Este fin de semana se debatirán en una reunión del Pacto Histórico en Santa Marta las ideas del modelo de proyecto de sometimiento a la justicia para grupos armados que presentaría el gobierno del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ante el Congreso el próximo 7 de agosto.
Los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda se reunirán con los integrantes de la bancada del Pacto Histórico para socializar las propuestas y concluir si deciden presentarlas al Congreso el próximo 7 de agosto.
El presidente electo ha propuesto un sistema de sometimiento a la justicia para grupos como el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y para disidencias de la extinta guerrilla de las Farc y el Eln.
Petro, que perteneció durante su juventud a la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) especificó que hay grupos que "son lo mismo en la práctica" y ahora se dedican al "multicrimen", pero que algunos nacieron como "insurgencia política".
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Por ello el tratamiento es diferente y a las "bandas multicrimen" sin ese legado insurgente se "les ofrece una negociación judicial" y "un sometimiento a la Justicia", por lo que se deduce que las negociaciones políticas se harán con el Eln, aunque no especificó qué sucederá con las disidencias de las Farc.
Petro también se ha propuesto retomar los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), paralizados durante el Gobierno de Duque, y ofrecer algo similar a la "paz total" que intentó Juan Manuel Santos (2010-2018) tras firmar la paz con las Farc, en noviembre de 2016.
Estas serían algunas de las ideas del modelo de sometimiento a la justicia, según lo reveló La FM:
-Penas alternativas de 8 años de privación efectiva de la libertad, como se hizo con los paramilitares en justicia y paz.
-A cambio, deben desmontar toda la estructura ilegal, entregar bienes y dejar el narcotráfico y toda actividad delictiva
-Debe haber un cese inmediato de la violencia y fundamentalmente de los ataques contra la vida y la integridad de los ciudadanos y de la Fuerza Pública
-La investigación se centraría en los máximos responsables. Los miembros de la base que no hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos podrían obtener una renuncia a la acción penal, por el delito de concierto para delinquir
-Debe haber verdad y reparación para las víctimas
-Deben suministrar información y colaboración eficaz para desmontar el narcotráfico.