Subsidios a los pobres dan aire a Bolsonaro en la tierra de Lula

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda a sus simpatizantes durante un acto político.

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En el conjunto del electorado, el presidente de Brasil y aspirante a repetir sigue en franca desventaja frente a Lula, quien lidera las encuestas con entre 11 y 15 puntos de ventaja.

Cumaru (Brasil) (EFE).- Los carteles con la imagen del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, surgen en las fachadas de varias viviendas humildes en Cumaru, Pernambuco, uno de los municipios más beneficiados por los nuevos y polémicos subsidios a los pobres concedidos por el Gobierno en plena campaña electoral.

La irrupción del mandatario en la empobrecida zona rural del noreste de Brasil es toda una novedad, puesto que hasta hace muy poco esta región era un reducto del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien nació precisamente en el interior de Pernambuco y es el máximo rival de Bolsonaro en las elecciones del próximo 2 de octubre.

Cumaru es un buen ejemplo de la fuerza de Lula en la región: en las elecciones de 2018, Fernando Haddad, el candidato apoyado por Lula, obtuvo el 78,9 % de los votos, frente al 21,11 % de Bolsonaro, pero ahora, el líder de la ultraderecha parece haberse abierto un hueco, en parte gracias al efecto de las nuevas ayudas sociales.

"Para nuestra gente es muy importante la ayuda del Gobierno, principalmente para comer", afirma a Efe Renato José da Silva, líder del asentamiento Boa Esperança, una comunidad rural dependiente de Cumaru donde 33 familias viven de unos pocos cultivos que brotan de la tierra semiárida, de la avicultura y del ganado caprino.

Da Silva se refiere al Auxilio Brasil, el principal programa gubernamental de ayudas sociales, que pocos días antes del comienzo de la campaña electoral tuvo un incremento del 50 % de su valor, llegando hasta los 600 reales (unos 115 dólares) por familia.

Para burlar la ley electoral, que prohíbe la concesión de nuevas ayudas sociales en años electorales, el oficialismo tuvo que aprobar una enmienda constitucional y declarar el estado de emergencia, amparándose en la alta inflación, que ronda el 10 % anual.



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