Los resguardos indígenas se rajaron de nuevo

Tener una nutrida y bien formada normatividad, no ha garantizado el bienestar de dichas comunidades y el cumplimiento de la nación en protegerlas. Pareciera, que ya no sorprende a nadie los altos índices de NBI, pobreza extrema, analfabetismo y desnutrición que tiene el departamento, en donde la población que sufre y que vive en estas condiciones es indígena, muchas de ellas asentadas en resguardos, es decir, población sujeta a una protección especial.

Las distintas inversiones realizadas en los resguardos parecieran no tener éxito e impactar en el mejoramiento de la calidad de vida. Los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participación para Resguardos Indígenas, según la Ley deben ser programados por las autoridades de los resguardos acorde con sus usos y costumbres, para cubrir con bienes y servicios sociales lo que le corresponde a la Nación.

Pero estos recursos año tras año, no evidencian su inversión efectiva en un bienestar de las comunidades. Para el año 2012, los 26 Resguardos -división administrativa- tenían un monto total disponible de $ 29.651.734.816, solo tres resguardos programaron el 100% de sus recursos, el resto fueron programados por debajo de su disponibilidad. Se suma a lo anterior, la parte que corresponde a los municipios, que presentan una bajísima ejecución.

Tener una baja ejecución de recursos de una comunidad protegida, con altísimos índices de necesidades insatisfechas, evidencian la poca importancia que le dan las administraciones al bienestar de las comunidades.

Con este panorama, un tanto gris de las comunidades resguardadas con sus recursos de asignación especial, está lo que ocurre a su interior por la pertinencia de los proyectos programados. Algunos de ellos son los mismos año tras año. La experiencia ha demostrado que estos mecanismos no funcionan, que no son la mejor alternativa, pero las administraciones municipales, siguen ese mismo rumbo y continúan programándolos y ejecutando bajo los mismos métodos.

La historia se repite. En proyectos de mejoramiento de vivienda, las comunidades se reciben los bienes y servicios adquiridos con estos recursos, los venden a menor precio a terceros y muchas veces hasta los mismos contratistas los compran, regresando a las ferreterías. Pero a diferencia de la opinión generalizada frente a estas actitudes considerada por muchos, como actos de estupidez o irracionalidad no es tanto, cuando se miran en detalle el contexto de cómo se programan estos recursos, todo parece que ello se planifica. Los miembros de las comunidades y las autoridades tradicionales en su mayoría desconocen la normatividad, que le da potestad sobre la autonomía en la programación de los recursos de AESGPRI. Ella no se reconoce como un ejercicio de participación, donde se identifiquen necesidades y se seleccionen las mejores alternativas para las comunidades. Las autoridades no conocen como tener acceso al beneficio de estos recursos, los resguardos en su interior no funcionan como un órgano unificado en sus decisiones; no hay empoderamiento de las autoridades en estos procesos. En este contexto la programación no surge de las comunidades o por lo menos no de la mayor parte, ni responde a las necesidades comunitarias.

En conclusión, los resguardos además de recibir - si es que reciben- bienes y servicios que no han programado, son bienes y servicios de muy baja calidad. El empoderamiento de las comunidades y de las autoridades son procesos que están en mora de realizarse, y deberían tomarse como temas complementarios de la alfabetización a comunidades indígenas. La programación de capacitaciones realizadas por las distintas entidades en torno a estos temas, no es suficiente.