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Escrito por:

Amilkar Acosta Medina

Amilkar Acosta Medina

Columna: Opinión

e-mail: amylkaracostamedina@gmail.com



Me precio de ser el autor de la Ley 693 de 2001, mediante la cual se obliga la mezcla en todo el territorio nacional de un porcentaje de etanol con la gasolina-motor, la cual, al oxigenarla, contribuye a reducir las emisiones de GEI. Desde el año 2005 entró en vigor y Colombia se ha posicionado como el tercer productor – consumidor de etanol, después de EEUU y Brasil. A partir del análisis de ciclo de vida de la cadena del etanol producido en Colombia, este está contribuyendo a reducir 2.5 millones de toneladas/año de GEI, equivalentes a 6 puntos porcentuales de la meta de reducción del 20 %. En los Planes de Acción Sectorial (PAS) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Transporte “se considera estratégico abordar el sector de biocombustibles, dada su estrecha relación con el sector energético y el sector agrícola en materia de mitigación de GEI”.

La Resolución del Ministerio de Minas y Energía 90454 de 2014 permitía la importación de etanol, siempre y cuando fuera para suplir el déficit de abastecimiento del mercado doméstico, pero luego la Resolución 41053 de 2016 liberó totalmente la importación, inundando el mercado interno y desplazando la producción nacional. Esta decisión iba a contrapelo de los propósitos de la Ley 693 de 2001, así como de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo del “crecimiento verde” como “estrategia transversal”, toda vez que el etanol importado desde EEUU no cumple con el cometido de reducir las emisiones de GEI, amén de que afecta la seguridad energética, el desarrollo agrícola y la generación de empleo e ingresos por parte de la industria nacional del etanol, que son los fines primordiales de la Ley y del programa de los biocombustibles.

En efecto, mientras la demanda interna de etanol para la mezcla es de 1.430.000 litros/día, la capacidad instalada de producción de las ocho plantas en operación es de 1.970.000 litros/día, es decir que Colombia tiene como autoabastecerse y sólo estacionalmente se presentan baches por cubrir con importaciones muy puntuales. Cabe advertir que desde 2014 les quedó terminantemente prohibido exportar el etanol producido en el país sin antes garantizar el pleno abastecimiento del consumo interno.

Pero, lo más censurable de esa laxitud y permisividad frente a las importaciones es que estas transgreden los objetivos de la política pública en materia ambiental, toda vez que mientras el etanol producido en Colombia a partir de la caña de azúcar reduce las emisiones de GEI en un 74% el que se importa desde EEUU, producido a partir del maíz, escasamente las reduce en un 21 %, según lo certifica la Agencia de Protección Ambiental (EPA). De allí que en el mismo EEUU, especialmente en California, Oregón y Washington, la Política Ambiental (RFS2) se limita su consumo a 56.000 millones de litros/año; razón por la cual sus destilerías cuentan con más de 3.000 millones de litros de excedentes, parte de los cuales son los que han venido ingresando al país. En el primer semestre de este año alcanzaron a entrar al país, según el Ministerio de Minas y Energía, 30.5 millones de litros provenientes de EEUU.

Aparte de que no cumplen con los estándares mínimos en cuanto a las reducciones de las emisiones de GEI, que si se les exigen al producto nacional, en la práctica este último es sometido a una competencia desleal, dado que el etanol producido en EEUU a partir del maíz es objeto de múltiples subsidios que van desde los que recibe quien cultiva el cereal, pasando por la planta que lo procesa para obtener el etanol hasta el consumidor final del mismo.

Por fortuna, con la expedición de la Resolución 1962 del 25 de septiembre de este año y su entrada en vigencia a partir del 25 de octubre, el Ministerio de Ambiente niveló la cancha, al establecer “el límite del indicador de cociente del inventario de emisiones de GEI del etanol anhidro combustible desnaturalizado”.


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