Cuando el presidente Petro, se posesionó el 7 de agosto de 2022, dijo en su discurso que uno de sus propósitos sería democratizar el crédito agropecuario. Veintidós meses después, ocurrió todo lo contrario.
Es muy preocupante la concentración del crédito agropecuario. Según las estadísticas de Finagro, entre enero y abril de este año, las cifras muestran una gran concentración del crédito. Dese desembolsaron 12,9 billones de pesos, de los cuales el 76% correspondió a grandes empresas, mientras que a los pequeños y medianos productores solo les correspondió el 24% de la torta. En el informe de gestión, dicen que registraron 137.827 operaciones de créditos de 3 millones de pequeños y medianos productores que producen los alimentos en el país. Es decir, dejaron a más de 2.8 millones de productores por fuera del crédito de fomento. También preocupa los pocos recursos de créditos destinados a la inversión en el campo (11%) y la concentración del crédito en capital de trabajo (67%). Por último, alarma el alto crecimiento del 202% de la normalización de la cartera en grandes empresas. La Superintendencia Financiera bebería ponerle la lupa a este dato.
Cuando se instituyó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario en 1.990, la ley 16 ordenó crear el Fondo para el Financiamiento del sector agropecuario, Finagro, con el objeto de irrigar crédito de redescuento barato a los pequeños, medianos y grandes productores del campo. El objetivo era fomentar la inversión en adecuación de terrenos, maquinaria y equipos, sistemas de riego e infraestructura de transformación y almacenamiento de materias primas y alimentos. Desafortunadamente, este propósito no se cumplió. ¿O cómo explicar que, después de 34 años de inyección de millonarios recursos de crédito de fomento, no hayamos sido capaces de crecer el área agrícola, salir de la ineficiencia productiva ni del subdesarrollo rural?
Como pueden ver, el problema no es de plata, sino, de pésimas decisiones en materia de política de crédito agrícola y falta de ejecución. Desde el año 2000, la Junta Directiva del Banco de la República, estableció una inversión obligatoria a la banca privada, a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA. Para este trimestre, la Superintendencia Financiera, estableció un requerido de inversión de 17,4 billones de pesos, y Finagro en vez de buscar nuevos vehículos para colocarlos en el campo, los tienen parqueados en tesorería. Los créditos de redescuento solo alcanzaron el 16% del total de los recursos desembolsados en este primer cuatrienio del 2024. Qué pésima gestión.
Por estas razones, es necesario tramitar un Proyecto de Ley que modifique este ineficiente y costoso sistema de crédito agropecuario. No tiene sentido encarecer la plata a través de una vuelta innecesaria por Finagro. El Banco de la República y La Superintendencia financiera, pueden operar la inversión forzosa directamente, estableciendo a la banca unos montos, tasas de interés y cupos de respaldo de Garantías.
Con estas medidas, el Estado, garantiza un sistema de crédito agropecuario con mayor cobertura, eficiencia y barato. Finagro y el FAG, deben fusionarse con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, FNG, para constituirse en un gran Fondo de Inversión Pública, para capitalizar y apalancar proyectos agroindustriales estratégicos.