Esta decisión marcó un giro frente a la política de diálogo que el Ejecutivo había intentado sostener durante más de un año con los diferentes grupos ilegales.
Durante las últimas semanas, el país registró un incremento de acciones violentas contra la Fuerza Pública, atribuidas principalmente al Clan del Golfo y a las disidencias de las Farc. Estos ataques, que se concentraron en regiones como Córdoba, Bolívar, Valle del Cauca y Cauca, dejaron como saldo al menos 13 policías y 11 militares muertos, y se produjeron en medio de la persistencia de estructuras armadas que han retomado prácticas que décadas atrás buscaron expulsar a las autoridades de zonas estratégicas del territorio.
Frente a este escenario, el Gobierno nacional optó por no extender el cese al fuego con el Estado Mayor Central y retomó las operaciones militares, ordenando bombardeos, acciones terrestres y ataques de artillería.
El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, explicó que los ataques registrados hacen parte de un “plan pistola” que estaría siendo promovido por el Clan del Golfo, una práctica en la que se ofrecen recompensas por atentar contra miembros de la Policía, como ya ocurrió en el pasado con otros grupos criminales.
Aunque inicialmente el Gobierno había planteado un proceso de conversaciones con múltiples actores armados bajo el enfoque de “paz total”, la continuidad de acciones violentas y la falta de compromiso con los ceses de hostilidades derivaron en la reanudación de la ofensiva estatal.
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JEP planteó replantear la estrategia de paz ante
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, propuso replantear la estrategia de paz en el país, a raíz del incremento de hechos violentos en distintos territorios. El pronunciamiento fue hecho durante una sesión solemne conmemorativa de los siete años de creación de ese tribunal de justicia transicional, realizado en Bogotá.
Durante su intervención, Ramelli planteó que era necesario evaluar los resultados y la implementación del Acuerdo Final de Paz, así como el papel de los distintos actores responsables de garantizar el cumplimiento de lo pactado en 2016. Señaló que se mantenía la presencia de grupos armados y estructuras ilegales que seguían generando afectaciones en varias regiones, lo que obligaba a revisar la estrategia general del Estado para enfrentar estas situaciones.
