De La Habana viene un barco cargado de … (Punto 1)

De hecho es necesario que la ciudadanía entienda, además de que se va a desmovilizar un grupo guerrillero y que van a callarse sus fusiles, lo que el Gobierno Santos, en nombre de todos nosotros y el Estado Colombiano, ha otorgado o está entregando para que ello ocurra. En este sentido, después de darle lectura detallada al punto 1, se podría realmente indicar qué es lo que tiene ese Barco proveniente de La Habana, como en el popular juego de niños. En primer lugar, la Reforma Rural Integral parece un modelo trasnochado de los años 60's. De hecho se hace énfasis en la economía familiar y comunitaria, el cooperativismo y en el acceso a la tierra por parte de pequeños y medianos productores, olvidando que, en el mundo globalizado, tiene que darse un espacio importante para la producción agroindustrial a gran escala, que es la que de verdad trae riqueza y desarrollo. En segundo lugar, en la redacción del acuerdo se mezclaron dos voces encontradas respecto a la regularización de la propiedad rural. Por un lado, la del Gobierno, que hace énfasis en la propiedad privada y los titulares legítimos del derecho de dominio o propiedad y, por otro lado, la de las Farc, que hace énfasis en la regularización por parte de los poseedores y explotadores de la tierra. Esto implica que se podría abrir una puerta a la legalización de tierras por parte de los poseedores o explotadores de la misma, en perjuicio de los legítimos propietarios, y la adjudicación a gran escala de tierras, que implique el crecimiento de los minifundios, con la consecuencia fatídica de empobrecer aun más al campo y a los campesinos. En tercer lugar, así actualmente la Ley 160 de 1994 permita la extinción de dominio por falta de explotación de los predios rurales por más de tres años, se incluye un aspecto para la extinción de dominio: el incumplimiento de la función social. ¿Qué es y cómo será reglamentado? No lo sabemos. Lo cierto es que el acuerdo lo contiene y va en desmedro de la propiedad privada. Finalmente, el acuerdo deja abierto a que sean las Farc y el Gobierno los que acuerden el marco de formación y actualización catastral, lo que impactará en el recaudo municipal, el desarrollo agrario y la desconcentración en la propiedad de tierras improductivas. Cabe de todas maneras mencionar que este punto trae un programa, muy positivo, de inversión en infraestructura (electricidad, conectividad, riego, agua potable y vías), educación, salud, vivienda, subsidios, asistencia técnica y créditos, pero todo ello con énfasis en la economía familiar, solidaria y cooperativa. Aunado a lo anterior, deja que se determinen los criterios de priorización de la inversión a unos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para que estos establezcan las zonas y las inversiones con la participación de las comunidades (no se sabe cuáles y quiénes) y de seguimiento y evaluación por los mecanismos establecidos en el Acuerdo (punto 6). Parecería entonces que las Farc tendrán mucho que decir y mucho que ganar, a nivel político en las regiones, con la implementación de estos acuerdos agrarios, conforme a que podría reivindicar todas estas inversiones. Para concluir, no es claro, por lo menos no actualmente, de donde saldrán los recursos, los cuales además podrían ser mejor utilizados para que el campo produzca más y participe en su propia transformación.