Proteger al presidente Duque

Como es natural su vocería la tienen los gremios que los representan cuya función principal es haber "lobbying" ante distintas instituciones del gobierno o del Estado en general, cuando se requiere, de manera que los intereses de sus jefes se protejan o se fortalezcan. Cae entonces en los presidentes de estas agremiaciones, empleados superbién pagados, cumplir esta tarea. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, lo que ha venido sucediendo particularmente en este período presidencial, es que precisamente quienes manejan los gremios de los grandes productores consideran que tienen todo el derecho, convencidos de la importancia que el gobierno les otorga, de hacer planteamientos de políticas públicas que obviamente tocan la vida de amplios sectores del país. Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones, propone que se acabe el régimen de prima media que maneja Colpensiones, y solo se dejen los fondos de ahorro voluntario; Anif, el gremio de instituciones financieras, explícitamente recomienda que a los jóvenes se le paguen salarios inferiores al mínimo y últimamente, que se acaben los intereses de cesantías y el 4% de las nóminas dirigidos a las Cajas de Compensación Familiar. Estos planteamientos gremiales precisamente porque se conoce la cercanía con el presidente Duque, se interpretan por parte de la ciudadanía como decisiones de política pública con una alta posibilidad de ser realidad. Es decir, hoy nadie en Colombia cree que estos pronunciamientos gremiales son simples globos que no se concretarán. Por consiguiente, nadie debe sorprenderse y menos los empresarios de que se genere algo que el sector público conoce bien pero que el sector privado ignora. Se trata del costo político que no es otra cosa que la reacción negativa de quienes se sienten afectados por estas propuestas relacionadas claramente con la calidad de vida presente y futura de millones de colombianos. Ahora bien, lo que ya no es un supuesto sino una realidad es que ha sido el gobierno el que paga el costo de manera inmediata de estos planteamientos que se hacen desde esa orilla que no está acostumbrada a responderle al país por sus ideas. La prueba es que esas propuestas incentivaron la iniciación de las manifestaciones de protesta contra el gobierno que se iniciaron el 21 de noviembre del 2019, que seguirán en este año y que nadie sabe hasta cuándo durarán. Aunque el gobierno las negó, desautorizó al sector gremial, el daño para la gobernabilidad está hecho. El mensaje sobre la estrategia empresarial actual para proteger al presidente está fracasando porque de nada sirven los homenajes de empresarios prestantes a puerta cerrada al presidente Duque, si los gremios que los representan no miden las consecuencias de sus propuestas, si no tienen la precaución de prever que con sus planteamientos prenden al país porque ignoran el costo político de sus ideas que obviamente no consideran a quienes afectan. Por ello a los dirigentes gremiales no se les puede dar la posibilidad de asumir funciones que claramente son del Estado. Hay maneras más sutiles, y de eso saben los lobbystas, de incidir sobre decisiones gubernamentales como lo han hecho por siglos quienes gozan de un gran poder económico. El mensaje para el sector empresarial es que esta forma de proteger al Presidente Duque lo que ha logrado es hacerle un enorme daño difícil de reparar. Un gobierno manejado por gremios así sea solo la percepción de la gente, es absolutamente contraproducente tanto para el presidente como para el sector empresarial. No en vano hoy tanto el gobierno colombiano como este sector tienen muy bajos niveles de aceptación.