Nunca han dejado de asombrarme los poderes persuasivo y disuasivo de la superstición, que no religión, comoquiera que tales han determinado la conducta humana en distintos momentos de la historia, y en tan variados niveles y personas. Es al menos curioso, por ejemplo, que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de Indias, a diferencia de sus homónimos de México y Lima, cesara en sus funciones dos años después de declarada la independencia de España en lo que hoy es Colombia, o sea, en 1821. En los otros dos casos mencionados, los respectivos tribunales de la Inquisición dejaron de juzgar la ortodoxia de la fe católica en 1820, esto es, incluso un año antes de la fecha de consolidación de sus independencias, que en ambos casos fue en 1821.
Claro que la explicación del caso colombiano seguramente estará en la naturaleza gradual, de geografías parciales y de influencias casi accidentales del proceso independentista, que era eso: un proceso. Pero, en este aspecto, la emancipación nacional no tuvo raíces opuestas a lo que sucedió en las independencias de México y Perú, pues la transición entonces vivida por aquí no era sino reflejo de lo que venía pasando en Europa; concretamente, de lo que venía pasando entre Francia y España. Así, cuando Napoleón Bonaparte dictó en 1808 los Decretos de Chamartín en una Madrid humillada, y con ello pasó a abolir el Santo Oficio en las posesiones americanas de España, los tres tribunales permanentes sufrieron simultáneamente la primera de sus desapariciones formales.
Existieron aboliciones posteriores, luego de restablecimientos de la Colonia moribunda, de este poder de la Iglesia católica de la época; institución que, dicho sea de paso, se decantaba, para obtener las confesiones de herejía en sus asuntos, por aquel recinto llamado “sala de tormentos”, un medio probatorio algo más humanizado que las ordalías europeas de toda la vida. Intuyo, como nacido del estío, que, en el caso de Cartagena, las confesiones habidas debieron de darse mediando el bochorno de la dicha endemoniada sala, antes que por el tormento mismo. Sea como fuere, debe agregarse que a lo mejor Napoleón tenía razones de peso para mandar a cerrar los tribunales de la fe católica en América, pues hasta aquel inicio del siglo XIX hubo piratas, y los había franceses.
Puede que, indirectamente, el emperador estuviera protegiendo a sus muchachos de alta mar, enemigos de los británicos. Tal vez: en particular, el Tribunal de la Inquisición de Cartagena, a metros del mar Caribe, procesó y condenó a no pocos corsarios europeos, ya por herejes (es decir, solo por no ser católicos), ya porque, una vez abjurados, la sanción religiosa les resultaba mejor que otras (cuestión de estrategia jurídica). Ese tribunal cartagenero estuvo en funciones hasta 1821, un año más que la Real Audiencia de Santa Fe, el máximo tribunal de justicia del Virreinato de la Nueva Granada, que en 1820 también terminó por desaparecer en la ciudad amurallada (de “espantosa miseria”, según es citado un fiscal vasco del tribunal ordinario), y no en su sede natural en La Candelaria, adyacente a la plaza de Bolívar de Bogotá. La superstición fue más fuerte que la guerra.
Columna: Toma de Posiciones
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