El Gobierno Nacional oficializó una adición presupuestal por $10.684 millones para apoyar proyectos de agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira. La decisión quedó establecida en el decreto 0549 de 2026, expedido por el ministerio de Hacienda para la vigencia fiscal de este año.
Los recursos serán incorporados al presupuesto del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidad que había solicitado la adición para atender necesidades relacionadas con el acceso al agua y al saneamiento en el departamento. La medida busca financiar acciones incluidas dentro del programa de acceso de la población a estos servicios.
De acuerdo con el decreto, la adición asciende exactamente a $10.684.760.333 y estará dirigida a proyectos asociados con agua potable, saneamiento básico, alcantarillado, vivienda y desarrollo rural. Estos componentes hacen parte de las prioridades definidas para mejorar condiciones básicas de vida en comunidades guajiras.
El incremento presupuestal fue aprobado luego de certificaciones relacionadas con recursos de asistencia y cooperación internacional no reembolsable. En este proceso aparecen vinculados organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Cosude.
Inversión será para agua y saneamiento
Con esta decisión, los recursos deberán destinarse a la ejecución de proyectos que faciliten el acceso de la población a servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Se trata de áreas consideradas esenciales para la salud pública, el bienestar comunitario y el desarrollo de las poblaciones beneficiadas.
En La Guajira, el acceso al agua sigue siendo una de las principales necesidades sociales y administrativas. Por eso, la incorporación de estos recursos representa una herramienta financiera para avanzar en intervenciones que permitan mejorar la cobertura, la infraestructura y la prestación de servicios básicos.
La ejecución de estos dineros quedará bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda, de acuerdo con las normas presupuestales vigentes. Las comunidades esperan que la inversión se traduzca en obras concretas, soluciones sostenibles y mejoras reales en el acceso al agua potable y al saneamiento básico.
