Todos los colombianos somos conscientes de la difícil situación de inseguridad que vive el país, con intensidad en algunas regiones; sin embargo, esa preocupación no llega hasta al presidencia de la república, en cabeza de Gustavo Petro, quién no ha podido solucionar este tema y garantizarle la seguridad y vida a los colombianos.
Ahora ese preocupación se extiende aún más con los pronunciamientos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, Mapp/Oea, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el país y la Conferencia Episcopal, que manifestaron su preocupación por el grave deterioro de la seguridad en la región del Catatumbo.
Existe una profunda preocupación por el grave deterioro de la situación de seguridad en la región del Catatumbo en Norte de Santander y que se extiende con mucha penetración a otros departamentos como Cauca y Valle del Cauca, que sufren los mismos embates de los habitantes de la región del Catatumbo.
La confrontación entre grupos armados ha generado amenazas, estigmatización y ataques directos contra la población civil, liderazgos sociales, dignatarios de juntas de acción comunal, organizaciones y autoridades locales, con consecuencias humanitarias inaceptables.
Esta es una verdad que no se puede ocultar después de que seis personas, una de ellas un líder social, fueran asesinadas en la carretera que une a los municipios de Ocaña y Ábrego, localidad ubicada en el Catatumbo. El ataque ocurrió en la vereda de Oropoma de Ábrego, donde las autoridades encontraron los cuerpos de seis personas que viajaban en una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección, UNP, entidad que hace parte del aparato estatal colombiano.
Una de las personas asesinadas es el líder social Freiman David Velásquez, miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, Asuncat, quien contaba con un esquema de protección de la UNP. Igualmente en el ataque fueron asesinados Yidy Velásquez, hermana del líder social; un firmante de paz; Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, miembro de Asuncat, y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección.
Esta violencia que azota al país recibe el rechazo de manera contundente a toda acción que involucre, afecte o ponga en riesgo a la población civil en el marco de la violencia que se vive en la región.
Es hora de exigirle, no solo al gobierno nacional, sino también a los grupos armados que cumplan de manera irrestricta e incondicional las normas del Derecho Internacional Humanitario, Dih; el gobierno cumpliendo con el sagrado deber de proteger a los colombianos y los guerrilleros, grupos armados al margen de la ley, respetar la vida de los civiles, cualquiera que sea su situación.
La protección y el respeto absoluto a la población civil no está sujeta a interpretación ni a cumplimiento discrecional; así mismo se debe insistir en un llamado al Estado a garantizar la protección integral de la población en el territorio colombiano.
El Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.
En esta zona del país -formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que se enfrentan disputando tierra, negocios ilícitos y explotación de minería ilegalmente; en medio de este panorama se encuentra la población civil, que indefensa solo pide a estos actores del conflicto y al gobierno nacional, salvaguardar y respetar sus vidas.