Además de los indígenas, hay otros actores que se han unido a la protesta aprovechando la oportunidad para desafiar al gobierno de turno y, como se diría coloquialmente, medir el aceite.
Tercera entrega
Un punto que llama particularmente la atención es la diferencia de esta minga con varias de las ocurridas en años anteriores. Por una parte, hay que poner sobre la mesa quiénes, aparte de los indígenas, se han unido a la protesta aprovechando la oportunidad para desafiar al gobierno de turno y, como se diría coloquialmente, medir el aceite. En ese sentido, en esta ocasión no solamente bloquean los indígenas sino otras organizaciones como: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc; Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, antes Fensa; Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Pupsoc; Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima; y la bancada de oposición.
Estas participaciones de parte del sector del campesinado han sido cruciales no sólo para la duración de la protesta sino por las peticiones que se mezclan en los pliegos que han presentado al gobierno. Un tema que ha sido bandera en estos movimientos campesinos son las famosas Zonas de Reserva Campesinas, ZRC, una figura que fue abiertamente criticada y atacada durante el gobierno de Álvaro Uribe y por el Centro Democrático durante los ocho años del gobierno Juan Manuel Santos, quien tampoco logró muchos avances al respecto, probablemente por las mismas razones que expresaba su opositor Uribe sobre las ZRC como posibles espacios de apoyo y protección para grupos al margen de la ley, especialmente en la región del Catatumbo.
En teoría, las ZRC son áreas geográficas delimitadas por el Consejo Directivo del Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras, ANT, como un instrumento de ordenamiento social, ambiental y productivo de la propiedad rural y del territorio con equidad, mediante la formación, organización y participación ciudadana; tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina para superar las causas de los conflictos sociales que las afecten, reducir la presión sobre las reservas naturales y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en esas áreas.
Sin embargo, a diferencia de los resguardos indígenas y los consejos comunitarios de comunidades negras, las ZRC no son territorios colectivos, pues se respeta la propiedad privada; tampoco son territorios autónomos, por lo mismo no tienen sistemas de gobernanza que las distancien de las autoridades locales y las entidades públicas. Por el contrario, están sujetas a las diversas figuras de ordenamiento del territorio, tanto local como regional, en tal sentido los territorios donde son delimitadas son regulados por la normatividad en general, lo cual conlleva estar sujetas a las acciones, programas y políticas de control por parte de las diversas autoridades e instituciones que gobiernan local y regionalmente.
Objetivo del campesinado
El otro de los puntos de honor de los campesinos en esta minga, que además está muy relacionado con el anterior, es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Desde hace ya algunos años ha hecho recorrido en la comunidad internacional, soportados en gran parte por el movimiento de la Vía Campesina, la insistencia en la adopción de unas recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la de la ONU para reconocer el concepto de campesino como sujeto especial de derechos.
En ese sentido, el Consejo Asesor encontró que existen varias causas que sustentan la discriminación que sufre ese grupo social, a saber: “ausencia de reformas agrarias y de políticas de desarrollo rural, expropiación de tierras, desalojos y desplazamientos forzados, discriminación por motivos de género, falta de salarios mínimos y protección social, y la criminalización de los movimientos de defensa campesinos”. En esa medida, los campesinos de Colombia han estado pidiendo, por un lado que se modifique la Constitución para que por ejemplo se elimine del artículo 64 de la Carta Política el término de “trabajadores agrarios” y se hable sólo de “campesinos”, pese a que ese mismo artículo ya incluye la palabra campesinos.
En el marco de esa misma lucha, más de 1.700 campesinos presentaron una tutela ante la Corte Suprema de Justicia en el 2017 para que el término “campesino” fuera incluido en el censo nacional que adelanta el Dane. En respuesta, la Sala Penal de la Corte ordenó al Dane, a los ministerios del Interior y Agricultura, así como al Incanh que precisaran el concepto de campesino, argumentado que es la única manera de tener en cuenta a esta población para lograr que las políticas públicas tengan un impacto real y efectivo sobre ellos.
Pese a esto, el tema sigue generando preocupación en el gobierno pues de avanzarse en una línea de reconocimientos muy similar a la que hoy tienen en la Constitución los grupos étnicos, eso podría implicar a futuro una equiparación en cuanto a los problemas de restricciones que hoy se tienen en los territorios étnicos en materia de consulta previa, por ejemplo. De llegar a ese tipo de escenarios, gran parte de la ruralidad colombiana se vería bloqueada por el adelanto de consultas previas para cualquier proyecto, obra o actividad e incluso para la autonomía de alcaldes y gobernadores sobre el ordenamiento territorial.
Por último, todos estos actores que pescan en río revuelto acaban por politizar aún más la minga indígena con la anuencia de la misma población. Así, esta Minga no sólo es una protesta por el incumplimiento de acuerdos y las tierras del Cauca, es una prueba más de medición de fuerzas políticas entre el gobierno de turno y la oposición.
Temor del Estado en hacer uso de la fuerza
En la mayoría de los casos, cuando se presentan situaciones que alteran el orden público en territorio nacional, el Estado no sólo puede sino que debe hacer uso de la fuerza para restablecerlo y garantizar la seguridad y libre circulación del resto de ciudadanos. Sin embargo, en el caso indígena el tema se complejiza cuando las autoridades militares y de policía son conscientes del riesgo que corren frente a posteriores demandas que se sustentan en los amparos constitucionales e internacionales que tienen los grupos étnicos en Colombia.
En la justicia colombiana ha hecho carrera una lectura de la función militar que cada vez se ve más amenazada por un mal entendimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Desde hace ya varios lustros, lo que prima en estos casos es la protección del indígena que amenaza con un machete sobre cuello de un policía y no la protección de nuestra fuerza pública o de la mayoría de la población que se ve perjudicada por actos de violencia que ejecutan algunos grupos étnicos.
Ante este escenario, los militaren manifiestan no convicción sino temor para hacer cumplir sus obligaciones. Son comunes los casos de oficiales y suboficiales investigados y juzgados por ejercer sus funciones en casos en los que de acuerdo con la Constitución y el fuero militar deberían haberla ejercido. Por eso es tan importante una revisión de nuestro sistema judicial, en especial de la recuperación de la justicia penal militar, y de la magnitud de este problema a la luz de un análisis sobre las implicaciones que tiene para la sociedad y el Estado el hecho de tener una fuerza pública sólo para combatir a la guerrilla en el monte pero no para hacer respetar las normas en el resto del país.
Organizaciones no indígenas que participan en la minga
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc: Es una de las organizaciones campesinas más antiguas del país. Su capítulo regional en el Cauca es uno de los más activos y han protagonizado acciones como la toma del Incoder en Popayán para presionar al gobierno a llegar a acuerdos en materia de compra de tierras, vivienda y proyectos productivos.
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, antes Fensa: esta organización sindical tiene más de 30 años de existencia en el país y su principal bandera ha sido la reforma agraria. Muy cercana a la CUT y al Partido Comunista.
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Pupsoc: Es una organización, junto con Fensuagro, ligada al movimiento de izquierda Marcha Patriótica. Entre el 2010 y 2015 protagonizaron una de las oposiciones sociales más fuertes al gobierno en materias de derechos humanos, agricultura y medio ambiente.
Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima: es una de las organizaciones asociada al Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político de izquierda que nació en el 2010 y que hizo parte fundamental de las manifestaciones y paros agrarios en el gobierno Santos.
Bancada de la oposición: Desde el inicio de la minga, los indígenas hicieron uso de sus estrategias políticas e invitaron, encabezados por el senador indígena del cauca Feliciano Valencia y apoyados por Alexander López, a los congresistas de la oposición a que apoyaran los bloqueos. Una muestra de esto fue la visita que realizó Gustavo Petro y el senador Gustavo Bolívar recientemente al paro indígena. De igual manera lo hizo el congresista César Pachón, quien durante el gobierno Santos encabezó las protestas de los paperos en Boyacá.
Las pérdidas que ha generado la minga:
-Sector comercio:
$2.000 millones diarios
-Sector transporte:
Más de $5.000 millones acumulados
-Lácteos:
$300 millones diarios
-Construcción:
Más de 30.000 millones por sobrecostos