El Ministerio Público impuso suspensiones, inhabilidades y multas tras comprobar irregularidades en la recolección de datos sensibles durante visitas de la Super Intendencia de Industria y Comercio a entidades públicas.
La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia a varios funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por exceder sus funciones durante visitas administrativas realizadas en marzo de 2024 a distintas entidades del Estado.
Entre los disciplinados se encuentra Francisco Melo Rodríguez, quien para la época se desempeñaba como superintendente delegado para la protección de la competencia. El funcionario fue suspendido e inhabilitado por 12 meses, junto a otros integrantes del equipo comisionado.
Las actuaciones investigadas se llevaron a cabo entre el 12 y el 21 de marzo de 2024 en la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus respectivos fondos rotatorios.
Extracción irregular de información
De acuerdo con la Procuraduría, el grupo de funcionarios y contratistas actuó bajo la figura de “El Despacho” para solicitar acceso a dispositivos móviles personales e institucionales, con el fin de extraer información sensible.
El organismo de control concluyó que esta práctica constituyó una extralimitación de funciones, ya que se utilizó un objeto distinto al de las denuncias iniciales, que estaban relacionadas con presuntas irregularidades en procesos contractuales. Asimismo, advirtió que la obtención de datos incluyó información altamente reservada, como censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales, lo que representa una vulneración a derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data.
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Otras sanciones e implicaciones
La decisión también cobija a otros funcionarios como Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso, quienes fueron suspendidos e inhabilitados por nueve meses.
En el caso de los contratistas involucrados, la Procuraduría impuso multas equivalentes a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de inhabilidades para contratar con el Estado por un periodo de cinco años.
El ente de control señaló que estas actuaciones podrían tener implicaciones graves en temas de reserva legal, especialmente en asuntos relacionados con procesos de extradición, refugio y manejo de información digital sensible.
Finalmente, la Procuraduría precisó que, en caso de que los funcionarios sancionados no se encuentren en ejercicio de sus cargos al momento de ejecutar la sanción, esta se convertirá en una multa económica, sin que se afecte la inhabilidad impuesta.
