El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó al presidente Gustavo Petro, a su hijo Nicolás, a la primera dama Verónica Alcocer y al ministro Armando Benedetti, por presuntos vínculos con el tráfico ilícito de drogas, según el comunicado oficial. El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de varias personas de su entorno en la denominada “Lista Clinton” (Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados), que administra la OFAC y que permite congelar bienes y bloquear transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, la designación contra Petro responde a su presunto “papel en el tráfico ilícito mundial de drogas” y a que, bajo su mandato, la producción de cocaína en Colombia alcanzó “niveles récord”, mientras que el mandatario habría proporcionado beneficios a organizaciones narcoterroristas.
La OFAC también incluyó en la medida a Nicolás Petro (acusado de recibir presuntos recursos de origen ilícito); a la primera dama Verónica Alcocer, señalada por supuestas irregularidades en su nombramiento como “embajadora en misión especial”; y al ministro Armando Benedetti, vinculado en el comunicado a manejo de financiación y apoyos políticos en favor del presidente.
Como efecto inmediato, los bienes que las personas designadas tengan en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíben transacciones entre ellas y ciudadanos o empresas estadounidenses, lo que podría redundar en fuertes repercusiones diplomáticas y financieras para Colombia. Expertos citados por medios internacionales advierten sobre el riesgo para la cooperación bilateral en seguridad y contra el narcotráfico.
El propio presidente Petro respondió en la red social X, señalando que entró a la lista junto con su familia y anunciando que su defensa la asumirá el abogado Dany Kovalik; además, rechazó las imputaciones y dijo que no dará “ni un paso atrás”.
La medida eleva la tensión entre Washington y Bogotá y se espera un pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano (tanto desde la Presidencia como desde la Cancillería) así como reacciones del Congreso y de actores internacionales.
