La senadora guajira Martha Peralta Epieyu fue citada a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que avanza por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
La diligencia fue programada para este jueves 18 de junio, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. La congresista del Pacto Histórico deberá responder por señalamientos relacionados con presunto tráfico de influencias y cohecho impropio, según la información conocida sobre el proceso.
El expediente llegó a la Corte luego de compulsas de copias enviadas por la Fiscalía, soportadas en testimonios de exdirectivos de la Ungrd. En esas declaraciones se habría mencionado el papel de la parlamentaria en contratos y gestiones relacionadas con proyectos destinados al departamento de La Guajira.
Investigación salpica contratos en La Guajira
Uno de los puntos bajo revisión tiene que ver con un contrato de maquinaria amarilla por cerca de 2.170 millones de pesos, presuntamente gestionado para obras en La Guajira. Las autoridades judiciales buscan establecer si hubo direccionamiento contractual o interés indebido en favor de terceros cercanos a la congresista.
En el expediente también aparecen versiones entregadas por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad. Ambos han entregado información a la justicia sobre el entramado que terminó exponiendo presuntas irregularidades en contratos asociados a atención de emergencias y proyectos regionales.
El caso contra Peralta se suma a una investigación de mayor alcance que ha golpeado al Congreso y al Gobierno nacional. La Corte también indaga si algunos contratos de la Ungrd habrían sido utilizados para asegurar respaldos políticos a reformas impulsadas desde el Ejecutivo.
Comisión Séptima entra en el radar
Martha Peralta ha tenido asiento en la Comisión Séptima del Senado, célula legislativa donde se han discutido reformas sociales del Gobierno, entre ellas la laboral, la pensional y la de salud. Por eso, una de las líneas de investigación busca determinar si existió alguna relación entre apoyos legislativos y beneficios contractuales.
Otra información bajo análisis señala presuntas reuniones con empresarios interesados en maquinaria amarilla para obras hídricas. En esas versiones se mencionan nombres de contratistas y órdenes de proveeduría que deberán ser contrastadas por la Corte durante el avance formal del proceso judicial.
Por ahora, la citación a indagatoria no representa una condena. La senadora tendrá la oportunidad de entregar su versión ante el alto tribunal, controvertir los señalamientos y ejercer su defensa dentro de un caso que mantiene bajo la lupa el manejo de recursos públicos destinados a La Guajira.
