El nombre de Jorge Eduardo Pérez Bernier volvió al centro de la conversación en La Guajira; por dos decisiones de altas cortes que avanzan por caminos distintos. Una está relacionada con su libertad inmediata dentro de una condena ya impuesta, y la otra con un proceso penal por un contrato de alcantarillado que sigue en trámite.
En el primer caso, la Corte Constitucional ordenó la libertad inmediata del exgobernador de La Guajira, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso. La decisión dejó sin efecto la orden de captura inmediata incluida en una sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Constitucional aclaró que esta determinación no anula la condena ni significa una absolución. El amparo concedido se limita a la forma como fue ordenada la privación inmediata de la libertad, antes de que la sentencia quedara en firme dentro del proceso penal que ya terminó con condena.
Libertad inmediata no borra condena de veintidós años
Pérez Bernier había sido capturado el 10 de abril de 2025, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 22 años de prisión. La sentencia lo declaró responsable por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado a favor de terceros.
Ese fallo condenatorio está relacionado con el contrato 770 de 2009, firmado durante su administración entre la gobernación de La Guajira y la Unión Temporal del Norte. El objeto era ejecutar obras de infraestructura educativa en varios municipios del departamento, pero el proceso terminó cuestionado por presuntas irregularidades en planeación, ejecución y control.
Según la Corte Suprema de Justicia, el contrato habría sido adjudicado sin estudios técnicos suficientes, sin viabilidad y con fallas de planeación. La investigación también señaló un detrimento patrimonial superior a los 24.000 millones de pesos, además de sobrecostos, obras inconclusas y materiales cobrados que no habrían sido utilizados.
Corte exige justificar una nueva privación de libertad
La Corte Constitucional ordenó a la Sala Especial de Primera Instancia emitir una nueva decisión en un plazo máximo de 48 horas. Esa providencia deberá explicar con argumentos suficientes si resulta necesario mantener privado de la libertad a Jorge Pérez Bernier antes de que la condena quede ejecutoriada.
La libertad del exgobernador deberá hacerse efectiva una vez sea notificada formalmente la decisión, siempre que no exista otra orden judicial vigente en su contra. Esa precisión es importante, porque la Corte separó el debate sobre la captura inmediata del contenido de fondo de la condena penal.
Pérez Bernier ha insistido en su inocencia y en que espera un desenlace justo. Antes de quedar bajo custodia expresó: “Dios es justo. No actué en contra de la ley, fui serio, participativo y honesto. El pueblo de La Guajira sabe que lo único que hice fue trabajar con amor por esta tierra”.
Otro proceso avanza por contrato de alcantarillado
Mientras se discute su libertad en el caso de infraestructura educativa, otro proceso judicial contra Jorge Pérez Bernier continúa por hechos relacionados con el contrato 487 de 2001. Este fue suscrito por el entonces gobernador Hernando Deluque Freyle con la Unión Temporal CV-ICG para obras del Plan Maestro de alcantarillado sanitario de aguas residuales y emisario final.
Ese contrato tenía un valor inicial de 2.119 millones 889 mil 561 pesos y comenzó formalmente el 10 de enero de 2002. Sin embargo, tras varias suspensiones, un acta del 22 de diciembre de 2006 dejó constancia de que la ejecución era del 0%, pese a que ya se había pagado un anticipo del 50%.
En febrero de 2009, Aguas de La Guajira contrató un estudio para la “optimización de diseños existentes de la laguna de oxidación del municipio de Riohacha”. Ese análisis concluyó que el diseño inicial debía modificarse, pasando de nueve lagunas proyectadas a cinco estructuras para el tratamiento de aguas residuales.
Adiciones firmadas en 2010 siguen bajo examen penal
El 2 de diciembre de 2010, cuando Jorge Eduardo Pérez Bernier ejercía como gobernador de La Guajira, se firmaron dos adiciones al contrato 487. La primera amplió el plazo de ejecución por seis meses, mientras la segunda aumentó el valor contractual en 1.577 millones 35 mil 546 pesos.
Con esa adición, el contrato pasó a tener un valor total de 3.696 millones 925 mil 107 pesos. Además, se hizo un nuevo pago al contratista por el 50% del valor adicionado, equivalente a 788 millones 517 mil 773 pesos, bajo el argumento de que los estudios de optimización justificaban los ajustes.
Ese proceso penal se adelanta por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, confirmó el auto 140 del 6 de diciembre de 2023, que resolvió las solicitudes probatorias formuladas durante la audiencia preparatoria.
Dos frentes judiciales con efectos distintos
Con esa decisión, la Corte dejó en firme el debate sobre las pruebas que serán tenidas en cuenta en el proceso relacionado con el contrato de alcantarillado. También precisó que contra esa determinación no proceden recursos, por lo que la actuación continuará bajo las reglas fijadas por la Sala Especial de Primera Instancia.
En contexto, Jorge Pérez Bernier enfrenta dos escenarios judiciales diferentes. En uno, ya existe una condena de 22 años por el contrato 770 de 2009, aunque la Corte Constitucional ordenó revisar la privación inmediata de la libertad. En el otro, avanza un proceso por el contrato 487 de 2001, relacionado con obras de alcantarillado en Riohacha.
Ambos casos mantienen al exgobernador en el centro de la discusión pública en La Guajira. La libertad ordenada por la Corte Constitucional cambia su situación personal inmediata, pero no elimina la condena ni detiene los demás procesos judiciales que siguen su curso ante la Corte Suprema de Justicia.
