Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
Hace algunos años, María Mercedes Cuellar como economista e investigadora social, reflexionaba y evaluaba la calidad de las organizaciones políticas y sociales, su grado de organización, los procesos emprendidos por las juntas de acción comunal y los organismos no gubernamentales.
Su más importante motivación era determinar la correlación entre la madurez institucional de las organizaciones de base comunitaria con el grado de desarrollo económico, social y político del país, es decir, el estado del capital social.
El capital social y su relación con el nivel de desarrollo en Colombia pueden ser medidos por la institucionalización, formación y coordinación que las organizaciones políticas, comunitarias y comunales tienen para emprender colectivamente proyectos políticos transformadores y visiones de desarrollo de consenso. Las primeras conclusiones determinaron que Colombia presenta un capital social de carácter adverso, que le genera restricciones a su capacidad de desarrollo, pues el clientelismo político y la corrupción lo capturaron y lo delimitó en torno del cumplimiento de la misión comunitaria.
La reducida capacidad de liderazgo, el bajo nivel de organización, la poca formación académica, las debilidades en la formación en gobierno y el bajo nivel de probidad de sus más importantes gestores, determinaron la mala calidad de su estructura, coherencia y por supuesto, la capacidad de transformarse en interlocutores válidos de la administración gubernamental del orden nacional, regional y municipal.
El balance para el país no ha sido bueno. Al revisar las cifras utilizadas en la investigación se encuentra que los más bajos niveles están en la Costa Atlántica y por supuesto en el Departamento de La Guajira. A nuestro interior el capital social es catalogado como perverso, ya que las acciones políticas y sociales que emprendemos no trascienden la unidad familiar. Somos buenos padres pero somos malos ciudadanos.
Eso lo podemos identificar con las basuras en las playas, calles, andenes, parques y nuestra persistencia en elegir malos gobernantes. Es decir, gobernantes problemas. No nos importan las hojas de vida de los postulados a un cargo por elección popular. Nos importa su dinero de campaña. En la actual coyuntura política, persistimos en ese mismo modelo, imponiéndose el interés personal y el "cómo voy en el viaje".
Una de las consecuencias, es que en La Guajira los grupos políticos son expertos en ganar elecciones y en hacer malos gobiernos. No dimensionan el papel que en la democracia tiene y juega la institucionalidad. Aquí rompemos todos los procedimientos y reglas. Se ganan elecciones independientemente de la capacidad de gobierno y se gobierna administrando situaciones, sin enfrentar sistemáticamente los problemas que por su persistencia se incorporan al paisaje social. Cuando se actúa parcialmente sobre ellos, es porque son urgencias políticas. No se enfrentan de acuerdo a una selección planificada en relación con el valor que tienen para la población.
La cambiadera de alcaldes en Riohacha, Maicao, Dibulla, Hatonuevo y recientemente en San Juan del Cesar, es la más importante demostración que como sociedad carecemos de un proyecto político y del grado de perversidad en que está inmerso nuestro capital social.