Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
En estos días he visto correr a muchas personas tenedores y propietarios de predios urbanos en Riohacha. Sudados y con pañuelo en mano, los he visto circular estresados entre las Oficinas de Impuestos Municipales, la Notaría y la Inspección de Policía. No pueden dormir tranquilos. Ellos sienten a profundidad la preocupación causada por la amenaza de ser invadidos por personas extrañas o “desplazados”, que sin control ya tienen tomadas más de 7 hectáreas de tierra en diferentes sectores.
Las casas en “canilla”, bahareque y cartón, se constituyen en los “cambuches” que se integran al paisaje y que poco a poco se vienen consolidando en los bordillos de los ejes viales que conectan a la capital departamental con Maicao y el Sur de La Guajira. Vemos las invasiones cuando nos aproximamos a las salidas que tiene la ciudad. Se encuentran en los predios cuyos propietarios fueron empleados de la Contraloría Departamental. Antes, las vimos en los terrenos baldíos sobre la Troncal del Caribe cerca a Copacabana. Hoy también están detrás del mercado público y en el contorno de Villa Charín. Esto no es una plaga, son los desplazados de la nación. Allí están, ellos son.
¿Como podemos explicar esta situación social y económica por la que está pasando la población de Riohacha? En primer lugar, las masivas invasiones urbanas que viene haciendo la población en condiciones de desplazamiento, nos revelan que el gobierno local, el departamento y la nación no han podido abordar de la mejor manera el tema de la protección sus derechos, que la Corte Constitucional ordena a través de una atención prioritaria de carácter diferencial.
En Colombia, el desplazamiento forzado es la expresión dramática de una de las características más problemáticas y distintivas de la guerra irregular en el marco de las dinámicas estratégicas y militares de la geopolítica del conflicto. Los analistas del tema lo identifican y las cifras lo reafirman como un proceso que aún no se detiene y se hace cada vez más crítico, ya que a las personas en condiciones de desplazamiento forzado no se les vienen garantizando como víctimas, el goce efectivo de sus derechos.
En segundo lugar, se pone sobre la mesa el alto y significativo déficit de vivienda que tiene el departamento de La Guajira, situación que pasa de amarillo a rojo oscuro. En un estudio reciente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), arrojó como resultado que en La Guajira existen cerca de 36 mil hogares que requieren una vivienda, lo que se constituye en un detonante social con impactos evidentes en el orden público, que puede generar en más violencia, dado que muchos propietarios invadidos, se ven abocados a tomar medidas de hecho para recuperar sus predios frente a la poca reacción de las autoridades municipales y de policía.
En Riohacha, la cosa está que arde. Nuestra capital presenta uno del mayor déficit de vivienda por cada mil habitantes en la Costa Caribe y el país. Para resolver este problema se requiere construir 12 mil viviendas. Como ello no se puede hacer de inmediato y si nos proponemos erradicar dicha situación en 20 años, implica que la ciudad debe hacer un esfuerzo para construir cerca de 1.115 viviendas por año y de manera continua. ¿Estarán los precandidatos a la Alcaldía Municipal de Riohacha enterados de esta situación y especialmente en lo que hay que hacer para salir del estrés social que actualmente mantenemos por la presión del desplazamiento y la falta de viviendas?, yo creo que no. No está en sus agendas.