El Ministerio del Trabajo de Colombia emitió una nueva resolución que efectúa cambios en la forma la que las empresas manejarán las evaluaciones médicas ocupacionales, las incapacidades prolongadas y entre otras disposiciones. Con la Resolución 1843 de 2025, expedida el 29 de abril, el gobierno pone nuevas reglas para empleadores y prestadores de servicios de salud en todo el país.
Puntos clave de la nueva normativa
Cuando un médico ocupacional formule recomendaciones el empleador tendrá un plazo máximo de 20 días calendario para implementarlas; Cuando un trabajador se ausente por más de 90 días calendario sin justificación médica, deberá someterse a un examen de retorno; Cuando la incapacidad médica es mayor o igual a 30 días también se requerirá un examen post incapacidad; Las empresas deben enviar a las IPS perfiles detallados de las actividades, matriz de riesgos y estudios técnicos de cada cargo; El diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores debe ser gratuito y entregado en diciembre de cada año; Si el empleado debe viajar a otra ciudad para realizarse exámenes, el empleador debe cubrir los gastos de alimentación, hospedaje y transporte.
“Esta resolución refuerza que está completamente prohibida la realización de pruebas de embarazo, de VIH y serología.
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A menos que sean actividades de alto riesgo o las condiciones lo ameriten. La prueba de embarazo solo podrá solicitarse, con consentimiento previo de la trabajadora, en los casos en los que el trabajo a desempeñar implique riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el desarrollo normal del embarazo”, explicó la consultora Andrea Ortiz.
Asimismo, las pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas serán permitidas en casos específicos, que sean para “acciones de prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral”. Se aplicarán a trabajadores cuyas funciones impliquen riesgos para terceros, como conductores o personal operativo.
Justamente, el tema de las incapacidades es una de las preguntas que el presidente Gustavo Petro llevó hasta el Congreso para que se les interrogue a los colombianos en una posible consulta popular, la cual nace tras el hundimiento de la reforma laboral. Puntualmente, este ítem dice si está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes.
