De tiempo atrás el pueblo guajiro ha venido luchando para que su trabajo pueda entrar en las normas nacionales con el fin de que se pueda legalizar lo que hoy se considera contrabando.
Tal vez tan justas peticiones denuncian al mismo tiempo, en el subfondo del alma regional, cierto grado de indisciplina social que se traduce en desconocimiento de la autoridad, desacato al orden jurídico, irrespeto y quebrantamiento de las instituciones democráticas, solidaridad y complacencia ante este delito.
Considerando el pueblo guajiro que nuestro Estado es un país de leyes, que comporta el acomodamiento de la Constitución y las normas jurídicas de carácter legal y comprendiendo a la democracia como normal desarrollo de la vida social. En el gobierno de Lleras Restrepo un grupo de guajiro con pleno conocimientos de las leyes, expusieron al gobierno nacional, que el contrabando que se ejercía en la región no generaba terrorismo, ni protección para el crimen organizado, ni mucho menos la utilización indebida de las armas en perjuicio de la sociedad, ni tampoco para que, con tales instrumentos de violencia, se amenace la integridad de las personas, se coaccione o ejerza presión sobre la ciudadanía, aun se le hizo saber al Estado que la mercancía que entraba a la región, se importaba con las divisas que Venezuela vendía al continente, incluso la pequeñas embarcaciones que el gobierno apresaba por su mercancía ilícita, a través de la historia de los decomisos jamás se llegó a encontrar armas de ninguna especie. Se le llegó a demostrar que el trabajo instaba al encuentro con la paz, acrecentaba la seguridad, gracias al “contrabando”, La Guajira era y aún es un terruño de paz. Sin embargo, todas las intenciones de acogerse a las normas estatales no fueron escuchadas y penosamente por los caprichos estatales, se siguió la ruta de la irregularidad.
Luego de unos años, cuando el gobierno abandonó prevenir y sancionar el tráfico de estupefacientes, enfocó nuevamente a La Guajira como emporio del máximo delito nacional, al cual había que combatir a toda costa. El empeño estatal dio como resultado apresar embarcaciones que guardaban poco caudal de mercancía, pero por esta razón no dejaba de ser lesivo para el comercio, como tampoco para la paz de la región.
Por esta razón varios legistas en defensa de la región se acercaron a la Casa de Nariño, a explicarle al presidente Cesar Gaviria la situación abatida que su gobierno había causado a la región. Esta vez el gobierno manifestó leve prudencia y dictó el decreto 1706 de 1992 en la cual declaraba a Maicao, Uribia y Manaure como Zona de Régimen Aduanero Especial. Este decreto en su artículo 3° lógicamente prohibía la importación de armas, explosivos, productos precursores de estupefacientes no autorizados por el Ministerio de Salud Pública. De ésta manera el gobierno nacional empezaba a entender la necesidad del trabajo en la región.
Hoy le nace otro brazo a la necesidad de los que no poseen capital, como es el caso de la venta de gasolina en la zona fronteriza con Venezuela, el cual causa constantes disturbios al orden público. El 25 de noviembre uniformados de la Polfa atacaron con bombas incendiarias a pequeños rebuscadores de este hidrocarburo y dejó como resultado la muerte del subteniente Giovanny Palomino, muerte que aún no se ha alcanzado a esclarecer.
Días antes este cuerpo armado aduanero apresó un menor de edad como emprendedor de esta anomalía, pero la ciudadanía confirma que el menor es ajeno a la causa que le imputan.
Es urgente y conveniente que se busque un mecanismo que supere este inconveniente, porque de dejar que se acreciente, más tarde se volvería un problema insoluble, que traería para la región un inconformismo brutal que podría traducirse atroz desgracia.