El domingo próximo los ciudadanos colombianos tendrán la responsabilidad histórica de castigar al Gobierno por su notorio mal trabajo de los últimos cuatro años. Ese voto (que se espera libre y ojalá informado) esta vez no puede materializarse con alguna variedad de “abstención activa”, o similar, pues eso sería dar cancha para que los cuadros oficialistas hagan valer a sus incomprensibles incondicionales, y así ganen la elección por fuerza de incomparecencia de la oposición. En realidad, se necesitaría de una convocatoria monumental, de los dos candidatos viables, para vencer en las votaciones de dentro de tres días, más allá de toda influencia indebida. Teniendo en cuenta que el candidato gobiernista conserva posibilidades de imponerse, ante todo por lo invisible de su campaña, entiéndase por “vencer”, para el domingo, cualquier resultado que lleve a la segunda vuelta electoral.
A ese antivoto (voto castigo) debe, pues, dársele dirección definitiva: nada de votar en blanco, anular el voto consciente o inconscientemente, o ya seleccionar candidatos sin posibilidades de ningún tipo. Si un colombiano ha prestado atención a la forma de gobernar del cuatrienio que termina, y a sus resultados palpables en la vida cotidiana, no puede tener dudas de que el viraje es deseable y necesario. La sanción social no es gratuita y debe concretarse en las urnas. En este sentido, las dos opciones de la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que pronto tendrían que unirse para el posible balotaje del 21 de junio, no pueden simplemente ser desechadas por el colombiano de a pie, ya por “provenir del establecimiento”, ya por “haber sido abogado de delincuentes” (?), etc.
¿Por qué repito estas obviedades de cada cuatro años? Porque, en el mar de información actual, no exento de engaños, insultos y distracciones, se olvida lo elemental de la democracia, que es tener la posibilidad de decidir en sentido amplio. Por eso, aunque antes se haya escuchado esto, vale recordar que el votante puede elegir, sin presiones, al presidente de la República tanto positiva como negativamente, y que en ambos casos estará haciendo lo correcto, no solo desde el punto de vista formal, sino también materialmente. La elección positiva consiste en rayar la casilla del candidato que agrada al elector, por la razón que sea, que todas son válidas; mientras la elección negativa no tiene nada que ver con agradabilidad, sino con su opuesto: se designa a uno para que otro no llegue.
Tales votos, jurídicamente válidos, son, además, democráticamente legítimos. De manera que votar negativamente, para impedir que alcance el poder una candidatura inconveniente, viene a ser una manifestación algo imprevisible de la perfección del sistema en su diseño, cuando a este no se lo ha depravado por otras vías; ya que, de no poder sufragar para solamente rechazar, apenas podríamos ejercer ese derecho en situaciones excepcionales, lo que sí sería contrario a la justicia distributiva aristotélica, y a todas las justicias. Por lo demás, el pueblo colombiano, que, por respeto a su autonomía silenciosa pero firme, no ha sido forzado constitucionalmente a votar (como el peruano, padre del término “antivoto”), ahora deberá enfrentar su destino político y, para ello, ver a su pasado.
Columna: Toma de Posiciones
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