuera del mundo editorial. Todo lo contrario, tiene un sello propio, SJP Lit, una iniciativa que desde 2022 viene imprimiendo títulos que buscan darle cabida en el mercado tanto a autores internacionales como a otras voces con baja representación en la literatura contemporánea. Una labor loable, sin lugar a duda, pero que dista mucho del esfuerzo titánico de cientos de editoriales independientes que, sin el empuje mediático de SJP Lit, día a día tienen que ganarse la supervivencia contra los gigantes de papel de la industria en Estados Unidos y a quienes un cameo de sus fundadores por el Booker Prize podría significarles la diferencia entre aguantar un año más o sucumbir ante el libre mercado.
En su defensa diremos que no es ni mucho menos la primera vez que el Booker Prize elige como miembros del jurado a perfiles poco convencionales cuya idoneidad para el cargo puede generar cierta suspicacia. El año pasado y en 2019, por ejemplo, designaron a Nitin Sawhney y a Joanna MacGregor, respectivamente, ambos músicos de profesión, mientras que en 2023 nombraron a Adjoa Andoh, más conocida por su rol de Lady Agatha en los Bridgerton, y en 2021 hicieron lo propio con Natascha McElhone, de rol protagónico en la quinta temporada de The Crown. Aun así, el nombramiento de Sarah Jessica Parker ha sido de lejos el más sonado y controvertido, y el reportaje de The New York Times publicado a su favor días después de anunciado el ganador tampoco ha ayudado a aliviar las tensiones.
Independientemente de la calidad que tenga “Flesh”, y la cual sólo descubriremos cuando sea traducida al español, no deja de preocupar la “celebrización” del universo literario a nuestro alrededor. Ya sucedió con el Premio Planeta y su mutación definitiva hacia galardón televisivo, con el Premio Nobel y su ojalá algún día olvidable rendición a los pies de Bob Dylan en 2016 y ahora pasa con el Booker Prize, uno de los últimos bastiones de la academia y la cultura que teníamos en muy alta estima y de cuyo criterio nos fiábamos porque creíamos que estaba por encima de la purpurina, el brilli brilli y los reflectores. No sabíamos cuán equivocados estábamos.
Una elección poco ortodoxa, pero no necesariamente carente de fundamento ya que la actriz no está fuera del mundo editorial. Todo lo contrario, tiene un sello propio, SJP Lit, una iniciativa que desde 2022 viene imprimiendo títulos que buscan darle cabida en el mercado tanto a autores internacionales como a otras voces con baja representación en la literatura contemporánea. Una labor loable, sin lugar a duda, pero que dista mucho del esfuerzo titánico de cientos de editoriales independientes que, sin el empuje mediático de SJP Lit, día a día tienen que ganarse la supervivencia contra los gigantes de papel de la industria en Estados Unidos y a quienes un cameo de sus fundadores por el Booker Prize podría significarles la diferencia entre aguantar un año más o sucumbir ante el libre mercado.
En su defensa diremos que no es ni mucho menos la primera vez que el Booker Prize elige como miembros del jurado a perfiles poco convencionales cuya idoneidad para el cargo puede generar cierta suspicacia. El año pasado y en 2019, por ejemplo, designaron a Nitin Sawhney y a Joanna MacGregor, respectivamente, ambos músicos de profesión, mientras que en 2023 nombraron a Adjoa Andoh, más conocida por su rol de Lady Agatha en los Bridgerton, y en 2021 hicieron lo propio con Natascha McElhone, de rol protagónico en la quinta temporada de The Crown. Aun así, el nombramiento de Sarah Jessica Parker ha sido de lejos el más sonado y controvertido, y el reportaje de The New York Times publicado a su favor días después de anunciado el ganador tampoco ha ayudado a aliviar las tensiones.
Independientemente de la calidad que tenga “Flesh”, y la cual sólo descubriremos cuando sea traducida al español, no deja de preocupar la “celebrización” del universo literario a nuestro alrededor. Ya sucedió con el Premio Planeta y su mutación definitiva hacia galardón televisivo, con el Premio Nobel y su ojalá algún día olvidable rendición a los pies de Bob Dylan en 2016 y ahora pasa con el Booker Prize, uno de los últimos bastiones de la academia y la cultura que teníamos en muy alta estima y de cuyo criterio nos fiábamos porque creíamos que estaba por encima de la purpurina, el brilli brilli y los reflectores. No sabíamos cuán equivocados estábamos.
El ejército clandestino que está manipulando a Colombia mientras todos miran hacia otro lado.
Por: Oscar Alejandro Perez Palomino
Actualmente soy estudiante de Maestría en Conflictos, paces y Derechos Humanos y Docente en la cátedra de Derechos Humanos. Por eso, mi ejercicio profesional me sitúa en una doble tensión: como estudiante me enfoco en las variables de la maestría en especial las causas de la violencia en Colombia.