Columnistas de La Guajira

María del Rosario Guerra

Columna: Opinión

e-mail: comunicacionesmrg@gmail.com
 

Las tretas, alianzas tramposas y artimañas que usan los comunistas y sus amigos para ganar a como dé lugar la elección a la presidencia de la República, es inadmisible. Si bien ya nada del pacto ‘diabólico’ sorprende a estas alturas de la contienda presidencial, no deja de causar estupor y rabia las actuaciones de algunos de sus más férreos alfiles.

Las artimañas, violencia en el lenguaje y actos simbólicos hostiles por parte de la campaña política de la izquierda populista, su séquito y sus seguidores contra los demás candidatos parecen no tener límite.

Han pasado 726 días desde que Colombia registró el primer caso positivo para coronavirus, tiempo en el que, como todos los países del mundo, tuvimos que aprender a vivir con esa llamada “nueva normalidad”, enmarcada en el uso diario de tapabocas, medidas de bioseguridad para salvaguardar nuestra salud, y a fusionar nuestra cotidianidad con la virtualidad, herramienta que nos permitió seguir conectados con nuestros familiares, amigos, estudio y vida laboral.

La amenaza es latente. Los narcoterroristas del Eln y de las mal llamadas disidencias de las Farc escalaron su arremetida contra el Estado en respuesta a la dura ofensiva contra sus estructuras criminales, atentando de forma cruel, salvaje y cobarde bases militares, estaciones y patrullas de Policía.

Craso error el cometido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) al incluir a Colombia en los países con riesgo de “hambre aguda”, publicación irresponsable en la que no solo se desconocieron los múltiples esfuerzos y acciones del gobierno del presidente Iván Duque para evitar la inseguridad alimentaria, sino que carece de soporte fáctico y de información veraz y contrastada.

Una vez más la Corte Constitucional insiste en desafiar a la sociedad colombiana en un tema sensible, que toca fibras y que es tan delicado como el aborto, no solo porque está en riesgo inminente la vida del que está por nacer, sino la de la madre.

Colombia ha sorteado con resiliencia una de las pruebas más fuertes de los últimos tiempos, la crisis económica, social y sanitaria desatada por el covid-19. Los efectos fueron devastadores, no solo ha cobrado la vida de miles de ciudadanos, sino que llevó a la economía a un punto de quiebre que afectó notablemente la curva de crecimiento que venía registrando.

El fuerte impacto de la pandemia, sumado a un paro inhumano y sin motivos claros, causó un deterioro en la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos.

 

Nuevamente está sobre la mesa la propuesta de reformar a la Policía Nacional. Si bien comparto que la Institución esté sujeta a cambios que le permitan mejorar y continuar su labor en materia de seguridad, derechos humanos, capacidades tácticas y de inteligencia, entre otras, para fortalecerla, también es claro que nuestra policía se ha mantenido fiel a lo que establece nuestra Constitución Política en el artículo 218, que expresa la necesidad de tener “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para que los habitantes de Colombia vivan en paz.”

La ilusión de miles de jóvenes de tener un país con más oportunidades ha sido uno de los rostros importantes de este paro nacional. Sus reclamaciones y peticiones, muchas válidas, no solo han sido escuchadas por el Gobierno Nacional, sino que dieron luz verde a un capítulo muy importante para avanzar en ese camino que permita mejorar sus condiciones de vida.

Esta semana, el gobierno de Estados Unidos reconoció no solo el compromiso, sino el esfuerzo del presidente Iván Duque y de nuestras Fuerzas Militares y de Policía en la lucha contra el narcotráfico, un enemigo transnacional.

Colombia tiene una riqueza natural incalculable. Somos privilegiados en materia de biodiversidad a nivel mundial.

Colombia no será ajeno a los impactos negativos desencadenados por la pandemia del Covid-19 en el mundo. Los retos son muchos en materia de reactivación, pero ninguno imposible para un país que está bien dirigido por el presidente de la República Iván Duque y que tiene metas claras para responder a las necesidades de sus ciudadanos. 

Es esa línea quiero referirme en esta columna a la austeridad en el manejo del Estado, contemplado en la propuesta de referendo liderada por el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático. En este punto el objetivo propuesto es promover un Estado austero que priorice los recursos para la inversión social y que reduzca el presupuesto para gastos de personal y generales en el sector público. Según informe del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la eficiencia del gasto público, en 2016 Colombia reportó uno de los Gastos en Compras Públicas más altos de la región, 10% como porcentaje del PIB, mientras que los países de América Latina y el Caribe reportaban en promedio un gasto de 8,6%. 

Al igual que muchos de los países del mundo, Colombia enfrenta una de las peores crisis en materia social y económica. Prueba de ello es la contracción que ha vivido la economía durante el 2020, que si bien en las últimas cifras reveladas por el Dane demuestran una contracción de -9% del PIB para el tercer trimestre, que fue inferior al trimestre anterior, la caída del PIB estimada para el año 2020 es del -7%.  Del mismo modo, se reconoce que como consecuencia de la caída en la actividad económica, producto del confinamiento y el cierre del 85% de las actividades por casi tres meses, hubo una importante afectación en el empleo.

Aunque los indicadores de mercado laboral presentaron una recuperación durante el mes de septiembre, con una tasa de desempleo de 15,8% luego de ser - 20,1% en abril, el reto sigue siendo enorme, tomando en consideración que el desempleo ha afectado en mayor medida a las mujeres (20,7%) y jóvenes (25,9%). No puedo dejar de mencionar los efectos negativos en materia de pobreza, donde perdimos el esfuerzo de los últimos 15 años en el país hasta llegar a bajarla al 27%. En estos meses de pandemia se estima un incremento de casi 10 puntos en el porcentaje de personas en condición de pobreza. 5.4 millones quedarían en condición de pobreza. Una tragedia social y familiar. Pero gracias al gran trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque en materia de atención a población vulnerable a través de programas sociales como Ingreso Solidario, Familias y Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y Devolución del IVA, han permitido mitigar parte de la caída en los ingresos de los hogares más vulnerables.  

Es bueno recordar que además de los ingresos tributarios, la segunda fuente importante de recursos para la atención de la emergencia es el endeudamiento. Según información del Banco de la República, para el mes de agosto, el país alcanzó un endeudamiento equivalente al 53,6% del PIB, deuda que ha sido necesaria en la pandemia, pero que debe ser pagada. Se estima que la deuda será cercana al 65% al cierre del año. Lo anterior, implica un gran desafío, para este y próximos Gobiernos que tendrán que pagarla. 

A renglón seguido, la propuesta promueve la reducción del Legislativo en un 30% y congelar durante un periodo de seis años los salarios de los congresistas. 

En la actualidad, el Congreso está compuesto por 108 Senadores, de los cuales 100 corresponden a circunscripciones nacionales, 5 curules para las Farc, como parte del Acuerdo Final, y 1 curul para la segunda votación presidencial más alta. 172 curules tiene la Cámara de Representantes, de las cuales 161 corresponden a circunscripciones territoriales, 2 por las comunidades Afro, 1 para representar a colombianos en el exterior, 1 para las comunidades indígenas y 5 para las Farc. Para el 2020, el Congreso contó con un presupuesto de $633 mil millones, y con la Ley de Presupuesto aprobada para 2021 el Congreso contará con un presupuesto de $648 mil millones, 2,3% de incremento respecto al 2020. No es sólo el salario de los congresistas sino los 50 salarios mínimos que cada uno tiene para vincular el equipo de apoyo al trabajo legislativo, más los gastos en seguridad y desplazamiento, los cuales en 2020 fueron de $22.9 mil millones para Senado y $41.8 mil millones para Cámara. 

Se estima que con el congelamiento del monto de presupuesto planteado por seis años en gastos de personal y generales del Estado el ahorro anual puede ser superior a los cinco billones de pesos. 

Quiero terminar esta columna reiterando la necesidad de establecer una cultura de austeridad en el Estado, lo cual debe ser un compromiso no solo de este, sino de los futuros mandatarios, quienes tendrán que ser responsables con las finanzas públicas, sin descuidar las necesidades de inversión, necesarias en el proceso de reactivación de la economía y la atención a la población más vulnerable.

Una minga inoportuna e irresponsable, así puedo definir la movilización que protagonizaron los cerca de siete mil indígenas que llegaron en caravana hasta Bogotá para hacerle un ‘juicio político’ al presidente Iván Duque. Un despropósito, más si se tiene en cuenta que no sólo estuvieron en el Cauca siete ministros en diálogo con ellos, sino que el gobierno ha cumplido con más del 80% de los compromisos que había adquirido.

Hace cuatro años Colombia alzó su voz y le dijo no a un plebiscito que buscaba aprobar todo lo que Juan Manuel Santos le concedió a la guerrilla de las Farc en las negociaciones de La Habana, sin importar las trampas para la institucionalidad, la democracia y la esperanza que se le vendió a los ciudadanos.

Una decisión politizada alejó del Congreso de la República al mejor senador de Colombia. Un hombre con visión sobre el futuro del país y sus retos, así como con capacidad para leer y comprender los anhelos y preocupaciones ciudadanos. Siempre firme ha enfrentado los golpes de sus adversarios, y de frente y con argumentos los ha confrontado. 

Uno de los cargos más importantes en Colombia es el de Procurador General de la Nación. A este órgano de control llega por primera vez en la historia del país una mujer: Margarita Cabello Blanco, oriunda del Caribe. Abogada, con una larga trayectoria en la rama judicial, donde ha escalado uno a uno todos los peldaños de la carrera, desde juez Penal Municipal de Sabanalarga, juez de Menores y Civil del Circuito de Barranquilla, magistrada del Tribunal Superior de la capital del Atlántico, y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la cual presidió en el 2016.

Hablar de Iván Duque es sinónimo de tenacidad, compromiso y trabajo incansable. En la mitad de su mandato presidencial llega la hora de hacer un corte de cuentas que permita resaltar algunos de los muchos logros que ha tenido su gobierno, los cuales han estado enmarcados en la legalidad, el emprendimiento y la equidad; siempre con el objetivo de construir un mejor país para todos.

Indignación y desconcierto son los sentimientos propios para describir lo que yo, al igual que muchos colombianos sentimos al conocer el fallo de la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que privó de la libertad a mi mentor, amigo, fundador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

Parecería que para algunos jueces la Fe y la espiritualidad no pueden ser ejercidas por sus líderes de manera pública, en un país donde la mayoría no sólo nos confesamos creyentes sino católicos. Se le quiere cercenar al presidente Iván Duque su derecho a vivir su fe y expresarla de manera respetuosa, apegado a la Constitución, y teniendo claro que esta consagra la libertad religiosa y de culto.

La pandemia lo ha transformado todo. Mientras peleamos una dura batalla contra el Covid-19, el acceso y uso de la internet aparecen como necesarios en medio del confinamiento al que nos hemos visto obligados para proteger nuestra salud; aislamiento que nos ha alejado de nuestra vida normal y privado del contacto con nuestros seres queridos y con la vida social.  Sí, el internet dejó de ser un servicio para tomar un rol diferente en nuestra sociedad: convertirse en el vehículo de contacto con el mundo exterior, una relación ser humano - tecnología, cada vez más estrecha.

Impunidad e incumplimiento, en esas dos palabras resumo el resultado de lo pactado en el acuerdo que Juan Manuel Santos firmó con las Farc, el primero de diciembre de 2016. Han pasado tres años, y a la fecha, ni una de las más de dos millones de víctimas de las FARC ha sido reparada con dineros de ese grupo. Y eso que el centro del acuerdo se suponía era resarcir a las víctimas, aquellas que vivieron en carne propia los deleznables actos de terror, muchos incluso catalogados como crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, reclutamiento de menores, vejámenes sexuales, actos terroristas, entre otros.

La llegada del Covid-19 a Colombia y la abrupa caída en los precios del petróleo sumieron a nuestra economía en una crisis que no se esperaba, más cuando en 2019 el país logró un crecimiento de 3,3%, el más alto desde 2014, una evidencia clara de que el país retomó su rumbo y logró una economía sólida, ejemplo para la región.

Los cultivos de coca, la extracción ilícita de madera, siembra de pastos para ganadería en zonas boscosas, los grupos armados ilegales y el uso indiscriminado de leña para actividades de familias y negocios son detonantes de la deforestación en Colombia. Los cultivos de coca, la extracción ilícita de madera, siembra de pastos para ganadería en zonas boscosas, los grupos armados ilegales y el uso indiscriminado de leña para actividades de familias y negocios son detonantes de la deforestación en Colombia.
El amor y el respeto por la vida es algo que debe inculcarse desde que los seres humanos nacemos. Ese regalo maravilloso de Dios para nosotros es algo que debemos atesorar y cuidar, no atacar ni transgredir. El amor y el respeto por la vida es algo que debe inculcarse desde que los seres humanos nacemos.

Colombia tiene una oportunidad única de ser autosuficiente en materia energética aumentando los niveles de reserva a través de la técnica de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, es decir fracking.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha sido una de las más fuertes herramientas del presidente Iván Duque para materializar sus compromisos de campaña.

La crueldad y maldad en contra de nuestros niños parece no tener fin. Los relatos de la prensa sobre los hechos acontecidos en el último mes son escabrosos, por lo que además de producir un inminente rechazo, nos llevan como colombianos a exigir contundencia en la captura y sanción social.

Terminaron las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Llegó el momento de hacer un balance de esta primera legislatura del cuatrenio 2018 – 2022.

El país fue testigo de un hecho sin precedentes en la historia de la justicia colombiana. La renuncia irrevocable del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y de la Vicefiscal María Paulina Riveros a sus cargos, sienta un precedente grave para la institucionalidad del Estado.