Washington ya no impondrá aranceles a quien suministre crudo a Cuba, cumpliendo la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU., pero eso no significa que no pueda aplicar otro tipo de sanciones para seguir presionando a la isla.
La relación de Colombia con Estados Unidos cumplió un año de crisis y sobresaltos por diferencias entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en diversos aspectos y con la expectativa de una mejora a partir de la reunión que sostuvieron el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca.
La crisis de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador, agudizada por la reconfiguración del narcotráfico tras la pandemia y el avance de la delincuencia organizada en el segundo país, no se resuelve con medidas comerciales unilaterales, sino a través de mecanismos de diálogo y entendimiento.
Indudablemente el sector turismo es un renglón importante y decisivo para la economía colombiana, que, además de beneficiar a todo el país, entre ellos la capital del Magdalena, que con esta temporada turística con más del 85% de ocupación hotelera, ratifica también que Santa Marta, tiene su vocación turística y económica en turismo, ayuda a la generación de verdaderas fuentes de empleo.
Colombia entra este 2026 en un crucial año electoral en el que está en juego la continuación del primer gobierno de izquierdas del país ante las alternativas que ofrecen el centro y derecha en medio de una creciente polarización política.
La situación de desplazamiento en Colombia sigue en aumento y no da tregua; los colombianos siguen abandonado sus tierras y sus bienes, conseguidos con mucho trabajo, para poder salvar sus vidas ante el serio peligro que corren debido al abandono en que se encuentran por parte del gobierno nacional.
Espectadores observan a la cría de elefante recién nacida Mook Uhm durante su primera aparición al aire libre en el Zoológico Artis de Ámsterdam, Países Bajos. La cría de elefante asiático nació en Nochebuena es motivo para que los turistas y nativos de esta ciudad, acudan a visitar al animal. (Foto EFE/EPA/Dingena Mol)
Fotografía del 10 de diciembre de 2025 que muestra integrantes de la Milicia Bolivariana participando en una actividad del Gobierno, en Caracas, Venezuela.
Un niño rumano conduce su bicicleta junto a una floristería decorada para Navidad en el centro de Bucarest, Rumanía, ayer 5 de diciembre de 2025. Rumanía, país cristiano-ortodoxo, celebra la Navidad el 25 de diciembre. (Foto EFE/EPA/Robert Ghement)
Padres de escolares secuestrados esperan fuera de la Escuela Católica Privada Santa María en Papiri, estado de Níger, Nigeria, ayer 24 de noviembre de 2025. Cincuenta de los 303 escolares secuestrados han escapado del cautiverio y se han reunido con sus familias, según la Asociación Cristiana de Nigeria (Foto EFE/EPA/Afolabi Sotunde)
Personas compran alimentos en una tienda de Los Ángeles, California, EE. UU. Los supermercados y las empresas alimentarias estadounidenses se preparan para una disminución en las próximas ventas si el programa SNAP, de asistencia alimentaria federal, se suspende por primera vez debido al cierre parcial del gobierno. (Foto EFE/EPA/Allison Dinner)
Gran parte del pueblo de Blatten, ubicado en el valle de Loetschental, en el cantón del Valais, quedó sepultado bajo masas de hielo, lodo y rocas. Numerosas casas fueron destruidas y una persona permanece desaparecida. Entre el 19 y el 28 de mayo, varios millones de metros cúbicos de roca cayeron del monte Kleines Nesthorn, sobre Blatten. Esto creó un cono de escombros de nueve millones de toneladas en el glaciar Birch, que finalmente se derrumbó el 28 de mayo de 2025. (Foto EFE/EPA/Michael Buholzer)
La semana pasada estuve recorriendo varios proyectos agroindustriales en la Altillanura y confirmé, una vez más, lo difícil —casi tortuoso— que resulta sacar adelante un proyecto productivo en Colombia.
Este gobierno que pronto acabará nos deja muchas enseñanzas, algunas de ellas brutales. Una, la importancia de las instituciones y de su autonomía e independencia. Las cortes y el Congreso, en particular el Senado, han sido vitales para la defensa del estado de derecho, el imperio de la ley y la Constitución, y para poner freno a las recurrentes y sistemáticas tentaciones autoritarias del inquilino del Palacio de Nariño. Sin esa fortaleza institucional, otro hubiera sido el destino de este sufrido país.
Ante la crisis actual de la agroindustria del etanol, en este momento en grave predicamento, me veo precisado a salir en su defensa. Empecemos por definir a los biocombustibles como el componente renovable en la mezcla de un porcentaje de etanol con la gasolina y un porcentaje de biodiésel con el diésel, en la actualidad ambos al 10%, contribuyendo a la seguridad energética del país, a mejorar el medioambiente e impulsar al sector agrícola, al punto que representan el 0.4% del PIB nacional y el 5.6% del PIB agrícola!
Las leyes 693 de 2001, de mi autoría y la Ley 939 de 2004 dispusieron la obligación de dichas mezclas en todo el territorio nacional, en el primer caso a partir de 2005 y en el segundo a partir de 2008. 21 años después de contribuir con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 3,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en el 2025 y 950 toneladas de material particulado, causantes del Cambio climático y nocivas para la salud, especialmente en los grandes centros urbanos, la cadena productiva de etanol está amenazada por la miopía, la ambigüedad y la falta de coherencia de la política pública del actual gobierno, poniendo en riesgo el avance de la Transición energética justa que tanto pregona.
Veamos. El detonante de esta crisis del etanol está en la avalancha del etanol importado, que ha venido ganando cada vez mayor participación en el mercado doméstico. Hasta el año 2016, la producción nacional daba abasto para satisfacer la demanda interna y sólo a partir del año siguiente empieza a abrirse paso el etanol importado desde los EEUU, escalando en los siguientes años hasta alcanzar el 40% en 2023 y más recientemente, entre los años 2024 y 2025, superando el 50% del mercado.
Cabe preguntarse cómo se explica este cambio tan dramático en tan corto tiempo. Una primera aproximación a la respuesta nos lleva a constatar un viraje desde la entrada en vigencia de la Resolución 90454, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que entró en vigencia en abril de 2014, limitando la importación a los volúmenes necesarios y suficientes para cubrir el déficit y asegurar el cumplimiento del porcentaje del 10% de la mezcla (E-10), que luego fue derogada por la Resolución 41053 de mayo de 2017, liberando las importaciones. La reacción no se hizo esperar, las importaciones pasaron desde los 68 millones de litros en 2026 a 269 millones de litros en 2019, hasta alcanzar el récord de los 437 millones de litros en 2025, favorecidas por la diferencia entre el precio del etanol regulado producido en el país y el precio de paridad importación, altamente subsidiado.
Y las consecuencias están a la vista: la inundación del mercado interno con las importaciones de etanol y no “la sobreproducción” de la que habla el Presidente Gustavo Petro, atribuyéndola a un supuesto “exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y a un uso ineficiente de la tierra”, ha dado lugar a que los inventarios estén al tope, superando los 54 millones de litros, amenazando a toda una cadena con sus 286 mil empleos formales en más de 50 municipios del país, con preponderancia en sus áreas rurales. De allí el S.O.S lanzado por el vocero del Sindicato de trabajadores agropecuarios Jhonson Torres, al demandar del Gobierno Nacional “se firme la Resolución de estabilización de precios”, la cual pasa por tomar como referencia los costos en que incurren los productores de etanol y no el precio del azúcar en Londres, que viene causando distorsiones en desmedro de la industria nacional.
Hay dos aspectos que no se han tenido en cuenta a la hora de liberar las importaciones y desproteger la producción nacional de etanol. El primero de ellos tiene que ver con el dumping del etanol importado, el cual es objeto de múltiples subsidios en su país de origen, desde las siembras de maíz, que es su materia prima hasta las plantas refinadoras, entre el 22% y el 32%, amén de su protección con altos aranceles.
El otro aspecto a considerar es que hay una diferencia abismal en la reducción de las emisiones de GEI del etanol producido a partir de la caña de azúcar como materia prima, que está alrededor del 73% y el producido con el insumo del maíz fluctúa entre el 20% y el 40%. En este aspecto no hay punto de comparación. Y no hay que perder de vista que Colombia, como signataria del Acuerdo de París adquirió el compromiso de reducir sus emisiones de GEI en un 51% hacia el 2030 y que por lo tanto el etanol producido en el país contribuye mucho más a alcanzar dicha meta que el etanol importado!
Queremos llamar la atención sobre el error del presidente Petro al pedirle al Ministro de Minas y Energía Edwin Palma a “quitar el subsidio al etanol y al biodiesel”, confundiendo la excepción de la que es objeto de los gravámenes aplicables a los combustibles de origen fósil, que es sólo un incentivo para sustituir a estos por aquellos, que contribuyen a la reducción de las emisiones de GEI. Su política de favorecer las importaciones de etanol en detrimento de la producción nacional va a contrapelo de lo dispuesto en el Plan de desarrollo de su gobierno, el cual propende por la diversificación de la economía, la reindustrialización y el impulso del sector agrícola.
En lugar de frenar esta industria se debería apalancar incrementando el porcentaje de la mezcla. De esta manera, además, se incrementa aún más la sustitución de las importaciones de combustibles al país, las cuales superan el 40% en tratándose de la gasolina y el 15% del diésel. Ello es tanto más conducente y pertinente si nos atenemos al pronunciamiento de la Agencia Internacional de Energía (AIE), a la que acaba de ser admitida Colombia, en el sentido de que “los biocombustibles son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”, en particular el sector automotor. Incurre el Gobierno, entonces, en una gran contradicción, que es menester corregir y así evitar males mayores. ¡Más coherencia, por favor!
Las leyes 693 de 2001, de mi autoría y la Ley 939 de 2004 dispusieron la obligación de dichas mezclas en todo el territorio nacional, en el primer caso a partir de 2005 y en el segundo a partir de 2008. 21 años después de contribuir con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 3,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en el 2025 y 950 toneladas de material particulado, causantes del Cambio climático y nocivas para la salud, especialmente en los grandes centros urbanos, la cadena productiva de etanol está amenazada por la miopía, la ambigüedad y la falta de coherencia de la política pública del actual gobierno, poniendo en riesgo el avance de la Transición energética justa que tanto pregona.
Veamos. El detonante de esta crisis del etanol está en la avalancha del etanol importado, que ha venido ganando cada vez mayor participación en el mercado doméstico. Hasta el año 2016, la producción nacional daba abasto para satisfacer la demanda interna y sólo a partir del año siguiente empieza a abrirse paso el etanol importado desde los EEUU, escalando en los siguientes años hasta alcanzar el 40% en 2023 y más recientemente, entre los años 2024 y 2025, superando el 50% del mercado.
Cabe preguntarse cómo se explica este cambio tan dramático en tan corto tiempo. Una primera aproximación a la respuesta nos lleva a constatar un viraje desde la entrada en vigencia de la Resolución 90454, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que entró en vigencia en abril de 2014, limitando la importación a los volúmenes necesarios y suficientes para cubrir el déficit y asegurar el cumplimiento del porcentaje del 10% de la mezcla (E-10), que luego fue derogada por la Resolución 41053 de mayo de 2017, liberando las importaciones. La reacción no se hizo esperar, las importaciones pasaron desde los 68 millones de litros en 2026 a 269 millones de litros en 2019, hasta alcanzar el récord de los 437 millones de litros en 2025, favorecidas por la diferencia entre el precio del etanol regulado producido en el país y el precio de paridad importación, altamente subsidiado.
Y las consecuencias están a la vista: la inundación del mercado interno con las importaciones de etanol y no “la sobreproducción” de la que habla el Presidente Gustavo Petro, atribuyéndola a un supuesto “exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y a un uso ineficiente de la tierra”, ha dado lugar a que los inventarios estén al tope, superando los 54 millones de litros, amenazando a toda una cadena con sus 286 mil empleos formales en más de 50 municipios del país, con preponderancia en sus áreas rurales. De allí el S.O.S lanzado por el vocero del Sindicato de trabajadores agropecuarios Jhonson Torres, al demandar del Gobierno Nacional “se firme la Resolución de estabilización de precios”, la cual pasa por tomar como referencia los costos en que incurren los productores de etanol y no el precio del azúcar en Londres, que viene causando distorsiones en desmedro de la industria nacional.
Hay dos aspectos que no se han tenido en cuenta a la hora de liberar las importaciones y desproteger la producción nacional de etanol. El primero de ellos tiene que ver con el dumping del etanol importado, el cual es objeto de múltiples subsidios en su país de origen, desde las siembras de maíz, que es su materia prima hasta las plantas refinadoras, entre el 22% y el 32%, amén de su protección con altos aranceles.
El otro aspecto a considerar es que hay una diferencia abismal en la reducción de las emisiones de GEI del etanol producido a partir de la caña de azúcar como materia prima, que está alrededor del 73% y el producido con el insumo del maíz fluctúa entre el 20% y el 40%. En este aspecto no hay punto de comparación. Y no hay que perder de vista que Colombia, como signataria del Acuerdo de París adquirió el compromiso de reducir sus emisiones de GEI en un 51% hacia el 2030 y que por lo tanto el etanol producido en el país contribuye mucho más a alcanzar dicha meta que el etanol importado!
Queremos llamar la atención sobre el error del presidente Petro al pedirle al Ministro de Minas y Energía Edwin Palma a “quitar el subsidio al etanol y al biodiesel”, confundiendo la excepción de la que es objeto de los gravámenes aplicables a los combustibles de origen fósil, que es sólo un incentivo para sustituir a estos por aquellos, que contribuyen a la reducción de las emisiones de GEI. Su política de favorecer las importaciones de etanol en detrimento de la producción nacional va a contrapelo de lo dispuesto en el Plan de desarrollo de su gobierno, el cual propende por la diversificación de la economía, la reindustrialización y el impulso del sector agrícola.
En lugar de frenar esta industria se debería apalancar incrementando el porcentaje de la mezcla. De esta manera, además, se incrementa aún más la sustitución de las importaciones de combustibles al país, las cuales superan el 40% en tratándose de la gasolina y el 15% del diésel. Ello es tanto más conducente y pertinente si nos atenemos al pronunciamiento de la Agencia Internacional de Energía (AIE), a la que acaba de ser admitida Colombia, en el sentido de que “los biocombustibles son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”, en particular el sector automotor. Incurre el Gobierno, entonces, en una gran contradicción, que es menester corregir y así evitar males mayores. ¡Más coherencia, por favor!
Nunca han dejado de asombrarme los poderes persuasivo y disuasivo de la superstición, que no religión, comoquiera que tales han determinado la conducta humana en distintos momentos de la historia, y en tan variados niveles y personas. Es al menos curioso, por ejemplo, que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de Indias, a diferencia de sus homónimos de México y Lima, cesara en sus funciones dos años después de declarada la independencia de España en lo que hoy es Colombia, o sea, en 1821. En los otros dos casos mencionados, los respectivos tribunales de la Inquisición dejaron de juzgar la ortodoxia de la fe católica en 1820, esto es, incluso un año antes de la fecha de consolidación de sus independencias, que en ambos casos fue en 1821.
Toca hacer propósito de enmienda y transformación honda. El mundo está siendo atravesado por un creciente número de conflictos; que, en lugar de cesar, toman más fortaleza; minando el espíritu armónico y la seguridad internacionales, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Indudablemente, la propagación del extremismo violento ha agravado aún más la crisis humanitaria, que ya sobrepasa los límites de una determinada región. A toda esta preocupación hay que sumarle, el retorno de la rivalidad entre las grandes potencias. Menos mal que los jóvenes cuestionan cada vez más la ortodoxia nuclear y el papel tradicional de las armas nucleares como garantes de seguridad. Esto debe injertarnos esperanza y un mayor sentido de responsabilidad.
Colombia enfrenta una situación fiscal delicada como resultado de un manejo irresponsable del gasto público. Se estima que el déficit fiscal finalizó el 2025 en 8% del PIB, el nivel más alto de la historia reciente del país, incluso por encima del registrado durante la pandemia. Pero el problema no es solo el tamaño del déficit. Es su origen.