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Dom, Abr

Odebrecht

Editorial
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La trama de corrupción que orquestó durante 20 años la constructora brasileña Odebrecht y que salió a la luz hace cinco años, le costó a Latinoamérica no solo retraso en sus grandes obras de infraestructura sino ver a algunos de sus mayores líderes políticos y empresariales caer en una oscura telaraña.

Desde que el 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de EE.UU. destapó el escándalo según el cual Odebrecht pagó sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de 12 países de América Latina y África para obtener beneficios en contrataciones públicas, Brasil, Perú y Colombia han padecido los casos más dramáticos.

En el gigante brasileño, en donde se creó la empresa en 1944, luego de que la operación Lava Jato destapara en 2015 el desvío de dineros de la estatal petrolera Petrobras, el caso Odebrecht arrastró consigo a centenas de políticos y ejecutivos, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2003-2010. Lula fue apresado en abril de 2018 y pasó 580 días tras las rejas acusado de corrupción y lavado de dinero.

La sombra de Odebrecht sigue planeando sobre Perú, en donde han sido implicados los expresidentes Alejandro Toledo, 2001-2006; Alan García, 2006-2011; Ollanta Humala, 2011-2016 y Pedro Pablo Kuczynski, 2016-2018, así como la líder opositora Keiko Fujimori y otros políticos y empresarios. En abril de 2019, la tragedia tocó al país cuando García se suicidó para evitar ser detenido. Para Humala y su esposa, Nadine Heredia, la Fiscalía pidió 20 y 26 años y medio de cárcel, respectivamente, y en noviembre se dictó un auto de enjuiciamiento. Por su parte, Kuczynski permanece en arresto domiciliario desde que dejó la presidencia en 2018.

El escándalo y la corrupción también llegó a Colombia con la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, que utilizaron los dineros de Odebrecht para ganar la segunda vuelta presidencial contra el candidato Oscar Iván Zuluaga. La campaña de Santos se vio en aprietos cuando pasó raspando a la segunda vuelta, y para ganarla, utilizaron los aportes de la cuestionada empresa.   Por este escándalo y corrupción solamente han sido condenados los exsenadores Otto Bula, por ser uno de los mensajeros de Odebrecht para sobornar, y Bernardo Miguel "Ñoño" Elías, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, los hermanos empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur y el expresidente de Corficolombiana , socia de Odebrecht en la construcción de la carretera Ruta del Sol II,  José Elías Melo. La justicia colombiana no ha sido capaz de judicializar y perseguir a todos los implicados en uno de los casos de soborno más descarados del país, en una campaña presidencial.

En EE.UU., este mes Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, 2009-2014, se declararon culpables en un tribunal federal de Nueva York de blanqueo de dinero y del pago de 28 millones de dólares en sobornos a un alto funcionario de Panamá en nombre de Odebrecht. Los Martinelli Linares, cuya sentencia se conocerá el próximo mayo, reconocieron su culpabilidad tras ser extraditados desde Guatemala y alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, que ha pedido entre 9 y 11 años de prisión.

El expresidente Rafael Correa y su vicepresidente, Jorge Glas, no se libraron de la trama brasileña en Ecuador. Glas fue apartado de la vicepresidencia en 2017 en medio de un juicio por el que fue condenado a 6 años de prisión. En 2020, el llamado caso "Sobornos 2012-2016" llevó de nuevo a su condena y a la de Correa, prófugo en Bélgica, por cohecho en un caso de financiación ilegal de empresas al movimiento oficialista Alianza País, entre ellas Odebrecht.

En Guatemala, el caso ha tenido como principal protagonista al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, supuestamente beneficiado con los sobornos, al igual que el excandidato presidencial Manuel Baldizón, actualmente preso en EE.UU., y el empresario Carlos Arturo Batres Gil.

En República Dominicana, el juicio concluyó el pasado 14 de octubre con tan solo dos condenas y la sensación de impunidad. El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa fue condenado a 5 años de cárcel por lavado de dinero y Ángel Rondón, exrepresentante de Odebrecht en el país, a 8 años por repartir los sobornos. La empresa admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014.

La Justicia en Argentina sigue investigando a Odebrecht en tres causas. Una por los presuntos pagos indebidos que realizó, en el proyecto para soterrar las vías del tren Sarmiento, el consorcio que integraron Odebrecht, Ghella, Comsa e Iecsa -entonces controlada por Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, 2015-2019,- a funcionarios e intermediarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner, 2003-2007 y de Cristina Fernández, 2007-2015.

En México no hay ni un solo político condenado por los sobornos, que sumaron más de 20 millones de dólares en los Gobiernos de Vicente Fox, 2000-2006; Felipe Calderón, 2006-2012 y Enrique Peña Nieto, 2012-2018.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en septiembre de 2017 que había reabierto una investigación sobre Odebrecht, tras considerar que no se habían hecho avances en la anterior administración del Ministerio Público, pero hasta ahora se desconoce información al respecto y no hay imputados. La ONG Transparencia Venezuela denunció en su último informe sobre la empresa, publicado en 2019, que en 23 de las 34 obras asignadas a Odebrecht aumentaron los montos iniciales entre un 6 % y un 926 % y al menos 17 de las de mayor envergadura están inconclusas o presentaban retrasos de 4 a 8 años.



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