La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la ejecución de varios contratos relacionados con la construcción de 900 viviendas de interés prioritario en los departamentos de Cesar y La Guajira.
La actuación cobija a Jaime Alberto Pardo Parra y Víctor Hugo Macea Buelvas, quienes habrían actuado como gerentes del contrato interventor de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, ENTerritorio. El Ministerio Público busca establecer si hubo fallas en el seguimiento y control de las obras.
De acuerdo con la información conocida, las posibles irregularidades estarían relacionadas con incumplimientos contractuales, retrasos en la ejecución, debilidades en la supervisión e interventoría y ampliaciones de plazos sin la aplicación de sanciones efectivas frente a los presuntos incumplimientos.
Revisarán cumplimiento de contratos y entregas
El caso también pone bajo revisión las acciones adelantadas para garantizar la continuidad de las obras dentro de los tiempos establecidos. Según la Procuraduría, estas situaciones habrían generado demoras en la entrega de las viviendas a las familias beneficiarias del proyecto.
La entidad evaluará el comportamiento de los funcionarios investigados frente al cumplimiento de sus responsabilidades dentro del contrato de interventoría. También verificará si las decisiones adoptadas durante la ejecución del proyecto fueron suficientes para proteger los recursos públicos y los derechos de los beneficiarios.
Las viviendas de interés prioritario hacen parte de proyectos dirigidos a familias que requieren soluciones habitacionales dignas. Por eso, los retrasos en este tipo de obras generan preocupación, debido al impacto social que tienen sobre comunidades que esperan acceder a una vivienda.
Proyecto continúa en etapa de ejecución
El Ministerio Público indicó que, de acuerdo con las pruebas recaudadas hasta el momento, el proyecto aún se encuentra en ejecución. Por esa razón, la investigación buscará precisar el estado real de las obras, los avances alcanzados y las razones que habrían impedido su entrega oportuna.
La Procuraduría también revisará la actuación contractual relacionada con cinco contratos de obra vinculados a la construcción de las 900 viviendas. El propósito es determinar si existieron omisiones, falta de control o decisiones administrativas que afectaron el desarrollo normal del proyecto.
Con esta investigación disciplinaria, el ente de control busca establecer posibles responsabilidades y garantizar claridad frente a una obra de alto interés social para Cesar y La Guajira. El proceso apenas inicia y serán las pruebas las que determinen si hubo faltas disciplinarias.
