La reforma tributaria del Gobierno colombiano, aprobada por el Congreso la semana que está finalizando, ha despertado amores y odios entre los diferentes sectores políticos y económicos que han manifestado sus opiniones con respecto a los textos que votaron ambas cámaras.
En un principio el Gobierno buscaba recaudar 25 billones de pesos, unos 5.000 millones de dólares, con la reforma, pero los cambios hechos al proyecto de ley redujeron una quinta parte de esa cifra hasta los 20 billones para 2023 y 23 billones adicionales para 2026.
En las últimas semanas y durante los debates algunas de las propuestas iniciales cambiaron. Dos de ellas, por ejemplo, son que ya no se gravarán las pensiones altas y que la sobretasa al petróleo y el carbón se aplicará con base en los precios internacionales de los hidrocarburos.
Sin embargo, se consiguió conservar la propuesta del Gobierno de poner una sobretasa en el impuesto de renta en las empresas petroleras y carbón, del 10 % en el primer año, y un impuesto al patrimonio progresivo por cuatro años para rentas altas. También se aumentó el tributo a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas -con algunas excepciones- del 10 % en 2023, que aumentará al 20 % para 2025.
Para el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el Congreso aprobó una ley histórica cuyo propósito es contribuir a reducir una enorme deuda social. Es una herramienta que ayudará a erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos y avanzar frente a la inequidad. Según el ministro Ocampo, la pobreza monetaria se reduciría en cuatro puntos porcentuales, que equivalen a dos millones de personas; es decir, miles de hogares a lo largo y ancho de nuestra geografía que van a tener una vida mejor. Habrá que esperar si esto sucede, ya que el optimismo del ministro no es el mismo de todos los colombianos.
Ocampo insistió que esta es la reforma tributaria más liberal de la historia y la más consensuada, pues se ha destinado más de 300 horas a atender las inquietudes y resolver dudas de diversos sectores para tener el mayor consenso posible. Estas afirmaciones caben en el imaginario del ministro y del gobierno, ya que muchos congresistas denunciaron las triquiñuelas que utilizó la bancada de gobierno, para que se evitara estudiar la reforma a fondo.
La visión de la bancada del Pacto Histórico, del Partido Liberal y otros partidos que conforman la mayoría del Congreso, nunca es la misma de los colombianos y de los directores ejecutivos, presidentes, directores y gerentes gremiales de lo sectores económicos y productivos, que son, a la larga los que les toca ‘poner el pecho’ y enfrentar lo que se viene con la aprobación de la reforma tributaria que afectará la viabilidad del tejido empresarial y se sumará al contexto económico complejo que vive el país por cuenta de la inflación.
Se aprobó una reforma tributaria a pesar de los esfuerzos para visibilizar, con argumentos, ante el Gobierno y el Congreso, que se afectará negativamente la competitividad de las empresas y se debilitará su capacidad para atraer inversión y crear empleo formal como mecanismo para la superación de la pobreza; eso fue lo que hicieron los honorables congresista partidarios del gobierno, ya que el Centro Democrático y Cambio Radical, fueron los únicos colectivos políticos que lucharon para evitar el desastre que traerá más complicaciones al panorama económico nacional.
Los cambios en las reglas para las zonas francas y los impuestos para el sector minero energético, así como los tributos a productos de la canasta familiar, tendrán impacto en la creación de nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo al perderse elementos esenciales para la competitividad del país, aumentado la pobreza, el desempleo, la inflación y el dólar.
Esta reforma tributaria asfixia a la clase media, golpea a los hogares de bajos ingresos y pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país; a pesar de la oposición al impuesto a los hidrocarburos, va a hacer imposible la transición energética, lo que sueña el actual gobierno nacional.