El crimen organizado, la violencia y la percepción de inseguridad, fenómenos en aumento desde hace unos años en Chile, país que aún tenía la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica, se ha convertido en uno de los principales desafíos para el gobierno de Gabriel Boric.
Solo en los últimos días, en Chile se han registrado tres muertes violentas; un joven de 19 años falleció por el impacto de varios disparos en el aparcamiento de una discoteca; otro hombre murió también por las balas que recibió mientras esperaba para reparar su bicicleta; y un tercero fue encontrado calcinado en el maletero de un coche robado.
Los tres homicidios ocurrieron en barrios periféricos de la Región Metropolitana: Maipú, Estación Central y Lo Espejo, respectivamente, y se suman a una estadística negra que ha puesto en alerta a los expertos y a las autoridades.
Desde enero de 2022 hasta el 31 de agosto, la Policía de Investigaciones, PDI, registró 613 víctimas de homicidios, un 32% más que en el mismo período del año pasado; unas cifras que ya representan el 98% del total de 2019 y un 78% del 2020.
El presidente chileno, que omitió estos temas hasta la segunda vuelta de la campaña presidencial, los abordó como una de las prioridades de su gobierno, al afirmar que hay un trauma en los partidos de izquierda al hablar de seguridad y que solamente hablamos de la raíz del problema, pero cuando la cifra de homicidios está creciendo, también se quiere una respuesta ahora; ahora tenemos que ser capaces de entregar respuestas.
Otras voces han sido más determinantes, al afirmar que el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de la criminalidad, ya que desde abril que el país vive el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia.
Al respecto se debe agregar que hay un mayor nivel de organización de bandas asociadas no solo al narcotráfico, sino también a delitos comunes con uso de violencia y fuerza física. Otro factor determinante es el deterioro de las condiciones económicas y sociales en sectores vulnerables que generan condiciones para la expansión del control territorial de las organizaciones criminales, que dicho sea de paso lo hacen a través de la creación de mercados y economías ilegales que generan empleo, atención e ingresos a las familias y logran instalarse como un poder paralelo.
Este factor debe sumarse a otros fenómenos que han ocurrido en los últimos años, entre los que se citan la pandemia, la crisis económica, un clima político desfavorable para la convivencia, un repliegue de la policía en los territorios o los intensos flujos migratorios del último tiempo. La globalización del crimen y los intereses económicos de las organizaciones parecen contribuir al ingreso regular o irregular de personas que vendrían específicamente a cometer delitos, lo que no significa en ningún caso que las personas que llegan a Chile lleguen a eso, es solo una pequeña parte.
Hay que apuntar que también a la baja capacidad de la policía para hacerse cargo de este tipo de delitos, como particularidad del escenario actual, señalando un mayor uso de la violencia y armas de fuego, y el aumento de casos en los que no existe relación entre víctima y victimarios y esto se atribuye a homicidios por encargo o a los llamados ajustes de cuentas.
La ciudadanía ha revelado una preocupante alza en la percepción de la inseguridad, que en Chile ya suele ser elevada; sin embargo, el país registra la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja de Suramérica; en el 2022 la tasa alcanza 3,09, un 11% mayor que el mismo período del año pasado: es decir, Chile está a un paso de convertirse en un país poblado por maras y crimen organizado, sin desmerecer que el riesgo está ahí.
Por otro lado, el empeoramiento del escenario actual dependerá de varios factores, pero hay que subrayar que es importante que la capacidad de reaccionar, a corto y mediano plazo, que tengan instituciones policiales y autoridades frente al aumento de la criminalidad.