El presunto secuestro de Nancy Gómez, gestora social de Uribia y esposa del alcalde Jaime Buitrago García, vuelve a poner la atención sobre la inseguridad que denuncian habitantes y trabajadores de la Alta Guajira. La preocupación alcanza a comunidades que desde hace tiempo advierten dificultades para desplazarse y desarrollar sus actividades cotidianas.
En esta zona se ha señalado la presencia del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, la información disponible no permite establecer qué estructura estaría detrás de la desaparición de Gómez ni atribuirle responsabilidad sin resultados de las investigaciones.
Organizaciones y prestadores de servicios de salud han denunciado restricciones para ingresar a determinadas comunidades, donde, según sus testimonios, deben solicitar autorización a hombres armados. También se han conocido relatos sobre retenciones de comisiones médicas, robos de vehículos y secuestros. Estas denuncias requieren respuestas que protejan a quienes atienden a la población.
Comunidades afectadas por el temor
Las consecuencias de la inseguridad se han convertido en una situación incontrolable porque cuando un equipo médico no puede desplazarse, familias enteras pueden quedarse sin atención. Las amenazas y los controles ilegales también generan incertidumbre entre transportadores, visitantes y trabajadores que necesitan recorrer largas distancias para cumplir sus labores.
El turismo y los proyectos energéticos figuran entre las actividades que enfrentan riesgos en la Alta Guajira. Empresarios y habitantes necesitan condiciones para trabajar sin intimidaciones, mientras las comunidades reclaman que la presencia institucional sea permanente y no dependa únicamente de episodios que reciben atención nacional. Para muchos pobladores, la ausencia de controles sostenidos facilita que las amenazas vuelvan a repetirse cada semana.
Según las versiones preliminares, Gómez habría sido interceptada alrededor de las 6:10 de la mañana de este miércoles, cuando salía de un gimnasio. Las autoridades desplegaron acciones de búsqueda y anunciaron una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información efectiva que contribuya a localizarla.
Búsqueda sin conclusiones oficiales
Entre las medidas reportadas figura un plan candado destinado a impedir el traslado de la gestora social hacia otros lugares. Aunque circula la hipótesis de que pudiera haber sido llevada a Venezuela, no existe confirmación oficial de que haya cruzado la frontera.
Desde el primer momento, el jefe de Estado ordenó el despliegue total de la Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que saliera de La Guajira. Según el presidente Abelardo de la Espriella las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN.
La situación exige atención para la familia de la gestora social y para las comunidades que llevan tiempo denunciando amenazas. En Uribia esperan noticias que permitan aliviar la angustia. En toda la Alta Guajira persiste otra petición: garantías de seguridad para circular, recibir atención médica y trabajar sin pedir permiso a grupos armados.
