La defensoría del pueblo publicó en sus portales oficiales que desde el año anterior hasta ahora se registran 541 casos de reclutamiento a menores entre los que se destacan 269 de población indígena y 36 pertenecientes a la comunidad afrocolombiana. De los demás no se tiene registro de grupos étnicos o no hay información de ningún tipo.
El reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales en distintas regiones del país persiste. Este grave delito vulnera múltiples derechos fundamentales y constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Entre enero y abril, nuestro monitoreo institucional ha identificado 21 casos de reclutamiento forzado. Sin embargo, es fundamental advertir que esta cifra no refleja la verdadera dimensión del fenómeno, ya que existe un alto subregistro por razones estructurales: miedo a represalias, falta de garantías para la denuncia, estigmatización, barreras territoriales y debilidades institucionales en zonas de alta conflictividad.
El departamento que mas registra casos de reclutamiento es el Cauca con 360 de casos.
Por otro lado, el representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Scott Campbell, manifestó en días anteriores su preocupación por el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la región del Catatumbo. “Me alarma cada vez más la tendencia creciente del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Me conmovieron profundamente los testimonios en el Catatumbo sobre el uso de las redes sociales para reclutar, persuadiendo a los niños, a las niñas y a los adolescentes más vulnerables para que se unan a la guerra”, expresó Campbell.
La defensoría insiste en que el reclutamiento no puede analizarse únicamente desde la estadística, ya que cada caso implica la ruptura del proyecto de vida de una niña, niño o adolescente, el desarraigo de su entorno y el sometimiento a formas extremas de violencia y control.
La entidad continúa monitoreando este fenómeno, acompañando a las comunidades y exigiendo respuestas integrales que prioricen la garantía plena de derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.
