Columnistas de La Guajira

Cesar Arismendy Morales

Columna: Reflexiones

e-mail: cesaridys@hotmail.com

Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.

Colombia se ubica entre los tres territorios a escala mundial que en gran medida sufrirá los efectos y estragos del cambio climático, situación que en los últimos años ha generado fuertes debates debido a la falta de instrumentos catalizadores que al menos permitan reducir el nivel de afectación ecosistémica, social y económica en las regiones.

Las muestras de compromiso y responsabilidad impuestas por diversas naciones a través políticas y acuerdos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, orientadas a la reducción de emisiones contaminantes, implantación de medios sustentables para mitigar el progresivo incremento de las temperaturas del planeta, deterioro ecológico, deshielo de los polos, aumento de los niveles del mar, entre otros factores desencadenantes del calentamiento global, no han generado un verdadero impacto, pues países como Estados Unidos uno de los mayores emisores de gases efecto invernadero no ha ratificado los protocolos  determinados por consenso.

En esta medida, las repercusiones económicas y biológicas de los eventos cíclicos que caracterizan al cambio climático, afectarán el bienestar de la humanidad, de ahí la importancia que ha cobrado ante este nuevo escenario el término “Adaptación” definido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático - IPCC como: “Ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el daño causado y que potencia las oportunidades benéficas”. Las  medidas de adaptación buscan reducir el nivel de vulnerabilidad y riesgos de la población, la comunidad,  y el entorno biofísico que los rodea.

El Informe de Estado de los Recursos y del Ambiente 2012-2013, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), explica con detalle el estado de los páramos, la eficacia de la implementación de políticas ambientales nacionales y departamentales tanto en ejecución de programas como del presupuesto, además de exponer el nivel de avance en cuanto a disminución de contaminación en el aire.

En este documento, fueron enfáticos en la debilidad de las autoridades ambientales, subordinadas a los sectores productivos que no han interiorizado adecuadamente el impacto ambiental que generan sus actividades productivas. Adicionalmente destacan la ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR por falta personal capacitado en temas de autoridad y conservación ambiental, falta de controles sobre la actividad minera (mega y pequeña minería), ineficacia en su gestión presupuestal y administrativa, inexistencia de estrategias sectoriales de desarrollo bajo en carbono ni planes de adaptación al cambio climático.

En el caso del departamento de La Guajira, su composición geográfica lo ubica entre las regiones que mayores consecuencias sufrirá frente a los efectos del calentamiento global, escenario desalentador ante las posibilidades de desarrollo de un territorio complejo y caracterizado por las necesidades básicas sin satisfacer de gran parte de la población.

El panorama induce a priorizar medidas sostenibles y sustentables que reduzcan su nivel de exposición en el entorno que los rodea, pues durante los últimos 5 años en el departamento son recurrentes los casos de reducción de caudales de ríos, desertización y desertificación, erosión marino costera, olas de calor e inundaciones que afectan la producción agropecuaria. Durante estos días los ganaderos han tenido considerables pérdidas,  ya que sus animales mueren de sed, tendencias irreversibles que directa o indirectamente desequilibrarán el bienestar de la comunidad.

La pobreza tiene muchos orígenes y causas, pero una de las más importantes y de mayor impacto es sin duda la inadecuada asignación de los recursos públicos y privados. Lo público, se encuentra determinado por las “fallas de los gobiernos” que limitan la generación de economías externas.

En lo privado, se destacan las “fallas de los mercados” que se evidencian en la escasa transformación social del territorio, crisis de Estado que genera desequilibrios sociales afectando la calidad de vida de las personas y las familias, que recortan sus posibilidades de desarrollo y crecimiento, que limitan el acceso a la salud, en el empleo, la educación, el crédito, la vivienda digna, el acceso a servicios públicos esenciales para la vida, y por supuesto, que limitan el desarrollo económico y reducen la posibilidad de obtener un nivel de ingreso para llevar una vida digna.

La Guajira presenta un bajo Índice de Calidad de Vida, aunque en los últimos años se ha evidenciado un progresivo incremento en el PIB. El estudio realizado por Bonet y Meisel, señala que no existe una alta correlación entre calidad de vida y el producto interno bruto per cápita, lo cual demuestra que no basta que el crecimiento sea dinámico para que por sí mismo, se traduzca en mejores condiciones de bienestar para la población de la región.
El departamento ha vivido una profunda transformación productiva que ha tenido fuertes impactos en la conformación del Producto Interno Bruto regional. En 1960 la agricultura representaba el 39,6% del PIB, la cual fue decayendo paulatinamente y en el 2013 se sitúa en el 4.6%. Por su parte, la minería que en 1960 no había aparecido dentro de la estructura productiva departamental, representó en el 2013 el 60,9%, muy por encima del crecimiento del sector a nivel nacional, lo que la determina como una región minera de base exportadora, en donde no se han producido los suficientes encadenamientos productivos.

Es claro, que las actividades del comercio y la industria antes que incrementarse se redujeron, consolidándose un sector moderno y un entorno que ha sido excluido de los privilegios del desarrollo y de la tecnología. La ganadería se hace de manera extensiva. La situación social se ha venido agudizando por las condiciones de desigualdad. Si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, La Guajira se determina como la región más desigual de un país altamente desigual.

Por estas razones, La Guajira debe abandonar su modelo de desarrollo con base en la explotación y extracción de los recursos naturales (carbón, gas y sal) e iniciar un proceso auténtico de transformación productiva, redefiniendo las funciones y el papel que hasta ahora ha venido desempeñando el Estado y el sector privado. Ello implica trabajar en el logro de enlaces eficientes en el sistema de valor desde la inversión pública, con las empresas, la interacción de factores, creación de ventajas de orden superior (ventajas competitivas).

Buscar el desarrollo regional auténtico significa que, desde adentro, seamos capaces de reconocer los derechos de los excluidos, de detectar oportunidades y estimular las potencialidades propias, naturales, humanas, institucionales y organizacionales, para dar a conocer a través de productos y servicios en qué “somos buenos”. Lo auténtico también radica en la originalidad para recoger y estimular todos los elementos endógenos dinámicos desde una perspectiva integral, que nos diferencien de los demás, afianzados en la gestión asociativa de los sectores público y privado.

La prensa regional en las dos últimas semanas ha venido destacando hechos violentos contra las mujeres. La muerte de Karen Pavea y su bebé, es la manifestación de una bárbara conducta que socialmente no se puede tolerar. Los Estados y las regiones desarrolladas, hoy tienen como uno de sus indicadores del desarrollo humano los actos contra la vida e integridad de las mujeres, en la medida en que estos no se presenten, una sociedad se considera más desarrollada y madura en su convivencia.

En Colombia y La Guajira en donde los episodios violentos contra las mujeres campean, es necesario que demos el salto hacia espacios de solución respetuosa de los conflictos intrafamiliares. Amartya Sen lo denomina la “Agencia”, es decir, que se respete el valor y la autonomía que tienen las mujeres en los espacios privados y públicos, que les permitan de manera definitiva participar activamente al interior de la unidad familiar y en la sociedad.

Es por ello que en La Guajira es hora de superar las concepciones de la mujer como amas de casa o vientres únicos de la reproducción física y generacional de nuestros hijos. No más mujeres sacrificadas. Es hora que entre todos podamos abordar acciones coherentes y sistemáticas para cambiar la actitud de los hombres cavernícolas que usan el garrote de manera indiscriminada.

En La Guajira aún estamos en deuda, ya que la institucionalidad no cuenta con los instrumentos que permitan garantizar suficientemente el goce efectivo de los derechos de las mujeres. La política pública se remite al cumplimiento de la Ley de cuotas (Ley 581 de 2000). Las políticas de erradicación, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la prevención del embarazo adolescente y la incorporación de los derechos de la mujer rural, no han evolucionado de manera rápida y masiva, mostrando sus rezagos frente a otros departamentos.

Con la Ordenanza No. 332 de 2011, se ha pretendido adoptar los mecanismos para garantizar efectivamente para todas las mujeres, en el marco del principio de concurrencia, una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. Este instrumento ha demostrado la necesidad de músculos institucionales para hacerlo realidad.
Han sido pocos los logros en torno de incorporar en el sistema educativo la dimensión de protección a las mujeres, desde bases conceptuales integradoras, interdisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales, que garanticen transformaciones y la consolidación de una cultura de protección.

A fin de fortalecer los mecanismos de género y brindar las herramientas para el desarrollo de sus capacidades, es necesario trabajar en el fortalecimiento institucional que propenda por la participación transversal de la mujer en igualdad de condiciones. Es conveniente la erradicación, prevención y atención de la violencia contra la mujer con acciones concretas mediante el fortalecimiento de las comisarías de familia. Igualmente, la prevención del embarazo adolescente, en la generación espacios de participación y emprendimiento en las mujeres rurales, promocionar acciones encaminadas a la reducción de la discriminación y generación de oportunidades, en el escenario de desplazamiento forzado.

En conversaciones con el antropólogo Weildler Guerra Curvelo, después de tocar y hacer balances sobre los obstáculos del desarrollo guajiro, nos concentramos en el trabajo que realiza para la obtención de su doctorado en La Universidad de Los Andes. Es obligante o casi imposible sacarle el cuerpo a una reflexión en torno de la valoración que establecen los wayuu con lo no humano, es decir, con el mundo de las plantas y de los animales.

Recientemente concurrí a un velorio wayuu y para estar aprendiendo de lo que veía, de manera desprevenida tomé el libro "Farmacopea Guajira. Cosmovisión y usos de las plantas medicinales por los wayuu" de Jairo Rosado Vega, docente de La Universidad de La Guajira. Ya en la ranchería, con tranquilidad me introduje en sus páginas. En sus párrafos pude entender directamente el universo de creencias sobre la medicina que aún mantiene esta etnia y que nosotros como funcionarios al servicio del Estado nunca vemos o asumimos para el establecimiento de políticas públicas en salud.
Por estos días el tema de la desnutrición ha estado presente en las agendas de los gobernantes. La gran cantidad de niños menores de cinco años que se han muerto por hambre en el departamento, nos está indicando que algo estamos haciendo mal y que nos conmina a cambiar de rumbo. Para ello, es necesario conocer, entender, sacar conclusiones e inferir sobre la dinámica del comportamiento de los wayuu ante un problema que nos afecta a todos.

Los wayuu son conscientes de sus usuales relaciones con lo no humano, su máximo nivel se logra en el ámbito de la muerte. Una inmediata conexión se puede establecer a través del mundo de las enfermedades, las cuales se identifican como Ayuulee (benignas) y Wanülüü (malignas). También existen otros tipos de enfermedades que afectan a los niños llamadas Pulajuwaa, que son provocadas por animales que corresponden a Kapulainsu o contaminantes. Por esa misma relación, recurren primero al Ouutü (piache) que al médico. Lo no humano debe ser explicado de manera prioritaria, a partir de invocar el espíritu del animal que ha afectado al niño enfermo y de manera inmediata demandar con vehemencia su cura.
Los wayuu asocian las enfermedades de los niños con el comportamiento de los animales. Dentro de los contaminadores encontramos a las aves, crustáceos, insectos, mamíferos, peces y reptiles. En lo que tiene que ver con la desnutrición y el hambre, sus manifestaciones se asocian a la del rey zamuro, iguana, burro y otros más.

Que bueno sería poder entender y estructurar este comportamiento, en donde el libro del profesor Rosado se aproxima a la epidermis del problema. Necesitamos profundizar en ello para intervenir la desnutrición desde lo propio, ajustando los conceptos y modelos que se aplican de la medicina occidental en nuestros hospitales.
La atención en salud desde lo tradicional está reconocida en la ley, por lo tanto, las EPS e IPS tienen que jugar un papel determinante desde las intervenciones colectivas que realizan.

En estas condiciones, es necesario decirle a Weildler Guerra que requerimos rápidamente el resultado de sus investigaciones en este campo. Sus aportaciones resultan ser claves para resolver el entramado de la desnutrición, en donde la distribución de alimentos y la atención médica no bastan. Igualmente, recomendar el texto de farmacopea entre los wayuu, el cual debería ser de consulta permanente en la atención y promoción de la salud, para que los encargados de las actividades comunitarias puedan tener acceso al conocimiento tradicional y explicarse los entornos culturales que requieren enfoques diferenciales, corrigiendo así lo que siempre se ha estado haciendo mal.

En “Desarrollo y Libertad” Amartya Sen es claro al establecer la existencia de complementariedades entre los derechos de los ciudadanos y los objetivos de desarrollo. La actual Constitución Política de Colombia en su artículo 2º reconoce que son fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.

Las autoridades de la República están instituidas para garantizar los derechos y proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
El Estado se obliga a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Adicionalmente, adoptará medidas a favor de los grupos discriminados o marginados. En el título II la Constitución Política de Colombia desarrolla el tema de los derechos, garantías y deberes, con base en tres grupos de derechos: de primera generación o derechos fundamentales, de segunda generación o derechos sociales, económicos y culturales y de tercera generación o derechos colectivos y del ambiente.

En La Guajira son tristemente mayoría los excluidos y los que no tienen oportunidades. Para ellos la pobreza extrema no es transitoria, es permanente, es el diario vivir, es la actividad del rebusque, el pasar con hambre, el rechazo constante, lo que conlleva a una estigmatización y discriminación si no se le interviene de inmediato.

En todos los municipios podemos encontrar sectores poblacionales que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, entendida esta como un estado en el cual los hogares se mantienen con carencias en su proceso de reproducción física y generacional. Así las cosas, la estrategia para superarla debe partir de reconocer y garantizar los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.

El simple crecimiento económico con base en la economía de la minería e hidrocarburos no ha sido suficiente para generar el bienestar deseado, la discriminación étnica y de género se han venido consolidando como fuertes obstáculos que deben ser removidos, por lo tanto, las instituciones deben funcionar a favor de los grupos más pobres, tutelar sus derechos y empoderarlos.

Cuando se recurre a la acción de tutela es porque existe el deseo de vindicar los derechos de las personas excluidas del desarrollo económico, social y cultural, pero también crearles oportunidades con base en las potencialidades del departamento. Con ella se pretende visibilizar la población en situación de pobreza y vulnerabilidad que había estado escondida detrás de la generalidad de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas. A partir de allí no existe contradicción entre la racionalidad de la hermenéutica jurídica y el desarrollo socioeconómico.

La Corte Constitucional en la Sentencia No. T-171/94 llamó a los jueces establecer un equilibrio entre lo jurídico y lo social, entre el derecho y los objetivos de desarrollo. El magistrado ponente dr. José Gregorio Hernández Galindo, hizo un llamado de atención a los jueces y les dijo que no pueden acudir a interpretaciones superficiales para evacuar, sin mayor análisis, las peticiones de tutela. La corporación advirtió que los funcionarios judiciales deben estudiar las solicitudes de los ciudadanos con el propósito de hacer viable la protección de sus derechos fundamentales y garantizarle sus condiciones de vida. Desafortunadamente, esto se desconoce entre nosotros.

Como todo cristiano, usé la semana santa para reflexionar sobre la vida, la espiritualidad, los niveles de conciencia sobre la realidad cotidiana que te aborda, absorbe y que te impone retos. Estando en ello, me di a la tarea de relacionar los álgidos problemas sociales de La Guajira con las creencias. Así surgió mi interés por apoyar esta explicación en el “ballet cantado" llamado los siete pecados capitales.

Como universitario aprendí a conocer a Eugen Berthold Friedrich Brecht y a través de él, juntar filosofía, cristianismo, sátira y rebeldía. De a poco, los siete pecados capitales, se clavaron en mi memoria como el mejor descriptor de los lo que nos ha pasado en La Guajira. Finalmente y después de varias horas, pude comprender que los cientos de niños que se mueren cada año por desnutrición reportados por el Dane y los que son enterrados directamente en las ranchería, es producto de combinar a lo guajiro la pereza, la soberbia, la ira, la gula, la lujuria (como deseo incontrolable y perverso), la avaricia y la envidia. Todo estos pecados se han venido alineando y consolidando en la construcción de una realidad que hay que transformar de manera consciente y planificada.

No tenemos que ir tan lejos y veamos un ejemplo del cual vale la pena aprender. El 18 de diciembre de 2008, mediante la ordenanza No. 260 la Asamblea Departamental de La Guajira le dio institucionalidad al Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional “La Guajira sin Jamushiri”, definido como el conjunto coordinado de acciones interinstitucionales e intersectoriales, orientadas a la puesta en marcha de la Política Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El plan tuvo cobertura en 14 municipios del departamento para beneficiar a 43.333 personas, población integrada por niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes, indígenas, madres con jefatura de hogar, tercera edad, desplazados, discapacitados, jóvenes vulnerables y a los más pobres.
Tres años más tarde, entre las dificultades identificadas en el proceso de ejecución del programa se pueden destacar su falta de focalización de la población en mayor estado de vulnerabilidad (la pereza), presentándose una dispersión en los ejes que lo caracterizaron. La multiplicidad de operadores regionales y locales elevaron los costos de transacción, lo que se convirtió en la más importante demostración de su debilidad institucional (la avaricia).

La supuesta dispersión geográfica facilitó que existieran comunidades beneficiadas doblemente con la misma estructura del programa, mientras que otras no gozaban de apoyo nutricional, es decir, que se fomentó la inequidad y la desigualdad (la gula y la lujuria como deseo perverso incontrolable). A su interior se aceptó la inadecuada selección de alimentos, evidenciándose el poco valor nutritivo de los mismos, igualmente, por el escaso suministro de micronutrientes. La multiplicidad de operadores y su falta de experiencia técnica generaron ineficiencias sociales al programa y por encima de todos, desde el poder regional se escondieron los malos resultados y la inadecuada asignación de recursos (la soberbia).

La inefectiva vigilancia y control, la falta de coordinación y articulación con los operadores, hizo de un programa social una feria de contratistas, que generaba ira en los actores del gobierno cuando de ello se hablaba en público. Se crearon pocos espacios para el desarrollo de prácticas productivas por parte de la población en estado de vulnerabilidad. La inexistencia de una clara línea de base, limitó las mediciones de impactos, que finalmente “mataron” el programa al revelarse las estadísticas ENSIN 2005-2010 comparativas de la desnutrición crónica en niños(as) menores de 5 años.

Teniendo en cuenta dichas estadísticas, se puede concluir que el programa “La Guajira sin Jamushiri” no fue de impacto para la población vulnerable, y que la Política Pública de Primera Infancia no dio los resultados tan ampliamente proyectados. Allí se gastaron $ 103 mil millones de regalías. Este es un programa, en donde se comprueba que la existencia de los recursos económicos no siempre garantiza el éxito de lo que se hace y que la mera “voluntad política” no siempre basta, por lo tanto, no es un programa para reproducir o envidiar.

La obtención de las regalías se constituye en los recursos estratégicos indispensables que posibilitan el mejoramiento de los niveles de desarrollo en el Departamento. Los 34 años de historia recibiendo directamente estas compensaciones y dos desde los fondos establecidos por la nación, le han introducido a las administraciones departamentales y municipales una “pereza” en la gestión y uso de otros tipos de instrumentos y recursos. La razón de la existencia de las administraciones públicas, se centra en el gasto de las regalías.

Los anuncios del Cerrejón sobre la disminución de la producción de carbón y la que proviene de las autoridades administradores de la política de explotación de hidrocarburos, en el sentido de que los yacimientos de gas en La Guajira están decreciendo aceleradamente, deben llamar toda nuestra atención. En un panel sobre los problemas del desarrollo guajiro, convocado por el Observatorio del Caribe en la ciudad de Riohacha, se afirmaba que el más grande obstáculo al desarrollo del departamento es la alta dependencia de las regalías. Los gobernantes, los políticos y la sociedad misma no han pensado sobre lo que pasaría con La Guajira si las regalías desaparecieran como ingresos permanentes en el marco fiscal de mediano y largo.

Si bien la Constitución Política en su artículo 360 expresa que la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte, las condiciones que están primando en el mundo globalizado, en especial, en el manejo de la explotación y comercialización de energéticos, están presionando para que las estructuras económica y jurídica que tienen los países exportadores de recursos mineros energéticos cambien en ese componente. La primera estocada fue centralizar las regalías en un nuevo sistema bajo el control de la nación.

El escenario que se plantea en la actualidad, es bastante gris ya que el sistema de ejecución será revisado y pueden venir más modificaciones, ningunas de ellas a favor de las regiones productoras. Las tendencias persisten. En el mediano plazo, todo apunta a reemplazar las regalías por un impuesto, proceso que ya se inició quitándole a las regiones la gobernabilidad y uso de dichos recursos.

En la globalización, el pago de regalías y compensaciones es visto por parte de las multinacionales como una restricción económica o un costo adicional que imponen los países a la explotación de sus recursos naturales no renovables. Esta renta diferencial genera distorsiones a los planes de producción. Algunos países la han eliminado o la han bajado flexibilizando los costos de producción. México, Canadá, Estados Unidos y Sur Africa no la aplican. Colombia tiene un sistema de pago de regalías hasta el 12% del valor de la producción bruta. En China es del 2%, Canadá, Argentina, Perú, Brasil, Polonia, Kazajstan y Zambia se encuentran entre el 2% y el 3%.

Esto se está imponiendo como norma en el mercado internacional. Por lo que si Colombia desea seguir identificándose como atractiva y competitiva en el sector minero energético en poco tiempo tendrá que evaluar la adopción de decisiones similares. Eliminar o flexibilizar en la estructura de costos de la minería el compromiso de pago de regalías y compensaciones. Esto nos afecta profundamente como región. Como instrumentos de financiación del desarrollo económico y social ellas no son eternas, sino transitorias y efímeras. Nosotros como guajiros no nos hemos percatado de esta realidad.

En La Guajira discutir sobre la desnutrición es necesaria, conveniente y pertinente. La inseguridad alimentaria y nutricional de las comunidades indígenas es un viejo problema con el cual hemos convivido por muchísimos años. Hace parte de las patologías del departamento, que no hemos sabido asumir con responsabilidad. 

La nación, la región, las autoridades locales y los propios líderes indígenas debemos cerrar filas para cambiar con nuevas propuestas y conductas esta crítica situación que ha venido degenerando en crisis humanitaria, la cual se ha acelerado con el advenimiento del cambio climático, la ampliación del ciclo de sequía, la elevación de la temperatura en el norte de La Guajira y el desabastecimiento de alimentos en la frontera con Venezuela.


Esta es una realidad que no se puede ocultar. El programa "Especiales Pirry" sobre la hambruna en La Guajira que edita RCN bajo parámetros de responsabilidad social, ha tenido diversos obstáculos de orden legal en donde algunos actores invocan la autonomía territorial, los usos y costumbres de la etnia wayuu para impedir su divulgación nacional. Todos deseamos conocer y profundizar sobre la realidad de nuestro pueblo. Que la verdad aflore para que las precarias condiciones que tienen los indígenas sean intervenidas y reemplazadas por condiciones de vida dignas.

A partir de las denuncias que he realizado y al problema de desabastecimiento alimentario de la Alta Guajira, en un rápido barrido por la zona de Nazaret (Alta Guajira) a finales de febrero de 2014 se detectaron en un solo día más de 20 niños que tuvieron que ser hospitalizados de emergencia por alto grado de desnutrición. Los casos se presentaron en los corregimientos de Siapana, Villa Fátima, Taguaira, Puerto López, Guarpana, Castilletes, Flor de La Guajira, Waichiwari y Nazareth.

Si esto se dio en las pocas rancherías visitadas, imaginemos lo que está pasando en el resto de comunidades indígenas que no han sido intervenidas por autoridad alguna. ¿Si esos niños no se hubieran detectado en estas visitas, cual sería actualmente su suerte?
La protección de los niños de La Guajira debe ser integral, real y efectiva y no meramente enunciativa. Ello se debe materializarse en un conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Este proceso de cambio inicia con saber y reconocer la dimensión del problema. Las personas que fungen como líderes de los wayuu deben entender que en nombre de la autonomía territorial, los usos y costumbres no pueden hacer de los resguardos unos camposantos con niños representados por cruces. Es la hora de cambiar.

Unos días antes de finalizar enero, las instituciones nacionales como el DNP, el DPS, el ICBF, ANSPE, la procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de La Guajira y la comunidad de alcaldes de los municipios de La Guajira nos reunimos para deliberar y construir una agenda departamental sobre la seguridad alimentaria y nutricional del departamento.

En esa oportunidad, en calidad de Jefe del Departamento Administrativo de Planeación pude presentar el mapeo y el grado de inseguridad alimentaria de los municipios de La Guajira. Se determinó que Uribia, Manaure, Dibulla, Maicao y Riohacha, son los municipios de mayor impacto. Igualmente, dimos a conocer un trabajo del observatorio de infancia relacionado con la muerte de niños menores de cinco años por desnutrición.
El alcalde municipal de Uribia, alertó de la crisis humanitaria que se evidenciaba en la Alta Guajira por falta de aprovisionamiento de alimentos por el cierre de la frontera con Venezuela. Fabio Villa, director de regiones del Departamento de la Prosperidad Social fue mucho más allá y con base en las cifras que mostramos del DANE, pidió de manera urgente denunciar las muertes de niños por desnutrición. Él explicaba “Las muertes por desnutrición deben ser investigadas, pues no se trata de un hecho natural sino de algo que debe quedar claro ante la sociedad”. Todos callaron, incluso el gobernador encargado del departamento.
Después de un largo silencio, me arriesgué y asumí ante ese grupo de instituciones ese compromiso como Secretario Técnico del Consejo de Política Social del Departamento. En lo profesional y como ciudadano, me pareció un gran reto para un cambio de conducta en nuestra forma de actuar en el sector de la infancia. Pero más que eso, lo creí conveniente como la mejor medicina para desterrar la indolencia del departamento y construir una agenda de compromisos con la nación.
Como muchas de las reuniones, llegó la hora del viaje y al medio día los funcionarios nacionales salieron corriendo para Bogotá, otros se dispersaron a sus municipios. El único compromiso relevante fue el que asumí frente a la denuncia. Así comprendí que esa reunión se centró sobre el deseo y no sobre la voluntad de cambiar las cosas.
Quince días después y convencido de darle salida a la tarea, logré estructurar la denuncia con las cifras oficiales del DANE y la impetré ante la Fiscalía. Cuando esta acción se dio a conocer a los medios de comunicaciones, esas mismas instituciones que antes la recomendaron comenzaron a cuestionarme y me cayeron encima.
Con la tranquilidad que brinda el deber cumplido, seguí procesando y trabajando las cifras del DANE, sumando y restando en cinco años logré rastrear con nombres y apellidos a 4.171 niños muertos menores de cinco años. Ese si es el verdadero desastre, que debía hacerlo conocer y como complemento de la denuncia interpuse una acción de tutela ya que lo que se nota en nuestro departamento es la existencia de un estado generalizado de déficit de derechos, en especial en los pueblos indígenas.
La tutela entonces, no es resultado de cálculos políticos como algunos piensan, es el resultado de cálculos sociales para hacer concurrir a la nación para solucionar esta hecatombe. Cierren sus ojos y piensen en un lugar convertido en camposanto con 4.171 cruces. Eso es lo he pensado muchísimas veces y es mi gran motivación para que ello se recuerde y no vuelva ocurrir.

En mi calidad de Director del Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira y como Secretario Técnico del Consejo de Política Social, el pasado 17 de marzo de 2014 impetré una acción de tutela contra el Estado Colombiano para exigir la protección de los derechos de los niños y niñas de La Guajira en general, y de los niños y niñas de las etnias indígenas de manera específica.

Para bien de sus habitantes, Colombia ha venido cambiando aceleradamente. La realidad económica y social de los años ochenta no es la misma de hoy.

Con el artículo “La muerte de Omaira” publicado por Roberto Gutiérrez Castañeda en diferentes medios locales, centra la atención en diferentes elementos que no siempre son perceptibles en nuestra sociedad regional.

La crisis humanitaria por cual está pasando La Guajira debido a los desabastecimientos de alimentos en la zona fronteriza de Uribia y Maicao, nos está de nuevo evidenciando y recordando las históricas respuestas puntuales, desarticuladas, espasmódicas y paliativas que tiene la nación en el departamento.

Las reuniones, grupos y mesas de trabajo que se han convocado sobre la emergencia en donde participan los funcionarios nacionales, no han servido para sensibilizarlos frente a la realidad de la región como frontera norte del país. En ellos ha sucedido todo lo contrario, solo les han permitido reforzar el concepto de La Guajira como la pesadilla del centro de la nación, que no ven en medio de la crisis la posibilidad de legitimación, sino la continuidad de la persistente e infructuosa tarea de incorporarnos una concepción unidimensional de modernidad y colombianidad.

Frente a esta situación, durante todos estos días he recordado el grito de combate que acuñaron el poeta Miguel Ángel López Hernández y el sacrificado Luis Socarrás, plasmado en Guajira ¡Keraasü Joolu’u! (¡Basta ya!).

Muy a pesar de que las situaciones de emergencia se pueden prever, y que la nación dispone de un órgano especializado de gestión del riesgo y desastres, hasta ahora la ayuda humanitaria de nivel regional ha sido superior a la nacional. Por los comportamientos que veo desde el interior de la actual coyuntura, es necesario decirlo desde ya, que si no se opera con mayor disposición y diligencia, esto se puede salir de control y desembocar en una catástrofe humanitaria. En el escenario tendencial no se están considerando la continuidad de la situación política en Venezuela, la precaria accesibilidad a las zonas de mayor impacto, la baja integración con el resto del territorio y las debilidades institucionales del departamento que se generan por los impactos del nuevo sistema de regalías.

De la coyuntura hay que abordar el mediano y largo plazo, y ello pasa por la necesidad de liderar un proceso de incorporación de La Guajira a la economía y al territorio nacional, estructurando una visión de futuro. Eso implica generar un diálogo para la implementación de mecanismos transformadores en torno a la realidad del departamento, según su caracterización geográfica, poblacional, social, económica, ambiental y cultural.

Igualmente, construir y compartir un espacio que permita discutir el contexto histórico de la región, sus actuales problemáticas y concretar con el gobierno nacional los compromisos que en materia de inversión se han venido priorizando para la región y sus municipios, es decir, lograr mas Estado, mas mercado para una mayor integración interna y ejercicio de la soberanía nacional.

Más Estado, ya que en La Guajira existe una baja presencia institucional de la nación y acompañar al departamento en la mitigación de la crisis social y sostenibilidad fiscal a que se ha visto abocada con el nuevo sistema de regalías.

Mas Estado, implica cumplir con el Acuerdo para la Prosperidad del mes de agosto de 2010 realizado en Riohacha, en donde el presidente nos reiteró que el departamento debe ser objeto de una intervención especial por sus altos niveles de pobreza, situación que requería iniciar un programa de erradicación de la pobreza extrema, encaminado a intervenir las necesidades de empleo e ingreso, salud, educación, nutrición, agua potable y habitabilidad.

Más mercado, a partir de la creación de oportunidades como departamento de frontera con servicios logísticos, zona franca y agro negocios desde la represa del Ranchería. Generar la debida seguridad para el aprovisionamiento de energía haciendo de manera definitiva el cerramiento del anillo eléctrico Maicao – Riohacha, que tiene un valor de $ 68 mil millones.

Es inadmisible que el pleno siglo XXI, el cabezote de la península este más integrado al Estado Zulia (República de Venezuela) que al país. La crisis humanitaria que hoy viven más de 140 mil personas de la etnia wayuu por desabastecimiento de alimentos es la consecuencia. Así las cosas, necesitamos con urgencia que se ponga en marcha el proyecto de carretera de la soberanía que une a Uribia – La Alta Guajira – Maicao.

Los deltas en el mundo han venido teniendo dos tendencias fundamentales, ya que estos son espacios receptáculos de importantes desarrollos citadinos con altos niveles de vida o bastiones del ecoturismo. Ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Baltimore, Houston, Buenos Aires, Valencia y El Cairo hacen parte de un largo listado. Los deltas de los ríos Ganges y Brahmaputra en Bangladesh, Paraná en Argentina, el rio Okavango en Botswana, son testigos del esfuerzo que hacen las autoridades para promocionar el turismo y la conservación ambiental a través de la institucionalidad local.

El Observatorio de Infancia, Niñez y Adolescencia del Departamento de La Guajira ha venido haciendo diferentes indagaciones y análisis sobre la situación de la desnutrición en nuestros municipios.

Muy a pesar de las dificultades institucionales en que está inmerso el Departamento de La Guajira, llegan buenas noticias sobre la gestión integral que están haciendo los municipios, que nos permiten hacer un alto en el camino del chisme y la tragedia, valorar los resultados, reflexionar adoptando posturas esperanzadoras sobre lo bueno que está ocurriendo y no sobre lo malo, ya que de eso hay bastante.

Lo bueno tiene que ver con la evaluación integral de los municipios de La Guajira durante el año 2012.

La Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 41, determina prevenir y erradicar la desnutrición. En los 15 municipios del Departamento de La Guajira entre el 2011 y 2013 se pudo identificar que 5 de ellos (Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca y Maicao), se encuentran en peligro y cuatro de ellos se encuentran en alerta roja (Uribia, Manaure, Riohacha y San Juan del Cesar), por ser los que presentan los más altos índices de morbilidad por malnutrición, mortalidad en menores de 5 años e incremento de consultas medicas asociadas a enfermedades diarreicas.

La Guajira producto del acto legislativo No. 005 de 2011 y los posteriores efectos de la Ley del Sistema General de Regalías perdió la principal fuente de financiación de la inversión pública social, afectando de paso, muchas otras fuentes rentísticas que ponen en difícil situación la sostenibilidad del departamento.

Determinado por las condiciones de pobreza en las cuales se encuentran diferentes regiones del país, no hay que dudar en señalar que la morbilidad y mortalidad infantil está íntimamente ligada al hambre y la desnutrición. Clínicamente se puede establecer como una enfermedad provocada por insuficientes aportes calóricos (hidratos de carbono, grasas y proteínas), y que se manifiesta con valores de peso inferiores en talla y edad.

En lo relacionado con la morbimortalidad de niños menores de cinco años por desnutrición, en La Guajira ninguno de los 30 actores que participan en el sistema de protección integral de los derechos de los niños, incluyendo a las comunidades y a los medios de comunicación en su responsabilidad social pueden juzgar o jugar a ser como Dios. Aunque comparto que hay que revisar su modo de operar, el Programa Departamental de Alimentación y Nutrición - PAN por el nivel de su focalización y exigencias como subsidios condicionados, es muy diferente al de Guajira sin Jamuchiri y en estas circunstancias el ICBF no puede pasar de agache con la muerte de Esneider, el infante wayuu residente en la Ranchería Machuca Mayapo, en donde se encuentran un poco mas de 8 centros de Infancia - CDI en su área de influencia.

Este año no le fue bien al ICBF, al departamento y a sus municipios en torno de impedir la muerte de niños menores de cinco años, por causa de la desnutrición. A la fecha, van 16 eventos indeseables y el próximo año tiende a ser más crítico si no se actúa de manera coordinada. El ICBF, el departamento de La Guajira, los Municipios, el DPS, el Plan Mundial de Alimentos, los hospitales públicos, la Policía de Infancia, las EP y las IPS, en grado sumo tienen la responsabilidad de corregir y ajustar sus actuaciones. En estas circunstancias, ninguna de las instituciones puede decir, que la tarea se ha cumplido a satisfacción.

El derecho al agua está relacionado con el derecho a disponer de agua suficiente y a contar con instalaciones higiénicas seguras, accesibles física y económicamente, en un marco ambiental caracterizado por el acelerado crecimiento demográfico, los procesos de industrialización, el calentamiento global, el aumento de la contaminación y la creciente urbanización de la población.

Recientemente, en el seno de la Asamblea de La Guajira se adelantó un debate sobre el funcionamiento y el impacto del Programa de Alimentación y Nutrición Departamental - PAN, el cual fue muy pertinente, si se tiene en cuenta que por esos días resurgieron de diferentes puntos de la geografía guajira los brotes espasmódicos de niños menores de cinco años que fueron llevados a los centros hospitalarios en condiciones de malnutrición aguda y crónica.

En la reunión de la Comisión de Deslinde limítrofe Cesar - La Guajira realizada el pasado 20 de Noviembre en las instalaciones del IGAC en la ciudad de Valledupar, de manera directa la delegación del Departamento de La Guajira pudo exponer que se están cometiendo errores en el proceso de deslinde y amojonamiento.

Con la Constitución Política de 1992 el país asumió ser multiétnico y pluricultural, abriendo un camino para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, desarrollando una normatividad dirigida a su protección. Entre ella está el derecho de ser beneficiario de un porcentaje de los recursos de la nación, a través del Sistema General de Participaciones - GGP para los resguardos indígenas.

La semana pasada los wayuu detuvieron el tren minero por unos días y han solicitado empleo. Ellos se sienten excluidos del desarrollo que se propicia en el entorno inmediato. En la modernidad, la exclusión social como consecuencia y destino de muchas poblaciones, no es inevitable. Ella es el resultado de procesos sociales y culturales que impiden que el individuo pueda participar al interior de la sociedad en que vive y validarse desde lo político, social y económico, con oportunidades y acceso igualitario al empleo, ingresos y a los otros servicios del Estado.

El analfabetismo es un problema estructural para el ejercicio de la democracia, el desarrollo humano y comunitario. El departamento está en mora en atacar asertivamente esta patología. Es inaceptable la trasnochada y socorrida excusa de “eso es así por los problemas de la dispersión de las comunidades indígenas y no podemos llegar a todas”. Es el clásico argumento del funcionario público, que ve como el escenario tendencial se perpetúa delante de su escritorio y que no se pellizca con los precarios indicadores sociales.

El modelo de crecimiento económico, social y cultural de algunos países asiáticos, ha centrado el interés de los académicos en su desarrollo, encontrándose una alta relación entre el crecimiento del producto interno bruto y el crecimiento de las exportaciones, resultado de la existencia de una gran capacidad de transformación productiva con altos niveles de vida.

Los gobiernos y las corporaciones multinacionales siempre nos hacen ver lo que ellos desean que veamos. El sociólogo y líder del pensamiento de la Unidad Popular en Chile, Armand Mattelart en su trabajo “Para leer al Pato Donald”, nos advierte de los criterios engañosos que usan las empresas mineras en las comunicaciones de masas en su proyecto de neocolonización, especialmente, cuando llegan a regiones empobrecidas en la búsqueda de los recursos naturales no renovables.

En el marco de construcción del Plan Riohacha 470, se generó una discusión en torno de uno de sus ejes estructurantes, y que se encuentra constituido a partir de la cultura e identidad. Para su desarrollo, en el conversatorio se hicieron varias preguntas: ¿Cómo lograr la apropiación institucional y comunitaria del plan?, ¿cómo lograr que la identidad cultural y sentimiento de pertenencia mejore la convivencia ciudadana?