La situación integral que atraviesa Riohacha es grave; la crisis en aspectos determinantes de la calidad de vida de sus habitantes tocó fondo, con visos peligrosos para el orden público y la estabilidad institucional mientras las autoridades responsables viven, un marasmo incomprensible.
En seguridad, tenemos, proporcionalmente a nuestra población, uno de los más altos índices de inseguridad en el país, con asesinatos selectivos que incluyen a líderes comunitarios, ex-funcionarios de alto nivel, a niños, mujeres, estudiantes y otros sin que hasta hoy se escuche, por parte de las instituciones competentes, que se judicializó a algún responsable de estos delitos que tienen a la ciudadanía en vilo.
La crisis en que está sumida la ciudad ante el deterioro de sus vías de circulación vehicular y peatonal urbanas por las obras de infraestructura que se realizan en la ciudad a ritmos paquidérmicos, lo que ha permitido que la ola invernal altere su ejecución y dificulte el cumplimiento de las mismas en los tiempos programados.
Esto ha generado incomodidades, perjuicios, daños de gran envergadura económica a los residentes de los sectores afectados y colocando a toda la ciudad en un alto riesgo sanitario.
Es ya común el ver cómo, casi permanentemente, las aguas negras fluyen de los manjoles del sistema colapsado de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad mezclándose con las correntías de aguas de lluvia con fétidos olores y peores consecuencias en los pies y la piel de quienes tienen que caminar sobre ellas.
¿Y dónde estarán los interventores de estas obras? ¿Qué están haciendo frente a tamañas inconsistencias en las mismas? ¿Tienen pólizas de cumplimiento estos contratos? ¿Tienen oficinas jurídicas que las hagan efectivas ante fallas de los contratistas los entes territoriales que los adjudicaron? ¿Los funcionarios encargados de ello tienen autoridad moral para proceder contra los contratistas? ¿Por qué no lo hacen?
Las empresas prestadoras de servicios públicos están haciendo lo que les viene en gana con los usuarios, sobrefacturando, extorsionando, desconociendo sus derechos legales en los procesos de reclamación que se presentan a diario ante ellas, constriñendo al usuario a pagar deudas inexistentes a través de documentos anexos a las facturaciones.
Todo ello, bajo la vista cuasi ciega de las instancias de control locales, las autoridades territoriales y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que, por su desempeño, más parece un apéndice de estas empresas y a su servicio que la entidad encargada de su vigilancia en defensa de los derechos de los usuarios.
La prohibición del comercio de combustibles venezolanos en La Guajira, actividad de la que detentan su supervivencia un gran número de ciudadanos ante la falta de fuentes de empleo por incompetencia del estado, orillándolos a la delincuencia como medio para subsistir, y por otro lado, generando la nueva legislación sobre la distribución de las regalías, que nos cercena olímpicamente un alto volumen de recursos que necesitamos a gritos con las excusas del mal manejo de esos recursos sin mirar hacia AIS ni a Karimagua, hacia la cacareada Seguridad Democrática.
La Gobernabilidad es la participación activa y decisiva del Gobierno en la solución de los problemas y la superación de las necesidades básicas de todos sus gobernados, y aquí en La Guajira, con índice del 65% en necesidades básicas insatisfechas, un altísimo desempleo real, no el del DANE, crisis en los servicios públicos domiciliarios, hambre a nivel de población rural, indígena y no indígena, quiebra en los entes de salud, deserción en educación por hambre, vías de comunicación destrozadas por el invierno, sin programas de prevención de desastres y muy pocos para su atención, muy baja participación del guajiro en los megaproyectos locales, ¿ En dónde está La Gobernabilidad?.