Hemos visto que senadores y representantes laboran con dedicación en la redacción del proyecto sobre aspectos laborales.
Sinceramente estamos sometidos a un gobierno que confunde y con absoluta seguridad señalamos que sobre el tema del poder popular o primario para decidir sobre los programas del gobierno, la ciudadanía ya votó y eligió a sus representantes en el Congreso y al actual presidente.
En ningún aparte de la Constitución Política de Colombia se establece que el presidente puede promover protestas, manifestaciones, movilizaciones, marchas y mucho menos una huelga general, tal y como lo viene pregonando Gustavo Petro y otros funcionarios del actual gobierno nacional.
Lo que sí establece la Constitución es que el jefe del estado debe acatar, respetar y hacer cumplir las disposiciones de los órganos legislativos y judicial y por eso, en tiempos pasados, hemos conocido situaciones de presidentes que, ante un fallo contrario a sus intereses, declaraban no estar de acuerdo pero lo aceptaban...
En lo que sí debe estar interesado el mandatario es en cumplir fielmente lo establecido en la Constitución; en materia de funciones el presidente debe administrar y ejecutar las cuestiones del Estado, dirigir el país, garantizar los derechos y libertades de los colombianos y velar por el orden público.
El presidente no debe insistir en las consultas populares; ya el Senado negó la de las 12 preguntas y sinceramente hemos visto que, en el poder legislativo, Senado y Cámara, sus integrantes laboran con dedicación en la redacción del proyecto sobre aspectos laborales.
Insistir en una consulta popular, por la millonaria inversión, afectará las finanzas del estado y es inadecuada e inapropiada. La tal consulta popular, ahora ampliada a 16 preguntas, es un sofisma de distracción y, con absoluta seguridad, el gobierno petrista lo que pretende es confundir a la gente. Afortunadamente un buen porcentaje de los colombianos no creemos en esas propuestas; la cuenta de los proyectos de Gustavo Petro que no ha cumplido es muchísima; además, como ejemplo, en el caso de la capital colombiana, Bogotá, mantiene el propósito de obstaculizar la construcción del sistema Metro.
Con plena seguridad, lo más importante y para que todos los integrantes del actual gobierno nacional y la clase política lo entiendan y hagan cuentas es muy poco el tiempo del que dispone la actual administración, menos de 15 meses; como lo anotó el comentarista Luis Noé Ochoa Galvis en una reciente columna sabatina de opinión en un diario capitalino, el país se derrumba y nosotros de rumba".
Para finalizar aseguramos que insistir en una consulta popular, por la millonaria inversión, además de inadecuada e inapropiada para el momento económico que se presenta en el país, afectará las finanzas del gobierno nacional, del sector empresarial e industrial de Colombia, la clase trabajadora, los trabajadores en la informalidad y, en términos generales, en los hogares y la comunidad; para el caso es válida la frase de Fabio Echeverry Correa, cuando ocupó la presidencia de la Andi, en febrero de 1981, él aseguró, "la economía va bien, pero el país va mal" claro que en la actualidad "la economía va mal y el país peor".