Nuevamente Colombia recibe una condena a nivel mundial arrastrando una larga lista de censuras que lastiman el orgullo nacional y que engrosan la alta cifra de asesinatos en el país, que lamentablemente deja a miles de familias sumidas en un terrible dolor y al Estado colombiano, como actor principal, inerte y sin cumplir con su principal función de proteger la vida de todos los colombianos.
Ahora se conoce que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el secuestro y posterior asesinato del líder indígena Reinaldo José Campos, gobernador de un resguardo indígena del pueblo makaguán en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Este hecho no es aislado; la población indígena colombiano ha sufrido todo clase de violaciones a los derechos humanos, sobre todo a la protección a la vida.
Campos fue privado arbitrariamente de la libertad durante la mañana del lunes y posteriormente asesinado en esa región fronteriza con Venezuela. Este dirigente indígena pertenecía a la Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca, Asocata, donde ejerció como fiscal encargado y presidente, y también era delegado del Mecanismo Especial de Consulta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, del Gobierno.
Hay que seguir insistiendo, no se debe persistir y siempre seguir instando a las autoridades colombianas a investigar de manera pronta y exhaustiva hechos como este, para garantizar justicia y reforzar las medidas de protección para líderes y comunidades indígenas, no solamente en Arauca; sino también, en todo el territorio colombiano, porque esta violencia afecta a todos por igual, ya que persisten graves riesgos para quienes defienden los derechos humanos.
Vale la pena recordar que el pueblo indígena makaguán cuenta con medidas especiales de protección ordenadas por la Corte Constitucional desde 2010, al estar en riesgo de extinción física y cultural, lo que hace aún más urgente la adopción de acciones efectivas para su salvaguarda. Con este terrible hecho, ya son 37 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de 2026, cifra que sin duda hace presencia en forma lamentable, en el alto índice de violencia que vive el país.
Además de lo anterior hay que señalar que el asesinato causa un daño irreparable al proceso organizativo que lideraba Campos y a los derechos colectivos de los pueblos étnicos, que son violados constantemente y no solo por situaciones de seguridad, sino también por las continuas violaciones a sus derechos fundamentales, ante los ojos ciegos y oídos sordos del gobierno nacional, que está más preocupado por otras situaciones.
De acuerdo con información preliminar, el líder indígena había recibido presuntas amenazas de parte del Estado Mayor Central, Emc, la mayor disidencia de las Farc, comandada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.