El pasado 21 de enero se informó a la opinión pública que “Colombia podría tener su propio satélite en el espacio”, noticia que me causó una grata sorpresa en la medida que desde mi gestión como ministra de tecnologías de la información y las comunicaciones, promoví la adquisición del Satélite de Comunicaciones Sociales de Colombia – SATCOL, avalado por los documentos Conpes 3579 y 3613 de 2009.
En su momento, se definió, a partir de rigurosos estudios de oferta y de demanda, que el Estado Colombiano debía asegurar un segmento satelital de 54.5 transpondedores para el año 2019 con el fin de proveer conectividad de Internet para la regiones apartadas del país, con énfasis en 50,010 instituciones públicas (instituciones educativas, alcaldías, instituciones de salud, bibliotecas, centros de gestión agroempresarial, entre otras). El objetivo era apalancar procesos de uso y apropiación de la tecnología para reducir las brechas socioeconómicas derivadas del aislamiento geográfico. Así el gobierno nacional decidió implementar un esquema satelital de comunicaciones que incluyera: i) un satélite de comunicaciones fijas propio (para suplir una demanda de 36 transpondedores), y ii) alquiler a largo plazo o demás esquemas que se encuentren viables, para suplir el resto de la demanda.
Se aprobó destinar recursos cercanos a los USD$250 millones, y en dos ocasiones se abrió proceso licitatorio para su adquisición. La primera vez, debido a restricciones asociadas con el mercado de seguros y a rigideces del marco legal tributario y de contratación estatal, el proceso fue declarado desierto. En la segunda oportunidad, el proceso fue suspendido por señalamientos de inutilidad y posibles nexos contractuales de uno de los proponentes con el hoy “amigo” gobierno de Venezuela, provenientes del entonces candidato presidencial y ahora vicepresidente, Germán Vargas Lleras.
Además, el ministro TIC del gobierno Santos, Diego Molano Vega, decidió redestinar los recursos del satélite para desplegar una red troncal de fibra óptica para todos los municipios de país (se destinaron aproximadamente USD$200 millones). Colombia cuenta hoy con 1,078 municipios con un nodo de fibra óptica municipal, pero carece en muchos sitios del fin último que es llegar a los hogares, empresas e instituciones con conectividad, lo que se conoce como la última milla.
Con las condiciones topográficas de nuestro país la tecnología satelital es la solución prevaleciente de última milla para las zonas rurales y más apartadas de nuestra geografía. Pero fue sólo hasta 2013 a través del documento Conpes 3769 de 2013, que el gobierno Santos reconoció esa necesidad a través de la iniciativa “Proyecto de Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en zonas rurales y apartadas – Kioscos Vive Digital”.
Según el mismo documento, el gobierno destinaría USD$215 millones en el período 2013-2017 para instalar 4,200 Kioscos Vive Digital, los cuales seguramente emplean la conexión satelital para la provisión del servicio de acceso a Internet. Como se puede ver, los recursos destinados para un potencial de 50,000 instituciones públicas pasaron a financiar 4,200 telecentros de acceso comunitario a Internet. Las cifras hablan por sí solas.
Más recientemente, frente a la iniciativa del exvicepresidente Angelino Garzón de adquirir un satélite con fines distintos, para la observación de la tierra, el gobierno Santos notificó, nuevamente por su ahora vicepresidente, Germán Vargas Lleras, que por motivos de conveniencia económica se suspendía el proceso de adquisición de dicho satélite, el cual tenía un costo estimado superior a los USD 250 millones, que coincidencia.
Después de estos ires y venires del gobierno Santos, contradictoriamente hace dos semanas, se anuncia que están estudiando la viabilidad de una APP en la cual el país tendría que invertir USD $268 millones en 15 años para gozar de los beneficios satelitales, mediante un contrato de arrendamiento de largo plazo (leasing satelital), de apenas 18 transpondedores en el satélite Eutelsat 115 West B (ya en órbita). En números gruesos, se trata de un negocio de leasing que casi por el mismo precio hubiera permitido tener el satélite propio dimensionado.
En conclusión, la improvisación del gobierno Santos en materia de provisión de conectividad a Internet en las zonas apartadas del país ha abierto el espacio para un derroche presupuestal en el que los grandes beneficiarios son los proveedores de la industria satelital y los grandes perjudicados son los colombianos del ‘posconflicto’.
Por: María del Rosario Guerra de la Espriella
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