En el departamento del Chocó se encuentran vigentes 16 alertas tempranas de carácter regional en las que se advierte el riesgo para la población civil.
Desde la Defensoría del Pueblo se espera que el levantamiento de paro armado en el departamento del Chocó anunciado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se cumpla y que ojalá cesen de manera definitiva todas las acciones que vienen afectando a las comunidades de este departamento.
Según lo aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “esperamos que sea una época en la cual el riesgo para las comunidades disminuya, y que ojalá se convierta en un cese definitivo de hostilidades para avanzar muy rápido en el proceso de paz que el ELN ha iniciado con el Gobierno Nacional”.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reitera su llamado a todos los grupos armados ilegales para que den muestras de paz de manera permanente y que se acojan al llamado que el Gobierno Nacional ha venido haciendo para entablar diálogos de paz y lograr poner fin a décadas de conflicto armado, como lo anhelan todos los colombianos.
Cabe destacar que en el departamento del Chocó se encuentran vigentes 16 alertas tempranas de carácter regional en las que se advierte el riesgo para la población civil, especialmente de 420.000 habitantes de 25 municipios, de los 30 que tiene el departamento. El mayor riesgo para las comunidades del Chocó lo representa el accionar y disputa de la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo.
Igualmente, en el Chocó la Defensoría del Pueblo ha registrado emergencias humanitarias, con corte a 30 de noviembre, en 13 municipios del departamento: Quibdó, Medio Atrato, Sipí, Medio San Juan, Bojayá, Istmina, Bajo Baudó, Alto Baudó, Nóvita, Nuquí, Tadó, Bagadó y Lloró.
Además, desde la Defensoría del Pueblo se han identificado 95 eventos de confinamiento durante 2022, en los que se han visto afectadas 34.114 personas (de 70 comunidades Indígenas y 25 comunidades afrocolombianas).
Así mismo, se han presentado 34 eventos de desplazamiento forzado en los que se han visto afectadas 4.380 personas de 20 comunidades indígenas y 14 comunidades afros.
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