Esta mañana, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, reveló los resultados preliminares de la intervención de las EPS Sanitas, SOS y Nueva EPS. Poco después, la antigua junta directiva de Nueva EPS emitió un comunicado en respuesta a las afirmaciones de la Superintendencia de Salud.
En días previos, Leal había anunciado que la Superintendencia encontró más de 12 millones de facturas en proceso de auditoría, totalizando más de $4.4 billones de pesos en obligaciones no registradas oportunamente en los estados financieros de la EPS. Esto, denominado como "pasivos ocultos", suma un total de $5.7 billones, según la entidad reguladora.
Leal expresó que estas facturas estaban archivadas sin ser procesadas en el sistema, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión financiera y los informes presentados a la junta directiva de la EPS año tras año. Según la Superintendencia, este 'ocultamiento' se llevó a cabo mediante una práctica conocida como 'jineteo', en la cual las facturas de un año eran postergadas y registradas como del siguiente ejercicio fiscal para mantener un equilibrio financiero aparente. Esta táctica se habría utilizado al menos desde 2019, y posiblemente durante años anteriores.
Julio Alberto Rincón, el interventor designado para Nueva EPS, proporcionó una desglose detallado de las facturas no presentadas por año: en 2019 ascendieron a aproximadamente $653.021 millones, en 2020 a unos $8.341 millones, en 2021 superaron el billón de pesos ($1.03), en 2022 se elevaron a más de $2,3 billones, y en 2023 alcanzaron los $1,3 billones.
En el comunicado emitido por la anterior junta directiva de Nueva EPS, se sostiene que durante los períodos de 2019 a 2023, en ninguna de las sesiones ordinarias o extraordinarias, se informó a la junta sobre la existencia de facturas no contabilizadas adecuadamente en los estados financieros de la empresa, mucho menos sobre facturas que suman $5,5 billones.
Asimismo, se asegura que las revisiones fiscales realizadas por Deloitte and Touche y KPMG, junto con los dictámenes y opiniones sobre los estados financieros anteriores a 2023, siempre fueron satisfactorias, sin presentar ninguna reserva sobre la veracidad de los datos financieros proporcionados por la administración a la junta directiva.
Le puede interesar: Reforma pensional genera inquietudes en el gremio empresarial
Además, señalan que los estados financieros del período 2023 fueron presentados a la junta directiva por el vicepresidente financiero en representación de la presidencia de la empresa. Esto llevó a la junta a solicitar explicaciones sobre el estado de la cartera de la empresa y el manejo de las obligaciones pendientes con proveedores, debido a quejas por retrasos en los pagos.
Tras analizar la situación y la información presentada, que reveló pasivos desconocidos hasta ese momento por la junta directiva, relacionados con cuentas médicas que podrían impactar los resultados financieros de la entidad, se exigió explicaciones por el ocultamiento de las facturas. Como respuesta, la junta ordenó la contratación inmediata de una revisoría forense especializada e independiente, así como un informe detallado por parte de la auditoría interna de la entidad.
Posteriormente, en una sesión extraordinaria, la junta directiva decidió no aprobar los estados financieros correspondientes a 2023 y encomendó al entonces presidente de la entidad, Dr. Aldo Cadena, comunicar esta decisión a la Asamblea General de Accionistas, al considerar los estados financieros inaceptables.
Por último, la exjunta directiva de Nueva EPS afirmó de manera contundente que los señalamientos realizados por el Superintendente de Salud, Dr. Luis Carlos Leal, respecto al papel de la junta directiva como negligente y responsable del ocultamiento de deudas en los estados financieros de la empresa, no son verídicos. Además, solicitaron al Superintendente de Salud que corrija sus declaraciones.
La Fiscalía está llevando a cabo una investigación interna en la EPS.