El ente de control identificó más de 6.000 contratos que no estarían cobijados por las excepciones legales tras el inicio de las restricciones electorales.
Durante el foro “Garantías Electorales, un diálogo con las regiones”, la Contraloría General de la República, anunció que se detectó una ejecución presupuestal que asciende a los $2 billones de pesos mediante la modalidad de contratación directa, justo después de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
Este hallazgo surge luego de un proceso de depuración realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el cual analizó un total de 25.685 contratos que suman $2.8 billones.
Irregularidades en sectores no exceptuados
El reporte técnico detalla que, entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, se firmaron 6.292 contratos que, bajo la lupa del ente de control, no se ajustan a las excepciones permitidas por la normativa vigente.
Cabe recordar que la Ley de Garantías restringe la contratación directa en las entidades estatales para asegurar la transparencia durante el proceso electoral, permitiendo únicamente convenios relacionados con salud, defensa, seguridad, desastres naturales o urgencias manifiestas.
No obstante, los sectores de inclusión social, comercio, justicia, servicios públicos y desarrollo social son los que mayor volumen de contratos reportaron sin aparente justificación legal.
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Vigilancia estricta a eventos y publicidad
Otra parte del seguimiento de la Contraloría se centra en el uso de recursos para fines que podrían interpretarse como proselitistas. El organismo identificó que, antes de la restricción, entre octubre de 2025 y enero de 2026, se destinaron más de $1.68 billones en logística, conciertos, publicidad y refrigerios.
Sin embargo, la preocupación radica en que, una vez iniciada la prohibición el 31 de enero, se han seguido registrando movimientos en este rubro: se detectaron 368 contratos directos para eventos y publicidad que suman $31.959 millones de pesos en menos de un mes.
Un modelo preventivo basado en datos
El contralor general enfatizó que la institución implementó el Modelo Analítico Electoral de Seguimiento Preventivo, una herramienta permite utilizar la trazabilidad contractual y los datos en tiempo real para anticipar irregularidades antes de que el daño patrimonial sea irreversible.
También subrayó que la Contraloría actúa como un garante técnico de la correcta destinación del gasto y no como un actor político, buscando reducir las brechas sociales y proteger la confianza en el ejercicio democrático.
